Yesenia Arzabal Barrera
Expediente 758/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yesenia Arzabal Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS, contados a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en su escrito de demanda, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a la restante parte.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS, contados a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en su escrito de demanda, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Boca del Río, Veracruz; y en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su correspondiente informe justificado, sin que haya lugar a dar vista a las partes por los motivos que a continuación se expondrán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable la documental que en copia certificada anexa al oficio de cuenta. Documental que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo 2°. Ahora, de la revisión de la referida documental que en copia certificada remitió la autoridad oficiante, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente sumario constitucional. Para justificar lo antes precisado, la causa de improcedencia consistente en cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha rendido su correspondiente informe con justificación, no obstante de encontrarse debidamente notificada. Entonces, al no obrar en este expediente el informe justificado aludido, tampoco obran las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado. Ante ese panorama, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que remita en copias certificadas, de forma íntegra, legible y debidamente cotejada, la totalidad de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, en específico, todo lo actuado en el expediente laboral 65/X/2016 de su índice. Lo que deberá realizar dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, o bien no informe el impedimento que para tal efecto exista, se le aplicará una multa de cien Unidades de Medida y Actualización en su valor diario, de acuerdo con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; de conformidad de conformidad con lo dispuesto en el precepto 260, fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Tiene apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia P./J.17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, visible en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo antes precisado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fija como hora y fecha para su verificativo las diez horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las restantes partes.
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