Yesenia Abigail Pérez Jiménez

Expediente 407/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
407/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Yesenia Abigail Pérez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del juicio de amparo 407/2019-V y sus anexos y se informa que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional, quedando registrado bajo el consecutivo 152/2019-II-A. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 407/2019-V, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, que remite la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al que acompaña el informe justificado rendido por la autoridad responsable, la demanda de amparo promovida por Martín Pérez Hidalgo, apoderado legal de la directamente agraviada Abigail Pérez Jiménez, contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el duplicado del causa penal 17/2018, en dos tomos (unido al segundo tomo el toca penal 504/2018), mismos que se dejan por separado y a disposición de las partes, de conformidad con el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para procurar el fácil manejo del expediente; así como un legajo donde se encuentran los emplazamientos de los terceros interesados; fórmese y regístrese el expediente respectivo bajo el consecutivo 407/2019-V. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Examinada la demanda de cuenta, conforme con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer del referido líbelo constitucional, conforme con las consideraciones siguientes. El aludido precepto legal establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo transcrito se pone en evidencia que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, en el caso del juicio de amparo, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé tres supuestos básicos para que los Jueces de Distrito conozcan de un juicio, a saber. 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. En la especie, el acto reclamado es la resolución dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el siete de enero de dos mil diecinueve en el toca penal 504/2018, a través de la cual se modificó la resolución por la que se dictó auto de libertad a favor de la aquí tercero interesada por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho en la causa penal 17/2018, instruida por el delito de fraude específico, al considerarse que se actualizó la figura de la cosa juzgada en su beneficio. Luego, en el acto reclamado la Sala responsable modificó el auto de término constitucional y decretó la libertad de la quejosa con las reservas de ley y sin perjuicio de que por nuevos datos de prueba se procediera nuevamente en su contra. Ahora, dadas las características y naturaleza del acto que por esta vía se reclama, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el punto 1, ya que la resolución que se impugna requiere ejecución material, por lo que el juez competente para conocer del amparo que en su contra se promueva, será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado. A efecto de establecer la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de la demanda de amparo promovida contra la resolución que modificó el auto de libertad reclamado, debe atenderse al aspecto relativo al lugar en donde tiene verificativo su ejecución. Al respecto, por identidad de razón jurídica, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, que el juez de amparo competente para conocer del auto de formal prisión, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues, es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido, en tanto que considerar lo contrario desfavorece la intención de preservar la unidad, la concentración y, por ende, la seguridad jurídica de los procesos penales. En este sentido, es menester precisar que los efectos de una resolución de término constitucional, emitida por un tribunal de alzada residente en un lugar distinto de aquél en el que ejerce jurisdicción el juez de la causa penal al modificar el auto de libertad dictado por este último, para otorgar dicha libertad bajo las reservas de ley, lo que conlleva a que eventualmente se pueda proceder nuevamente en contra de la inculpada, necesariamente se trasladan de manera directa al proceso y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión. Lo anterior cobra relevancia y aplicación en el caso, porque el auto de libertad con reservas de ley decretado en el proceso, por considerar que no se actualizó la figura de cosa juzgada en favor de la inculpada, conlleva como efecto inmediato que se pueda proceder nuevamente en su contra, es decir, que quede sometida al proceso nuevamente, de tal manera que con ello se evidencia que los efectos del acto reclamado se trasladan de manera directa a la causa penal. Por ende, si el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, conoce de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, entonces la ejecución del mismo ocurrirá en dicho municipio. Entonces, si el acto que se reclama tiene ejecución material en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por ende, esta juzgadora carece de competencia legal para conocer y resolver este juicio constitucional. Consecuentemente, procede declinar competencia al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí en turno, con residencia en el municipio de Ciudad Valles. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, esta juzgadora, de plano declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por lo que deberá remitirse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, para que a su vez se sirva turnarlo al Juzgado correspondiente. Por tanto, con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita al Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer de este asunto, el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la demanda constitucional hubiese sido remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, pues si bien en el acuerdo plenario de veintitrés de abril pasado se señaló que de ésta debía conocer un Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no menos lo es que lo relativo a la competencia por territorio no fue una cuestión examinada por la Superioridad. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Gerardo Hernández Jarillo, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones y todo tipo de documentos a Juan José Ballesteros Corona, por así solicitarlo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese a la parte quejosa por medio de lista, en términos de la jurisprudencia P./J. 12/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55 del tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano