Yesenia Alfaro Pascual

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Yesenia Alfaro Pascual

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta. Téngase a la oficiante devolviendo diligenciado el exhorto 44/2021-V (orden 99/2021) del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. De su contenido, se advierte el diecinueve de abril del año en curso, la quejosa ********** fue notificada personalmente del acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno -por el que se desechó la demanda de amparo-. Ahora, tomando en cuenta la impetrante señaló como domicilio en donde oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, téngansele las mismas para dichos efectos con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se declara que el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno (referido en líneas precedentes) ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido... Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta. Téngase a la signante acusando recibo del exhorto 44/2021-V (orden 99/2021), emitido en acatamiento a lo acordado en auto de seis de los corrientes, a efecto de notificar a la parte quejosa del mismo. Estese a la espera de su devolución para acordar lo que legalmente corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de abril de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del 1. Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 250/2021-V. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda se advierte el acto reclamado consiste en: - La orden de traslado de la quejosa del Centro de Reinserción Social "Zamora" en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al diverso Centro de Reinserción Social "La Toma" en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Ejecutada el trece de febrero de dos mil veintiuno. De los antecedes se aprecia que la impetrante se encuentra sentenciada en la causa penal 222/2011 del índice del 1. Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahora, antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estipulan: "Capítulo V. Traslados. Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y. Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De la interpretación de los preceptos invocados, se obtiene que el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas sujetas a prisión preventiva, y sentenciadas deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado, disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-, establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de la persona sentenciada en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. El segundo supuesto -traslado involuntario-, instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación. Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la resolución judicial de mérito a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control -en este caso el de proceso- o de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control -o del procedimiento- quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. No pasa desapercibido que en el presente, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al 1. Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, respecto de la causa penal 222/2011. Sin embargo, la orden de traslado combatida la atribuye tanto a dicho Juez, como a autoridades administrativas -ordenadoras y ejecutoras- mismas que materializaron el traslado correspondiente. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto es la contemplada por el arábigo 61, fracción XX de la Ley de la materia, que establece el juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda en comento, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria, para que la orden de traslado atribuida a las autoridades responsables administrativas, sea recurrida, y en su caso confirmada o revocada. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el Juez (1) en el proceso penal 222/2011 para que, en su caso, sea confirmada, modificada o revocada. En términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de ser emitida por el Juez señalado como responsable, de conformidad con el artículo 131 de la normatividad recién citada, podrá recurrirla en apelación ante el Tribunal de Alzada correspondiente para revisión que puede ser confirmada, modificada o revocada. Legislación aplicable tanto al sistema penal acusatorio como del tradicional, como se desprende de sus artículos tercero y cuarto transitorios. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualiza la causal a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, la prevista por el arábigo 61, fracción XX de la Ley de la materia. No es ocioso decir que la disposición legal -artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal- es uno de los fundamentos que se tomó en consideración al emitir el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, para su modificación en el artículo 48, fracción IX a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno. Ahora, no es ajena la circunstancia que en su escrito inicial, la quejosa asentara la presentación del amparo directo. Al respecto, sería ociosa la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno. Tomando en consideración el acto reclamado no actualiza supuesto alguno de procedencia en términos del numeral 170 de la ley de la materia. Máxime que el hecho de haber presentado su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Boca del Río, supone la tramitación del asunto como amparo indirecto, a pesar de la imprecisión en la denominación de la vía correspondiente. Tampoco obsta la impetrante refiriera que, durante el traslado, las autoridades correspondientes adoptaron actitudes de prepotencia y violencia, que afectaron su dignidad humana y pudieran incidir en su salud mental física. De ahí que sea necesaria la apertura de una investigación ministerial. Respecto a este supuesto, refiérase a la promovente tiene a salvo sus derechos para denunciar los hechos aludidos ante la autoridad ministerial por la posible comisión de algún delito. Sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, tomando en consideración dichas afectaciones acontecieron al momento en que se materializó el traslado correspondiente y no señala actualmente esté sometida a actos de incomunicación, tortura, peligro a la vida o algún otro prohibido por el numeral 22 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por medio de exhorto a la quejosa.

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