Yesenia Martha Teran Licona
Expediente 517/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2017
Partes del expediente
- Yesenia Martha Teran Licona
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que devuelve el original del juicio de amparo 517/2017, solicitando el acuse de recibo. Asimismo, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad, en la queja 135/2017 interpuesta por Yesenia Martha Terán Licona en la que determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los autos para debida constancia y con transcripción del presente proveído, acúsese recibo correspondiente. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlas en autos, dado que sus originales obran en el juicio, en consecuencia, se ordena su destrucción. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se apertura incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del comunicado 1106-II, al que se adjuntó el original del presente juicio de garantías, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, quedando registrado bajo el número 135/2017. Al efecto se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda.CÚMPLASE. ...
- Principal
En dos de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez, con el ocurso registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el folio 7771. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de junio de dos mil diecisiete. Visto, el libelo de cuenta suscrito por la parte quejosa Yesenia Martha Terán Licona, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de diecinueve de mayo del presente año, emitido dentro de los autos del presente juicio de amparo, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa. Al efecto se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la quejosa. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución motivo de la misma, en virtud de que el diecinueve de mayo de este propio año, en autos del juicio de amparo indirecto 517/2017, se desechó la demanda de amparo promovida por Yesenia Martha Terán Licona. Remítase de inmediato el original y dos copias del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Refugio Noel Montoya Moreno, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ante Jorge Ariosto Velázquez Avendaño, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que esa superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que adjunta, y remite el oficio SECJ/6089/2017, signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta localidad, por el cual rinde informe justificado, adjunta original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Yesenia Martha Teran Licona, adjuntó el expediente 77/2013 en un tomo, cuadernillo de amparo, copia certificada en un tomo, oficios 6089/2017, 6082/2017 y 6084/2017. Al efecto, acúsese recibo de estilo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que el impetrante de amparo señala como acto reclamado: La resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 77/2013, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. En atención a lo anterior, oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto a la referidas quejosa. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido a la quejosa Yesenia Martha Teran Licona, pues éste resulta ser: la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 77/2013, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas; acto que incuestionablemente le causa un agravio a la referida impetrante. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que la agraviada se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Por las razones que la informan resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Aquí debe aclararse que la impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto que por esta vía se combate, desde cuando menos, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por las consideraciones que a continuación se vierten. De los autos del juicio de amparo 182/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se trae como hecho notorio de conformidad en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido por su artículo 2; se advierten los siguientes antecedentes: En proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por la quejosa Yesenia Martha Teran Licona, la cual se registró con el número 1953/2015, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Seguida la secuela procesal, el veinte de enero de dos mil dieciséis, este órgano dictó la sentencia constitucional relativa al referido juicio, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la quejosa Yesenia Martha Teran Licona. La sentencia en cuestión causo ejecutoria el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, por lo que se requirió al Juez responsable el cumplimiento respectivo. En consecuencia, el Juez de la causa, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, en resolución de veinticuatro de febrero siguiente, dejó insubsistente la diversa de trece de julio de dos mil quince, y en su lugar, declaró fundado el procedimiento de responsabilidad administrativa 77/2013; el cual informó a este órgano jurisdiccional mediante oficio SECJ/6050/2016. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, se dio a vista a la quejosa con el referido cumplimiento, el cual se les notificó por medio de su autorizado el veintiséis del mes y año en mención; por lo que en auto de siete de marzo siguiente, no se tuvo cumplido el fallo protector y se le requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la misma. En acuerdo de diez de marzo de dos mil dieciséis, se dio a vista a la quejosa con el referido cumplimiento, el cual se les notificó por medio de su autorizado el once del mes y año en mención; por lo que en auto de dieciocho de marzo siguiente, se tuvo cumplido el fallo protector; además, en dicho auto se precisó el cambio de número del juicio de amparo quedando con el número 182/2016, por la nueva denominación a este juzgado. En proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional admitió el recurso de revisión interpuesto por la citada quejosa contra el proveído de dieciocho de marzo de ese mismo año, una vez notificadas las se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Vigésimo Circuito, lo cual aconteció el dos de mayo siguiente. Mediante resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dicho órgano colegiado en el recurso de inconformidad 30/2016, de su índice, resolvió fundado el recurso interpuesto por la quejosa; por ello, este juzgado en acuerdo de quince de ese mes y año, requirió a la responsable su cumplimiento. En auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado dio a vista a la quejosa con el referido cumplimiento, el cual se les notificó por lista el veintinueve del mes y año en mención; por lo que en siete de septiembre siguiente, se tuvo cumplido el fallo protector. En acuerdo de once de octubre de dos mil dieciséis, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la citada quejosa contra el proveído de siete de septiembre de ese mismo año, una vez notificadas las se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Vigésimo Circuito, lo cual aconteció el veintiuno de octubre siguiente. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, el citado órgano colegiado en el recurso de inconformidad 57/2016, de su índice, resolvió infundado el recurso interpuesto por la quejosa. De ahí, que este órgano jurisdiccional, como hecho notorio advierta que Yesenia Martha Teran Licona, contrario a lo afirmado en su escrito de demanda tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia, desde cuando menos el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, fecha en surtió efectos la notificación del veintinueve de ese mismo mes, en el que se le dio vista con la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la autoridad responsable, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 77/2013 (acto reclamado por la mencionada quejosa), en cumplimiento al recurso de inconformidad 30/2016, del índice Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Vigésimo Circuito. En ese tenor, si la quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde cuando menos el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dicho acto ya le es aplicable el término de quince días establecido en el referido numeral 17, de conformidad con sustentado por nuestro máximo tribunal. Por lo que la quejosa tenía quince días hábiles a partir de esa data para combatir el acto que ahora reclama, pues fue la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo, ante la vista otorgada por este órgano jurisdiccional. En efecto, el término para presentar la demanda de amparo, inició el treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de esa anualidad, sin contar los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de la Amparo, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, dado que la solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el tres de mayo de dos mil diecisiete, fecha en que presentó su demanda de amparo, ante la autoridad responsable, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Luego, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis implica un consentimiento tácito por parte de la quejosa Yesenia Martha Teran Licona, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de sustento a lo anterior, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías promovida por promovida por la quejosa Yesenia Martha Teran Licona, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que mencionada en su escrito de demanda; y en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo del citado ordenamiento legal, se tiene coma autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Antonio Gil Villalobos, Jorge Gamboa Borraz, Leydi Ruth Jiménez Tondopo y Fernando Noe Gamboa Meza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS. Por último, se faculta al Secretario para firmar los oficios correspondientes.
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