YERLIS ACOSTA CASTELO y Otros.
Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- YERLIS ACOSTA CASTELO y Otros.
- RUBÉN SOCARRAS ABREUS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no existe registro de promoción alguna que indique que dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes de este juicio hayan recurrido la sentencia dictada por este juzgado el tres de mayo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que éstas fueron notificadas el cuatro siguiente, quedando comprendido dicho plazo del nueve al veintitrés de los que cursan. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 18, fracción I, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es depurable, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.
- Principal
Vista la razón levantada por el actuario adscrito en la que hace constar que los directos quejosos Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello, no presentan malos tratos, ni tampoco se encuentran incomunicados y que ratifican la demanda promovida a su favor; en consecuencia se provee: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales, 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115, y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de este año, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las trece horas del tres de mayo de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente de suspensión, toda vez que en proveído de ocho de marzo del año en curso, se concedió la suspensión de oficio y de plano. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, la responsable al rendir su informe justificado, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir dichos memoriales se harán acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se le hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsable y tercera interesada que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO. No se aprecia su existencia. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 . INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio INM/ORS/SCVM/1065/2022, signado por el Jefe de Control de Departamento de Control Migratorio del de la Oficina de Representación en Sinaloa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano. De acuerdo a lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia se tienen exhibidas las documentales que adjunta a su informe la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. En relación al domicilio señalado por la autoridad responsable se deberá estar a lo acordado en el auto de radicación, en el que se proveyó al respecto. Finalmente, la responsable de mérito indicó que la información contenida en el comunicado de cuenta tiene el carácter de reservada y confidencial, acorde con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, por ser dicha pieza documental la continente de la justificación de la legalidad del acto reclamado no puede válidamente censurarse su acceso a las partes en este cuaderno, pues de su análisis se advierte que su conocimiento resulta esencial para su defensa. No obstante lo anterior, es indispensable precisar que tal circunstancia tiene como límite las disposiciones normativas en materia de acceso a la información pública, concretamente, en los casos en los que el informe respectivo incluya información reservada o confidencial. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, de cuya ejecutoria derivó el criterio jurisprudencial P./J. 26/2015 (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2009916, cuyos rubro y texto indican: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En consonancia con el criterio anterior y, en puntual observancia de la jurisprudencia transcrita a fin de salvaguardar la reserva y confidencialidad de los datos contenidos en el informe relativo a la suspensión de plano respecto del cual se provee, se precisa que aun cuando el promovente tiene expedito su derecho para consultar en su totalidad esa información dentro de las instalaciones que ocupa este recinto judicial, en presencia del personal de la adscripción, no podrá bajo ninguna circunstancia ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio.
- Principal
Téngase recibida la de demanda presentada vía juicio en línea y firmada electrónicamente por el licenciado Cesar Augusto Domínguez Galán en favor de Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello, contra actos del Encargado de la Estación Migratoria, con sede en esta ciudad por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 224/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente señala, esencialmente, como actos reclamados: (1) la orden de deportación que se pretende emitir, (2) el alojamiento o detención e incomunicación del que son objeto los directos agraviados cuya nacionalidad es Cubana, en la estación del Instituto Nacional de Migración en Mazatlán, Sinaloa, (3) el traslado de los directos quejosos de una unidad a otra y (4) la privación del derecho de solicitar refugio en México. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con sustento en los artículos 15, 125, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a favor de los directos agraviados Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello, para el efecto de que cesen de inmediato los actos de incomunicación y malos tratos de los que se dice son objeto; además, de los actos enunciados por los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna; sin perjuicio de que queden a disposición de la autoridad migratoria competente para la continuación del procedimiento administrativo migratorio que, en su caso, se haya instaurado en su contra. De igual forma, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que en caso de que las responsables se encuentran ejecutando un acto privativo de su albedrío, ponga en inmediata libertad a Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello, sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En este punto, es importante destacar que la suspensión de plano para el efecto antes precisado no surtirá efectos si la ejecución de la privación de la libertad, se llevó a cabo con motivo del ejercicio de las facultades de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, es decir, si la detención reclamada se efectuó dentro de un procedimiento administrativo en materia migratoria, ni tampoco en caso de que la detención del peticionario de amparo tenga relación con la comisión de un delito. En esos casos, el efecto de la suspensión será que los quejosos Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello, permanezcan en el lugar en que se encuentran detenidos o alojados, en la inteligencia de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos de la agraviada en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que la quejosa pretenda garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, les otorguen el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relaciones consulares, esto es, deberán informar a la detenida sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quien libremente pueden decir si ejerce o no, tal derecho; lo anterior, a efecto de respetar la garantía al debido proceso y su libertad a disposición de este juzgado, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XXVI, Diciembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I. 3o. A. J./7, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada a foja 951,tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 229,397, de rubro: Es aplicable también, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 978, tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191, 840, de epígrafe: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE No obstante, si la autoridad migratoria, en el ejercicio de sus funciones y disposiciones legales aplicables, determina una causa para dejar en libertad de tránsito a los quejosos Rubén Socarras Abreus y Yerlis Acosta Castello. De igual forma, la suspensión de plano, es para el efecto de que los directos quejosos, no sean trasladados del lugar en el que actualmente se encuentra detenido o alojado a alguna otra estación migratoria y/o oficina aduanal; así como tampoco sea deportado a su lugar de origen, al menos de que expresamente lo soliciten, toda vez que como quedó precisado en el párrafo anterior, éste se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que su libertad personal se refiere. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación impida la continuación del procedimiento establecido en la Ley de Migración, ya que éste es de orden público. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido de que si las autoridades responsables se negaran a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. [...] "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." Y, en su caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano, consecuentemente, serán plenamente responsables de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 126 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informen el inmediato cumplimiento que deberán dar a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor del aquí quejoso. Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, como ya se precisó, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos, si en el caso el quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la expulsión y/o deportación asistida de la quejosa, la medida cautelar se concede para efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida del mismo, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos que se hizo alusión. Lo anterior tiene justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentra bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Por tanto, no ha lugar a ordenar la tramitación de incidente de suspensión, considerando que en este auto se decretó la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados. El Actuario Judicial adscrito deberá: (1) notificar esta determinación a los quejosos (2) requerirle para que manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda promovida en su favor y (3) dar fe del estado físico en que se encuentran. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a los licenciados Luis Donaldo Acosta Acosta y Yerlis Acosta Castello. Asimismo; se autoriza al promovente, el nombre de usuario cesard93 con la finalidad de que pueda acceder al expediente electrónico deducido de este juicio y pueda promover en los términos en que fue previamente autorizado por la parte quejosa y pueda recibir notificaciones a través del citado mecanismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). En atención a ello, se tiene al promovente señalando el correo electrónico cesardg4741@gmail.com y así como el teléfono 9932846312. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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