Yeny Mena Ramírez

Expediente 988/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
988/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Yeny Mena Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veinte (fojas 205 a 220), en la que se determinó el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo, así como realizar anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente depurable y sin relevancia documental. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse negado por una parte la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 18, penúltimo párrafo del citado acuerdo, dentro de los siguientes noventa días deberá depurarse el expediente principal y solicitar la transferencia del mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es depurable, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, inciso a), del artículo 18, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar respecto a los actos reclamados. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos.

  2. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 988/2019-II, promovido por Yeny Mena Ramírez; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Yeny Mena Ramírez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala". "IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como responsables, reclamo lo siguiente: A. Del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala la resolución mediante la cual le ordenan al Presidente de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala otorgue mis datos personales y la omisión de llamarme a juicio para defender mis derechos. B. Del Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, la ejecución de la orden emitida por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala para otorgar mis datos personales". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 988/2019-II, se admitió a trámite, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, la quejosa amplió su demanda de amparo respecto de las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Congreso del Estado de Tlaxcala Gobernador del Estado de Tlaxcala Comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala". "IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como responsables, reclamo lo siguiente: 1. Del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Gobernador del Estado de Tlaxcala la emisión, aprobación, promulgación y publicación en específico del artículo 63, fracción XV, inciso q), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 2. Del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala la aplicación del artículo 63, fracción XV, inciso q), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, mediante la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión con número de expediente R.R.247/2019-P-1, el que ordenan al Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala otorgue mis datos personales. 3. Del Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala la ejecución de la orden emitida por parte del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, mediante la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión con número de expediente R.R.247/2019-P-1, para otorgar mis datos personales". Por acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de demanda y ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, en razón de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, del índice del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como la resolución emitida en éste el treinta de agosto de dos mil diecinueve y, su ejecución. La emisión, aprobación, promulgación y publicación del artículo 63, fracción XV, inciso q), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve en el recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, citado en el punto que antecede. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Comisionado Presidente y Representante Legal del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (fojas 38 a 44 y 146 a 151); el Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala (fojas 45 y 46); el Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal del Gobernador del Estado de Tlaxcala (fojas 122 y 142 a 145); así como el Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala (fojas 154 a 163); al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora las documentales que anexaron a su informe justificado el Comisionado Presidente y Representante Legal del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y el Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI-Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de derechos. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, la quejosa manifestó "bajo protesta de decir verdad" que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (foja 3); por lo cual el plazo de quince días transcurrió del veintiocho de octubre al diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, tomando en consideración que el dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, fueron inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la ley de la materia, por ser sábados y domingos, así como el uno de noviembre de la misma anualidad, declarado inhábil por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior se esquematiza a continuación: OCTUBRE DE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 21 22 23 24 25 Conoció del acto 26 Inhábil 27 Inhábil 28 Día 1 29 Día 2 Presentó demanda 30 Día 3 31 Día 4 NOVIEMBRE DE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Inhábil 2 Inhábil 3 Inhábil 4 Día 5 5 Día 6 6 Día 7 7 Día 8 8 Día 9 9 Inhábil 10 Inhábil 11 Día 10 12 Día 11 13 Día 12 14 Día 13 15 Día 14 16 Inhábil 17 Inhábil 18 Inhábil 19 Día 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva. QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, del índice del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como la resolución emitida en éste el treinta de agosto de dos mil diecinueve; de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". A efecto de acreditar esta aseveración, debe partirse de que la causal invocada prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte solicitante del amparo. En ese aspecto, es menester señalar que el interés jurídico o bien el legítimo constituyen un presupuesto procesal del juicio de amparo que se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, y los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los que, en esencia, disponen que el promovente del amparo debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien al legítimo para que proceda su demanda constitucional. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley; la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo, se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. El "perjuicio" mencionado debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se causará, ello por referirse a una situación que está provocando detrimento en la esfera jurídica del gobernado en el momento de promoverse el amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio constitucional. Luego, resulta indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) Acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de los rubros que siguen: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" e "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Sobre el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Lo ha conceptuado como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El interés legítimo -continúa sosteniendo el Pleno de la Corte- consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no es la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En estos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el criterio de título: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Así, se arriba al convencimiento de que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. Las figuras del interés jurídico y legítimo están vinculadas estrechamente con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, según el cual el acto o ley que se reclamen debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, dicho interés sólo lo tiene el titular del derecho afectado (jurídico), o a quien le recaiga un perjuicio actual, real y jurídicamente relevante (legítimo) y no quien únicamente tenga un interés simple o legalmente irrelevante; lo cual se determinará según la naturaleza intrínseca del acto, ley u omisión reclamados. Como corolario de lo expuesto, tenemos que, atendiendo a la naturaleza del acto o ley reclamados y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción constitucional, en los términos siguientes: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y que el acto o ley de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Interés legítimo: debe acreditarse la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Demostrando tales puntos, la parte quejosa estará legitimada para ejercer la acción; de lo contrario, el amparo resultará improcedente. Por consiguiente, para analizar el acto que se controvierte en la presente instancia constitucional consistente en la falta de emplazamiento al recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, del índice del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como la resolución emitida en éste el treinta de agosto de dos mil diecinueve; debe existir como presupuesto que a la presentación de la demanda de amparo, el mismo haya irrumpido en la esfera jurídica de la parte quejosa, ocasionándole un agravio personal y directo. En el caso, el caso de las actuaciones del recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, del índice del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se advierten los antecedentes siguientes: Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Salvador Pérez Mena, Andrés Xicohtencatl Hernández y otras personas, solicitaron al Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala proporcionara información y copias certificadas respecto a: El monto total asignado al Municipio de Mazatecochco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social del año dos mil diecisiete. Acta de Cabildo donde se discutió y aprobó la convocatoria pública y abierta para que pobladores del Municipio de Mazatecochco, puedan ser considerados población objetivo para apoyarlos con un calentador solar. Licitación pública realizada por el Municipio de Mazatecochco para la compra y/o adquisición de calentadores solares. Lista en que aparezcan los nombres de los beneficiarios con el otorgamiento de un calentador solar del programa en comento. Monto y aplicación de la cuota cobrada a cada beneficiario del programa. Proyectos de obras gestionadas por Senadores y Diputados a favor del Mazatecochco Al no recibir respuesta, Salvador Pérez Mena y Andrés Xicohtencatl Hernández interpusieron recurso de revisión, mismo que se radicó con el número R.R.247/2019-P-1. Seguido el procedimiento, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, se emitió la resolución correspondiente, en la cual se resolvió: "PRIMERO.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, para que dentro de un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de notificación de la presente resolución, entregue al recurrente la información requerida en la solicitud que originó el presente recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en los considerandos de presente resolución. Apercibido que en caso de incumplimiento a la presente resolución en el término concedido, se procederá con la etapa de su ejecución en la que se le podrá imponer las sanciones o medidas de apremio previstas por los artículos 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y de ser procedente, se denunciaron los hechos ante la autoridad competente. SEGUNDO.- Notifíquese con copia cotejada de esta resolución al recurrente y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatecochco de José María Morelos" Bajo este contexto, conviene destacar que la parte quejosa insta el presente juicio de amparo sosteniendo que las actuaciones deducidas del recurso de revisión le deparan perjuicio, en virtud de no haber sido notificada y emplazada al mismo, aunado a que por virtud de la resolución emitida se pretenden proporcionar sus datos personales a los ahora terceros interesados. Ahora, precisado que fue lo anterior, resulta necesario para mayor claridad en el análisis del presente asunto, recordar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la justiciable, se aprecia que comparece a la presente contienda constitucional como tercero extraño a recurso de revisión. En ese sentido, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". De la interpretación de la disposición transcrita, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera del juicio que afecten a personas extrañas; entendiéndose que es aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del procedimiento natural, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que se emplazó de manera ilegal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del procedimiento, que va desde su inicio hasta el cumplimiento de la resolución correspondiente, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido, o con los bienes de que la resolución disponga, o con aquellos que se afecten en la ejecución. Sobre ese tema, cabe destacar que el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la nación, ha definido a la persona extraña a juicio como aquella que no es parte en el juicio. Así, la persona extraña a juicio es aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: a) Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. b) Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte, o bien aquéllas que resientan un agravio en su derecho de posesión de un bien inmueble. c) Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: c.1) Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. c.2) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. Sentado lo anterior, cabe señalar que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa promovió el juicio de derechos fundamentales, como tercero extraño en estricto sentido, pues manifiesta no haber sido emplazado al recurso de revisión. No obstante, de los antecedentes narrados, se concluye que corresponde a la parte quejosa acreditar que es parte del programa denominado "Fondo de Infraestructura Social Municipal", apoyo que se destina a familias de escasos recursos y por el cual recibió un calentador solar, pues solo de esta manera se puede deducir que sus datos estarían contenidos en la información que el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala ordenó ser entregada mediante resolución dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión R.R.247/2019-P-1. Esto es así, ya que el artículo 107 de la Carta Magna estipula la procedencia del juicio de amparo promovido por personas extrañas a juicio, cuando acrediten contar con un derecho subjetivo oponible a terceros; y, en el caso, al no ser parte en la controversia de origen, corresponde a la quejosa demostrar que lo decidido en el recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, le depararía perjuicio en su esfera jurídica, lo que en la especie no sucedió. En efecto, la parte quejosa no ofreció medio de prueba alguno para acreditar su interés jurídico, incluso manifestó en su demanda de amparo, "bajo protesta de decir verdad", lo siguiente: "3. (.) Cabe hacer mención que la suscrita no cuento con ningún documento o comprobante por medio del cual pueda demostrar que haya recibido dicho apoyo" -foja 3-. En tal virtud, al no acreditarse el vínculo necesario para ser llamado al recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, ni que la sentencia ahí dictada le depare algún perjuicio, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar la falta de llamamiento y las actuaciones deducidas de dicho procedimiento. Lo anterior, se robustece si se considera que el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento permite que los gobernados tengan: 1) conocimiento del inicio del proceso y sus consecuencias, 2) la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, 3) la oportunidad de alegar y 4) la posibilidad de recurrir la sentencia que dirima la controversia; siendo la primera de éstas la de mayor envergadura, pues del conocimiento del inicio del proceso y sus consecuencias, depende la manera en que el gobernado podrá concretar el resto de esas formalidades; por ello, el incumplimiento de la primera de esas formalidades, resulta ser una violación de mayor magnitud. La afirmación relativa a que el incumplimiento de la primer formalidad esencial del procedimiento que permite a los gobernados tener conocimiento del inicio el proceso y sus consecuencias, es considerada una violación de mayor magnitud, se corrobora con la Jurisprudencia de la Tercera Sala de la otrora Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 163-168, Cuarta Parte, página 195, cuyo texto es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia". Empero, resulta indispensable que la parte quejosa acredite el perjuicio que le ocasiona no haber sido llamado al procedimiento, pues de otra manera carece de interés jurídico para reclamar las actuaciones del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; y si como en la especie acontece, la quejosa no acreditó una afectación a su esfera jurídica, es inconcuso que ésta carece de interés jurídico para reclamar los actos en el expediente de origen. Cierto, del análisis de las constancias efectuadas al expediente generador del acto reclamado no se obtiene que con motivo de la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión R.R.247/2019-P-1, el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala haya ordenado publicar específicamente datos personales de Yeny Mena Ramírez. En consecuencia, resulta inconcuso que la quejosa no acreditó su interés jurídico para integrarse a la litis natural, ni para demostrar que la ejecución de la sentencia emitida produce alguna afectación a su esfera jurídica. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2002, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Y, la jurisprudencia 1764, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, impresa en la página 2015, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, registro: 1003643, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". En consecuencia, es palpable que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Así, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, igual pronunciamiento debe de hacerse respecto de los actos atribuidos a la autoridad ejecutora Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, dado que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de lo atribuido a la ordenadora. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 647, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 434, que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sobreseimiento además, que se hace extensivo al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 63, fracción XV, inciso q), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve en el recurso de revisión R.R.247/2019-P-1; pues su estudio no puede desvincularse al acto reclamado que concierne a su aplicación, siendo éste el que precisamente le causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. Tiene aplicación al respecto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Volumen 217-218, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 169, Volumen 145-150, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar al acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c), que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación". En esta tesitura, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio de amparo, deviene imposible analizar la inconstitucionalidad planteada de los actos reclamados; de conformidad con la tesis II.2o.183 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época, página 420, con el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Asimismo, este órgano jurisdiccional no realizara pronunciamiento alguno respecto a los alegatos vertidos por l aparte quejosa (fojas 81 y 82), ya que no forman parte de la litis en el juicio de amparo y, por ende, no es obligatorio para este juzgado entrar al estudio de los razonamientos expresados en su escrito, sin que esto implique transgresión a derecho procesal alguno. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73 a 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 988/2019-II, promovido por Yeny Mena Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el día de hoy once de noviembre de dos mil veinte, cuando lo permitieron las labores propias de este órgano jurisdiccional, asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 988/2019-II, promovido por Yeny Mena Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada Andres Xicoténcatl Hernández y Salvador Pérez Mejia el contenido de la resolución del once de noviembre de dos mil veinte, cuyo resolutivo dice: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 988/2019-II, promovido por Yeny Mena Ramírez, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.

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