Yesenia Martínez Loredo
Expediente 539/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yesenia Martínez Loredo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista certificación que antecede...causa ejecutoria sentencia...archívese el presente expediente como asunto concluido...Devolución constancias Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos.Notifíquese
- Principal
Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese.
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trece de noviembre de dos mil veinte SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del expediente 539/2020-9 promovido por Yesenia Martínez Loredo, a través de su apoderado Buenaventura Loredo Montalvo, contra actos de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Yesenia Martínez Loredo, a través de su apoderado Buenaventura Loredo Montalvo, por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital del mismo nombre, turnado el veinticuatro del referido mes y año, promovió demanda de amparo contra los actos reclamados a las autoridades siguientes: ". AUTORIDAD RESPONSABLE: El Magistrado Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La resolución de fecha 2 -dos- de Julio de 2020, dictada con motivo del Recurso de Queja que promovió el Abogado autorizado de YESENIA MARTÍNEZ LOREDO contra la deficiente ejecución de la sentencia del juicio de nulidad número 1263/2016-3, mismo que se instó en contra de los que aquí tienen el carácter de tercero interesados." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y citó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos, 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, la titular del juzgado, admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 539/2020-9; requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención legal que en derecho compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; y seguido el trámite de ley, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, y en dicho ámbito tuvieron ejecución. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Es un hecho de dominio público que derivado de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus COVID-19, los plazos procesales fueron suspendidos el diecisiete de marzo de dos mil veinte, acorde con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se determinó que los plazos procesales serian reanudados a partir del tres de agosto de dos mil veinte. En ese orden, la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el veintidós de julio de dos mil veinte (foja 397, cuaderno de prueba por separado), el primer día hábil posterior a la suspensión detallada en párrafos anteriores, fue el tres de agosto de dos mil veinte, fecha en que inició el plazo de quince de días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la promovente presentara la demanda de amparo; el cual feneció el veintiuno del propio mes y año.Entonces, si el libelo constitucional se presentó el veintiuno de agosto de dos mil veinte, o sea, quince días hábiles posteriores, al en que se levantó la suspensión de plazos, es inconcuso que se promovió dentro del lapso legal. TERCERO. Precisión de actos. Conforme con lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos de autoridad reclamados son: Del Magistrado Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte, relativa al recurso de queja interpuesto por Gabriel Escalante Mares, autorizado de la parte actora Yesenia Martínez Loredo, en contra de los actos del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por exceso en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad 1263/2016-3. CUARTO. Acto existente. Es cierto el acto reclamado del Magistrado Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pues así lo aceptó al rendir su informe de ley (foja 33) Certeza corroborada con las copias certificadas del expediente 1263/2016-3, que remitió la sala responsable como justificación del acto reclamado, que constan en un cuaderno de prueba por separado; documental con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causas de improcedencia. Quien hoy resuelve, de oficio, advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Los artículos citados establecen que el juicio de amparo indirecto, únicamente procede contra actos de tribunales judiciales, dictados en la etapa de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al tratar los actos emitidos en ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual se define o entiende como: 1. Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado 2. Aquélla que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia. 3. Aquélla que ordena el archivo definitivo del expediente. Esto es, la resolución con la que concluye el procedimiento previsto en la ley que corresponda, para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Aes así, porque es hasta que se promueva el amparo contra la resolución con la que concluye el procedimiento de ejecución de sentencia, que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, el juicio de amparo será procedente contra las resoluciones con las que concluyan los procedimientos previstos en las leyes que correspondan para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. No obstante, existen casos de excepción en los que no hay que esperar al dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia para promover el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, a saber: 1. Cuando se reclaman actos de imposible reparación 2. Cuando los actos reclamados afectan a personas extrañas... Sentado lo anterior, en el caso, el acto reclamado es la resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte, relativa al recurso de queja interpuesto por Gabriel Escalante Mares, autorizado de la parte actora Yesenia Martínez Loredo, en contra de los actos del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por exceso en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad 1263/2016-3. Los puntos resolutivos de la referida determinación son: ". PRIMERO. Esta Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, resultó competente para conocer y resolver el presente Recurso de Queja. SEGUNDO. Resultaron parcialmente fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, de acuerdo a los razonamientos y para los efectos precisados en el Considerando Tercero de esta Sentencia. TERCERO. Requiérase a las autoridades demandadas y vinculadas al cumplimiento, para que dentro del término de 24 veinticuatro horas, contadas a partir del siguiente hábil de aquél en que surta efectos la notificación de esta interlocutoria, den cumplimiento debido al fallo e informen sobre su cumplimiento, dentro del mismo término. CUARTO. Con copia autorizada de esta resolución, notifíquese personalmente a la actora y por oficio a las autoridades demandadas." (Fojas 387 a 396, cuaderno de prueba por separado). En el caso, es inconcuso que el expediente administrativo 1263/2016, del cual deriva el acto reclamado, está en la etapa de ejecución de sentencia. Luego, los artículos 99 a 101 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, aplicada al juicio natural, prevén la etapa de ejecución de sentencia, cuyo desarrollo procesal es el siguiente: El tribunal administrativo, al causar ejecutoria la sentencia, requerirá a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de diez días cumplan con dicha sentencia. Si dentro del plazo señalo, las autoridades no cumplen con la sentencia, el tribunal de oficio o a petición de parte, las requerirá para que cumplan con dicho mandato dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de multa. En caso de incumplimiento, el requerimiento se hará por conducto del superior jerárquico. En caso de incumplimiento, el servidor público responsable del cumplimiento podrá ser destituido. Cuando la naturaleza del acto lo permita, y de no ser necesaria la intervención de la autoridad demanda, el tribunal podrá realizar el cumplimiento en rebeldía; de lo contrario, y de ser procedente, el actor podrá solicitar el pago de daños y perjuicios. De igual forma, el artículo 119, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, prevé la procedencia del recurso de queja en por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Asimismo, los artículos 120, 121, y 122, de la referida ley administrativa, establecen el trámite y efectos de la resolución de la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecución de la sentencia. En caso de declarar fundado el recurso, nuevamente requerirá a la autoridad demandada para que dentro del plazo de veinticuatro horas cumpla con la sentencia, bajo apercibimiento de incoar en su contra el procedimiento de incumplimiento, que puede concluir con la destitución del servidor contumaz. Con base en lo expuesto, se obtiene la Ley de Justicia Administrativa del Estado, aplicable al caso dilucidado en el juicio natural, prevé un procedimiento de ejecución de las sentencias. Asimismo, determina el trámite a seguir tanto por la autoridad administrativa jurisdiccional, como por el actor, para lograr su cumplimiento, a través del dictado de una resolución que defina tal tópico. En ese sentido, en el acto aquí reclamado, la sala administrativa no emitió pronunciamiento respecto de lo siguiente: 1. Aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado. 2. Declarado la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia; o 3. Ordenado el archivo definitivo del expediente. Por el contrario, al considerar que las autoridades demandadas no dieron debido cumplimiento al fallo dictado en el juicio natural, las requirió, conforme a la ley aplicable, para que satisficieran la pretensión resuelta en sentencia firme. Por ende, es inconcuso que la resolución reclamada, forma parte de la ejecución de sentencia del expediente administrativo de origen, como se anticipó, la instancia constitucional es improcedente al no tratarse de la última resolución en dicha etapa, porque en ella no se aprobó ni reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia, ni el archivo del expediente. Sentido del fallo Con base en lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente litigio constitucional, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la normativa en cita. Ante el sobreseimiento decretado los conceptos de violación expresados en el libelo son inatendibles, pues la actualización de la causa de improcedencia, impide analizar la cuestión que se planteó... Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, 63, 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 539/2020-9, promovido por por Yesenia Martínez Loredo, a través de su apoderado Buenaventura Loredo Montalvo, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos el último considerando de la sentencia. Notifíquese personalmente...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de trece de noviembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 539/2020-9, promovido por por Yesenia Martínez Loredo, a través de su apoderado Buenaventura Loredo Montalvo, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos el último considerando de la sentencia. Notifíquese personalmente...
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