Yesenia Lucía Carrillo Estrada

Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
391/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia, Con Sede En San Blas, Nayarit
  • Yesenia Lucía Carrillo Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada al resto de las partes para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Archivo. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; por lo que, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Cuaderno incidental. No se hace pronunciamiento alguno respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. Devolución de constancias. Al ser innecesarias la retención de las constancias de prueba remitidas por la responsable, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia de San Blas, Nayarit, el legajo de constancias relativas al expediente 31/2021 de su índice, consistente en un legajo. VISTA CAMBIO DE TITULAR. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    16187quince de abril de dos mil veintiuno En Tepic, Nayarit, a las once horas con treinta y un minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa asistida con la secretaria Consuelo Elena Laborie Alarcón que da fe, procede a celebrar la audiencia prevista por el numeral 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: escrito de demanda; auto de cinco de abril de dos mil veinte que proveyó sobre su admisión; constancia de notificación a la parte quejosa, a la tercera interesada, a la Delegación Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable. Así como las demás constancias que forman parte del sumario, sin que sea necesario que se plasmen más datos de éstas, y que por ese motivo se irrogue perjuicio a las partes, pues en caso de invocarlas en el fallo constitucional, ahí se hará la correspondiente descripción. Como apoyo de lo anterior, se cita la Tesis 2a. XLVI/98, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, con número de registro 196531, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU FALTA DE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, POR SÍ SOLA, NO CAUSA AGRAVIO A LAS PARTES. El artículo 155 de la Ley de Amparo impone al Juez de Distrito la obligación de que, al celebrar la audiencia constitucional, observe el siguiente orden: reciba las pruebas, los alegatos y el pedimento del Ministerio Público Federal y, finalmente, dicte el fallo correspondiente, pero no lo constriñe a relacionar, formal y expresamente, en particular, cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, situación que, por sí misma, no les podría causar agravio alguno ni las dejaría en estado de indefensión, lo que solamente podría presentarse si las pruebas fueran valoradas indebidamente o no fueran tomadas en consideración al sentenciar, lo que sí sería violatorio del precepto citado.". Además, se da cuenta a la secretaria en funciones de juez con un escrito con registro 16187. A lo anterior, la secretaria en funciones de juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Agustín Aquino Catarino, representante especial de la menor de edad C. M. V. C., mediante el cual realiza manifestaciones a manera de alegatos; en consecuencia, se tienen por formuladas las expresiones que hace valer el promovente, de conformidad con el dispositivo 124 de la Ley de Amparo Acto continuo, se abre la etapa probatoria, contándose con las documentales allegadas por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de San Blas, Nayarit, al rendir su informe justificado. A lo anterior la secretaria en funciones de juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su naturaleza las pruebas documentales relacionadas con antelación. Se cierra la etapa probatoria. Se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló el alegato ministerial 245/2021 y los de Agustín Aquino Catarino, representante especial de la menor de edad C. M. V. C. La secretaria en funciones de juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de cuenta, para los efectos procedentes, con lo que se cierra la fase de alegatos, sin pruebas que desahogar ni promoción pendiente de acordar, la Juez procedió a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 391/2021, promovido por Yesenia Lucía Carrillo Estrada, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en San Blas, Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Yesenia Lucía Carrillo Estrada demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión. En auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se radicó el expediente número 391/2021, se admitió la demanda de amparo se pidió a la autoridad responsable el informe justificado, se ordenó emplazar a la tercera interesada, designar a un representante especial para el menor identificado con las iniciales C.M.V.C. y se dio la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Audiencia constitucional. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, acorde a lo establecido en los artículos 103 fracción I, y 107 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama un acto de naturaleza a una autoridad jurisdiccional en materia civil con residencia en San Blas, Nayarit, en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia, además de que la demanda se presentó en esta localidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y jurisprudencia que bajo el número 69 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio, es el siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia en San Blas, Nayarit: - El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de controversias de orden familiar (guardia y custodia) 31/2021, por el cual se requirió a la actora, aquí quejosa, Yesenia Lucía Carrillo Estrada, para que en tres días reintegrara a su hijo menor de edad identificado con las iniciales C.M.V.C. a la demandada Josefina Contreras Hernández apercibida que de no hacerlo se le impondría una multa, por haberse otorgado a ésta la guarda y custodia provisional; asimismo, que no había lugar a proveer de conformidad en relación con la solicitud de la medida de protección solicitada por la actora. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Mixto de Primera Instancia en San Blas, Nayarit, al rendir el informe justificado, reconoció la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con las documentales que acompañó, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que se tiene plenamente probada la existencia del acto impugnado. CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, aquellas cuya actualización se advierta de oficio, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Es aplicable al respecto, la jurisprudencia J/5 emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El referido artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En tal entendido, ahora es conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del caso en análisis, a fin de verificar si tales supuestos están colmados. Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo al informe justificado, valoradas en términos del considerando tercero, se advierte: I. Que la aquí quejosa Yesenia Lucía Carrillo Estrada demandó de Josefina Contreras Hernández, la guarda y custodia respecto del menor de edad identificado con las iniciales C.M.V.C. II. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia en San Blas, Nayarit, admitió la demanda, ordenó emplazar a la demandada y designó un tutor dativo al menor de edad. III. El cinco de febrero de dos mil veintiuno, las partes suscribieron un convenio en relación con la custodia y la convivencia del menor con su madre. IV. No obstante, por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la actora solicitó una medida de protección a favor de su hijo menor de edad y que se otorgara a su favor la custodia provisional del menor de edad por ser su madre, lo que se acordó el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, desfavorablemente. El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. V. Sin embargo, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez responsable decretó a favor de Yesenia Lucía Carrillo Estrada la custodia provisional del menor de edad identificado con las iniciales C.M.V.C., estableció un régimen de convivencia entre éste y la demandada y dejó sin efecto el convenio de cinco de febrero de dos mil veintiuno. En este apartado es necesario precisar, que al constatarse que la autoridad responsable decretó la custodia provisional del menor de edad identificado con las iniciales C.M.V.C. a favor de su madre, estableció un régimen de convivencias entre el menor de edad y la demandada y dejó sin efectos el convenio de cinco de febrero de dos mil veintiuno y el acuerdo reclamado en esta instancia constitucional; luego, resulta indudable que con tal actuar, se satisfacen los requisitos - antes anotados -, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, porque respecto del primero de los elementos señalado en el inciso a (que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado) con el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el que se decretó a favor de Yesenia Lucía Carrillo Estrada la custodia provisional del menor identificado con las iniciales C.M.V.C., estableció un régimen de convivencia entre éste y la demandada y dejó sin efecto el convenio de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno. En torno al segundo de los elementos (que con ese actuar se destruyan todos sus efectos) al emitir ese acuerdo se destruyeron todos los efectos del acto reclamado, pues restituyó a la quejosa en el uso y disfrute del derecho violado que se estimó vulnerado. Finalmente, en lo concerniente al tercero de los elementos (como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella) las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, ya que la parte quejosa logró que la autoridad responsable subsanara la irregularidad que destacó en esta instancia constitucional, al dictar el acuerdo relativo a la custodia provisional del menor afecto a la causa. Máxime que el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por virtud del cual el juez responsable decretó a favor de Yesenia Lucía Carrillo Estrada la custodia provisional del menor de edad identificado con las iniciales C.M.V.C., estableció un régimen de convivencia entre éste y la demandada y dejó sin efecto el convenio de cinco de febrero de dos mil veintiuno, se emitió con posterioridad a la demanda de amparo (veintinueve de marzo de dos mil veintiuno) de ahí que sin duda este acuerdo dejó sin efecto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Así, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquiera otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que en tal acontecer lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, en relación al acto reclamado en estudio, términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yesenia Lucia Carrillo Estrada, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable. NOTIFÍQUESE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 13496

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido comunicado de cuenta suscrito por el ********************, con sede en San Pedro Lagunillas, Nayarit, mediante el cual informa que no se cuenta con juicio sucesorio testamentario o intentamestario, a nombre del quejoso Maximino Meza Guerrero; al respecto, únicamente agréguese el libelo de cuenta para que obre como corresponda dado que mediante proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, entre otras cosas, se tuvo al ********************, con residencia en esta ciudad, informando tal situación.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el oficio enviado vía correo electrónico institucional por el ********************, a través del cual, adjunta el diverso libelo por el que comunica que se designó como representante especial del menor identificado con las iniciales ********************, al Asesor Jurídico Federal ********************; de igual forma, proporciona como contacto del referido licenciado, la dirección de correo electrónico agustin.aquino.catarino@correo.cjf.gob.mx. En consecuencia, téngase a dicha institución pública federal designando como representante especial al referido asesor jurídico, quien puede ser notificado en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes, número 866 (ochocientos sesenta y seis) poniente, esquina con calle Bucerías, colonia Huerta Residencial de esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se tiene al referido profesionista como representante de la incapaz en cita, por lo que deberá ser requerido vía electrónica o correo institucional para que en el término de tres días, siguientes al en que sea notificado del presente proveído manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, si tiene algún impedimento o motivo de excusa, conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de La Ley Federal de Defensoría Pública y, en su caso, acepte y proteste el cargo conferido. Lo anterior, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la autoridad oficiante, en el sentido de que con anterioridad remitió a este órgano jurisdiccional el oficio de designación que se atiende; sin embargo, el mismo no obra en el presente sumario. Notifíquese en los términos precisados.

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