Yeritzia Aponte Ayala y Otros.
Expediente 375/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Yeritzia Aponte Ayala y Otros.
- Yeritzia Aponte Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
XII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto. En términos del capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción. De conformidad con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), de la normatividad en consulta, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán destruirse y depurarse, respectivamente; conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. De conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), se establece que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado Federal a la destrucción del mismo, en términos de lo establecido en el Acuerdo en comento. Asimismo, en razón que obran documentos exhibidos por la quejosa, de conformidad con el punto décimo primero, párrafo último, del acuerdo en cita, dígase que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que obran en autos; en consecuencia, infórmese que deberá estarse a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Por otra parte, se tiene por autorizadas a las personas que menciona a fin de recoger los documentos exhibidos.
- Principal
XII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, con relación al 61 fracción XXI, por las siguientes consideraciones: Primeramente es dable precisar que los actos que en esta vía que se combaten, consisten esencialmente en: la omisión de aplicar la vacuna para la prevención de la COVID-19 en México al grupo de niños y niñas adolescentes de menores de cinco a once años, derivado de que dicho rango de edad no se encontraba considerado en la política de vacunación. Asimismo, de las pruebas que exhibe la parte quejosa, se advierte que los menores de edad con iniciales G.E.T.A. y N.T.A. a la fecha de presentación de la demanda cuentan con nueve y seis años de edad -respectivamente. Así, antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México.... Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de ese año (dos mil veintiuno) y al setenta por ciento (70%) para junio de este año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), (la cual representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL."), se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la quinta ola de contagio COVID, y la falta de vacunación es un factor de riesgo. Con relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-fizer-biontech-permitira aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para el suscrito, en los términos ya precisados.... Empero, hasta esa fecha, no existía la autorización para aplicar la vacuna a menores de doce años, razón por la cual, los infantes -a través de sus representantes- en ese rango de edad (cinco a once años), acudieron al amparo a reclamar la omisión de diversas autoridades encargadas de la política de vacunación de incorporarlos a ésta. Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado de tres de marzo de dos mil veintidós, que establece las vacunas autorizadas para el Covid 19 en nuestro país, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/ vacunas-covid-19-autorizadas, información que representa un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.... Actualmente, a partir del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para que los menores de cinco a once años de edad, fueran inoculados con la vacuna Pfizer, dando inicio a la séptima fase de la estrategia nacional de vacunación en México. En este sentido, de lo manifestado por la promovente en su demanda de amparo, se observa que los menores G.E.T.A. y N.T.A. se encuentran dentro del rango de edad que hace posible la vacunación a través del registro respectivo. En ese tenor, es pertinente señalar que la citada fracción XXI, establece la figura de cesación de efectos del acto reclamado, lo cual significa que la autoridad que genera la afectación que se combate deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija.... Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID19, a sus menores hijos de identidad reservada con iniciales G.E.T.A. y N.T.A. y, si se toma en consideración que dichos menores de edad -directos quejosos- a la presente fecha, cuenta con una edad de nueve y seis años -respectivamente- (de acuerdo con las actas de nacimiento exhibidas con su escrito de demanda); es evidente que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye la materia del acto reclamado en la demanda que se provee. En esa virtud, se estima que la omisión reclamada en esta instancia relativa a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de cinco a los once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, puesto que la parte quejosa a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de cinco a once años o más sin comorbilidades, y de doce a diecisiete años con comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de los menores de edad. Por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la dicha ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintidós; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
XII... Visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que a la fecha las autoridades responsables Presidente de la República y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, no han rendido su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificadas, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. ... requiérase a dichas autoridades, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación de este proveído remitan copia certificada de las constancias de donde derivan los actos reclamados; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio. Por otra parte, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con relación en el precepto 75 de esta última, requiérase al Secretario de Salud del Estado de México y a la parte quejosa, para que en el mismo término -tres días- legalmente computado, remitan copia certificada de las constancias con las que acredite que los menores quejosos fueron vacunados de la primera y segunda dosis contra el virus SARS-CoV-2, a efecto de que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente. Con el apercibimiento ... Por ende, a fin de dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintidós.
- Incidental
XII... Visto el oficio de cuenta, se tiene al apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, informando que en relación a la suspensión definitiva concedida en autos, señaló del veinticinco al veintisiete de mayo del año en curso, en un horario de nueve a quince horas, para que los menores implicados sean vacunados de la segunda dosis, para lo cual deberán cubrir diversos requisitos. En consecuencia, hágase del conocimiento de los menores de edad de identidad reservada por conducto de su representante o progenitor que deberán comparecer en la fecha y hora indicadas por la autoridad responsable en la "Junta de Caminos del Estado de México", ubicada en calle Igualdad, número 101, colonia Santiago Tlaxomulco, código postal 50280, Toluca Estado de México, a efecto de que sean vacunados con el biológico Pfizer-BioNTech, de la segunda dosis quienes tendrán que presentarse con uno de los progenitores y/o representante legal acompañando en original y copia de la identificación oficial, comprobante de vacunación contra el virus SARS-CoV2 de la aplicación de la primer dosis y copia del mismo, así como copia de la suspensión definitiva. ... se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que de manera inmediata se constituya en el domicilio sito en... notifique esta determinación judicial a la parte quejosa y le corra traslado con copia del oficio de cuenta, así como de la suspensión definitiva concedida, ello con la finalidad de que se cumpla con la misma en los términos que fueron precisados.
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