Yeraldin Yurico Ortega

Expediente 407/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
407/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Yeraldin Yurico Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único resolutivo se sobreseyó el amparo. Firmeza del fallo definitivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 407/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veintidós de marzo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El veinticuatro de marzo de la presente anualidad, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veinticinco de marzo del año en curso. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la omisión reclamada de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se hace consistir en: a) La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral de origen 1281/2019. III. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe, aceptó la existencia del acto que se le atribuye y para acreditar su dicho remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de origen a las cuales se le otorgar valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que, constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal de examen oficioso, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta de aplicación la jurisprudencia 940 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Materia Común, página 1538, del rubro: "IMPROCEDENCIA". En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo anterior, porque el presente juicio de amparo es promovido por Lezly Dayra Anzures González, quien compareció ante este juzgado federal, ostentándose como apoderada de la directa quejosa Yeraldin Yurico Ortega, actora en el juicio laboral de origen 1281/2019; sin acreditar que cuenta actualmente con la citada representación, pues únicamente anexó copia de audiencia en la que presuntivamente se le reconoció la personalidad de apodera. En efecto, Lezly Dayra Anzures González, acudió a esta instancia constitucional, en su carácter de apoderado de Yeraldin Yurico Ortega; sin embargo, de lo manifestado por la autoridad responsable y del análisis que se hace a las constancias que conforman el expediente laboral 1281/2019, del que deriva el acto reclamado, se advierte que, la carta poder en la que se le otorgó la representación no se encuentra firmada por la promovente. Así las cosas, toda vez que en autos no obra constancia que acredite a Lezly Dayra Anzures González, como actual apoderada de Yeraldin Yurico Ortega, se concluye que esta carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en su nombre. Por lo que, la promovente del amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, ya que el análisis de la legitimación en el proceso, se puede abordar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el promovente carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación en la causa, consiste en la identidad de la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el que promueve estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam, atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia la sentencia definitiva. En apoyo de las anteriores consideraciones se invoca el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado a fojas 350, Tomo XI, mayo de 1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a nombre de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de oficio por el juzgador, o a instancia de cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de conciliación el Juez debe examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código de Procedimientos Civiles). La legitimación en la causa, en cambio, es una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación activa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa debe examinarse al momento en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes." Luego entonces, al no tener reconocida la representación de la directo quejosa en el juicio laboral 1281/2019, del que deriva el acto reclamado, es contundente que Lezly Dayra Anzures González, carece de legitimación para intentar la presente vía constitucional en nombre de Yeraldin Yurico Ortega. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, visible en la página 115, que al rubro dice lo siguiente: "APODERADOS QUE NO ESTAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO." Así como la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la foja 393, Registro 218979, Tomo X, Julio de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro, siguiente: "PERSONALIDAD SI NO CONSTA EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR EN EL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE, EL APODERADO CARECE DE." Sin que obste lo anterior, que la promovente haya anexado al escrito de demanda copia de audiencia en la que presuntivamente se le reconoció la personalidad de apodera, sin embargo, no se le puede otorgar valor probatorio pleno en virtud de que se trata de una copia. Aunado a que, al momento de recibirse el informe justificado se le dio vista con éste y no realizó manifestación alguna para desvirtuar lo dicho respecto de su personalidad. De ahí que, Lezly Dayra Anzures González, al no haber demostrado en forma alguna estar legitimado para promover el amparo en nombre de Yeraldin Yurico Ortega, se actualiza indudablemente la causal de improcedencia contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, del citado ordenamiento legal, y por ende, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta, se decreta el sobreseimiento en la presente controversia constitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando IV. Notifíquese. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cuernavaca, Morelos, al que adjuntó diversas constancias que guardan relación con el acto reclamado. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Personalidad del promovente. En un diverso orden de ideas, con fundamento en el numeral 11 de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter a Lezly Dayra Anzurez González, como apoderada legal de la quejosa Yeraldin Yurico Ortega, acorde con las constancias remitidas de manera anexa al escrito de cuenta, en virtud de que, la responsable no le reconoció tal carácter, de ahí que no sea factible reconocer la personalidad con la que se ostentó al promover la demanda de amparo; lo cual será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lezly Dayra Anzures González, quien se ostenta como apoderada legal de la quejosa directa Yeraldin Yurico Ortega; contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 407/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Autoridad responsable. Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 1281/2019. Cabe hacer notar que la anterior precisión del acto reclamado, se realiza de manera preliminar y sin perjuicio de que en la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, éstos sean fijados, con base en la totalidad de la información y las constancias que obren en este expediente con motivo de su tramitación, puesto que ello se debe armonizar con los datos que emanan del escrito de demanda, a efecto de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la legislación en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le atribuye y con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Sanción ante manifestaciones falaces. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale el código penal aplicado en materia federal. Correo electrónico institucional como medio de comunicación. Por otra parte, en aras de una pronta impartición de justicia, en concordancia con las medidas de contingencia sanitaria aplicadas en los órganos jurisdiccionales, se indica a la responsable que podrá, siempre y cuando la voluminosidad de las constancias que anexe al mismo así lo permita, enviar su informe justificado a la dirección de correo electrónico 10jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato .PDF o .JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico. Clasificación de la información que se remita como apoyo al informe justificado. Asimismo, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. De la audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del Agente del Ministerio Público de la adscripción. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercera interesada. Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesada a la contraparte del quejoso quien es parte actora en el juicio de origen, ya que la sentencia, que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la tesis de jurisprudencia VI.T.J/1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, registro 2000923, Página 1751, de rubro se lee: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J.90/2010)." Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, acorde con lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De la personalidad de la promovente. A fin de acreditar la personalidad con la que se ostenta, con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo y como lo solicita la promovente, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el Estado de Morelos, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Lezly Dayra Anzures González, quien se ostenta como apoderada legal de la quejosa directa Yeraldin Yurico Ortega, parte actora dentro del juicio laboral 1281/2019. Apercibimiento a la autoridad responsable. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo estipulado en el numeral 254 de la ley de la materia. Apercibimiento a la promovente de amparo. En la inteligencia que, en caso de que la promovente no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 29, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de este órgano jurisdiccional, toda vez que fue omisa al señalar domicilio en su escrito inicial de demanda. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a las personas que señala en el escrito de cuenta, en razón de que se trata de un asunto en materia laboral, en el que la accionante de amparo es la parte trabajadora, por lo que no es necesario que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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