Yenny Castillo Silot y Otros.
Expediente 1052/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yenny Castillo Silot y Otros.
- Yenny Castillo Silot
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, YA QUE NO SEÑALO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que los amparistas interpusieran recurso de queja contra el proveído de diecisiete de los actuales, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por promovida por Mirelys Vega, en favor de los quejosos Yenny Castillo Silot y Maikel Martínez Velázquez, por ende, se declara que dicho auto causa estado, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otro lado, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos en el capítulo 7, apartado 7.1, 7.3 y 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se tuvo por no presentada la demanda, en el auto admisorio se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo, resolución relativa al otorgamiento de la suspensión de plano en el presente asunto, y el presente acuerdo. Por otra parte, es de indicarse que en este juicio no se presentaron documentos originales. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la promovente ********************, en auto de ocho de los actuales, para que en su caso, hiciera comparecer a los quejosos ******************** en el local de este juzgado a ratificar la demanda de amparo, sin que lo haya hecho así dentro de la temporalidad concedida, no obstante que se encuentra notificada legalmente. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el previsto indicado y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se dejan sin efectos las providencias decretadas. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el expediente electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el actuario adscrito hizo constar que al constituirse en la Oficina del Instituto Nacional de Migración (Lerdo), precisamente en los separos del Centro de la Estación Migratoria Juárez, se entrevistó con la agente de dicho instituto, quien le comunicó que en la base de datos de esa dependencia no existen los nombres de los quejosos Yenny Castillo Silot y Maikel Martínez Velázquez, por ende no le fue posible localizarlos. Por otro lado, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de los quejosos, con el cual informa que es deseo de aquéllos desistirse del presente juicio de amparo, por los motivos que expone. Por tanto, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe el lugar en dónde se encuentran los mismos, o bien, los haga comparecer en el local de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ubicado en avenida Tecnológico, mil seiscientos setenta, fraccionamiento Fuentes del Valle, ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, código postal 32500, a fin de que en su caso ratifiquen la demanda de amparo. Se apercibe al mencionado, que en caso de no cumplir con lo prevenido, se tendrá por no presentada aquélla, quedando sin efecto las providencias que se dicten en el presente auto conforme al artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, glósense los oficios signados por el Titular de Oficina de Representación en Chihuahua, por los Jefes de los Departamentos de Verificación Migraroria, de Asuntos Jurídicos y Control Migratorio, adscritos a la Oficina de Representación de Chihuahua, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con los cuales rinden su informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos prohibidos por el precepto 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretada a favor de los justiciables, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional, con los que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2º.P.25 K (10a), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2017, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1933, de rubro siguiente: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENIDR ESTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO." Se tiene a las mencionadas autoridades, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indican y de conformidad con el numeral 9 de la ley en aplicación, designando delegado a la profesionista que proponen y proporcionando el correo electrónico que refiere, para los efectos a que haya lugar. Asimismo, solicitan el acceso a consultar electrónicamente este juicio, con el nombre de los usuarios "etarin". Por tanto, se autoriza para que vía internet, accedan al juicio de amparo en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández en representación de los directos quejosos Yenny Castillo Silot y Maikel Martínez Velázquez, extranjeros migrantes de nacionalidad cubana, a solicitud de Mirelys Vega; en contra de actos que atribuye a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, Jefe y/o Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos, Jefe y/o Encargado de Control Migratorio, Jefe y/o Encargado del Departamento de Verificación Migratoria y Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad fronteriza, en razón de que los agraviados se encuentran imposibilitado para ello. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127, de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 1052/2022-II. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados destacados: "1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, SE RECLAMA TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, lo anterior sin haber cometido algún tipo de delito en flagrancia y sin habérseles cumplimentado algún tipo de orden de aprehensión, por lo que al ser una autoridad administrativa la que se señala como responsable, a dicha autoridad deberá de ordenársele por su Señoría la libertad inmediata de los hoy quejosos sin que se exceda de 36 horas, al no habérsele comenzado algún tipo de procedimiento administrativo y si fuera el caso que se le sometiera algún tipo de procedimiento administrativo a los quejosos, TAMBIEN SE RECLAMA EN CONTRA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EL HECHO DE QUE SE LES FIJE ALGÚN TIPO GARANTÍA ECONÓMICA O FIANZA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN, CON LA UNICA FINALIDAD DE QUE LOS IMPETRANTES DE GARANTIAS RECOBREN SU LIBERTAD PERSONAL, lo anterior al no ser personas que se le haya imputado algún tipo de delito y que se les esté instruyendo algún tipo de proceso penal en su contra. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama LA ORDEN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO A CUALQUIER OTRA ESTACION MIGARTORIA EN ESTE PAIS EN LA QUE HOY SE ENCUENTRAN ALOJADOS, ASI COMO SE RECLAMA LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DE LOS HOY QUEJOSOS DE ESTE PAÍS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama se aplique en contra de los quejosos a lo que refiere el inconstitucional artículo 102 de la Ley de Migración, toda vez que no han incurrido en algún supuesto que refiere dicho numeral. " Sobre dicha base, en la especie se tiene que los actos reclamados son de naturaleza positiva, por consiguiente, susceptibles de paralización; además con la concesión de la medida cautelar de que se trata, no se contravienen disposiciones de orden público o de interés social. En efecto, según se infiere de la demanda de amparo, el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que Yenny Castillo Silot y Maikel Martínez Velázquez se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta localidad fronteriza. Corolario de lo anterior, no se tiene noticia de que los agraviados hayan cometido delito alguno; hasta este momento no existe algún medio de convicción que demuestre, al menos de manera indiciaria que de concederse la medida suspensional, el impetrante pueda evadirse de la acción de la justicia o causar un perjuicio a la sociedad o al orden público. Por el contrario, pone de manifiesto que, en sus condiciones de migrantes, su detención derivaría de algún procedimiento administrativo previsto por la Ley de Migración para llevar a cabo su retorno asistido o, en su caso, la deportación por su estadía irregular en territorio nacional, procedimientos los cuales cuentan con diversas etapas a seguir. En consecuencia, respecto de los actos reclamados de que se dice están siendo objeto los quejosos por parte de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación o expulsión de los directos quejosos a su país de origen; no sean trasladados a cualquier otra estación migratoria en este país; se pongan en libertad siempre y cuando cumpla ante las autoridades responsables con las condiciones que más adelante se precisan; de igual forma, para que cese la incomunicación, tortura física y psicológica, de que se dice son objeto o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, toda vez que la parte que promueve en su representación manifiesta que se encuentran detenidos dada su calidad migratoria. Sin que lo anterior impida que pueda permanecer en la propia Estación Migratoria en que se encuentra para efecto de realizar trámites migratorios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), del Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, registro digital 2022090, Instancia: Plenos de Circuito, pagina 879, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". La interpretación del precepto transcrito, permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacionales, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene obligación de hacer saber al extranjero, cuya situación migratoria es irregular en este país y que se encuentre sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho corresponda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus garantías constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Federal, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte; como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas, en este caso, la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, en cuyo lugar permanece alojado el quejoso, derivada de su calidad de extranjero indocumentado. Adicional a lo anterior, surtirá efectos la medida suspensional concedida, siempre y cuando se cumpla ante las responsables, los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: 1.- Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá. 2.- No podrá ausentarse sin previa autorización de este juzgado federal, del domicilio que para tal efecto señale para su resguardo. 3.- En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 4.- Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Apercibidos que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada, y será bajo el cuidado de las autoridades responsables que continúen el procedimiento respectivo para su debido cumplimiento. Ahora, ya que el promovente no refiere el estatus que guardan los agraviados dentro del país, se requiere a las responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir del que sean notificadas de este acuerdo, informen la situación migratoria en la que los directos quejosos se encuentran. De igual forma, se les solicita den acceso a los quejosos para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiado o de algún otro que proceda y para que en el caso de que aquél haya realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha petición dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto; lo anterior, en razón de que la promotora refiere que el agraviado pretende que se le otorgue la condición de refugiado en este país, por lo que solicita acceso a ese derecho. Para efectos de lo anterior, se requiere a los responsables, para que en un término de setenta y dos horas contado a partir de que queden notificados de esta determinación, que se resuelva respecto de su solicitud de asilo, y en su caso de ser procedente su petición, le sea reconocida legalmente como refugiado, de ser así, se le expida la constancia de trámite respecto de reconocimiento de la condición de refugiado y remita la misma a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva, atendiendo a las características especiales de los quejosos, sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado en que se encuentra Yenny Castillo Silot y Maikel Martínez Velázquez, velará porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1.- Que sea notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2.- El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3.- En caso de ser necesario se le proporcione un traductor y/o intérprete. 4.- Se garantice el acceso efectivo del quejoso a la comunicación y asistencia consular. 5.- Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6.- Se informe al quejoso la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7.- El proceso migratorio se efectúe dentro del plazo razonable. Con independencia de lo anterior, al margen de los lineamientos establecidos, las autoridades responsables deberán implementar los mecanismos pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el promotor de amparo cumpla a cabalidad con la determinación así asumida. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver al quejoso a la autoridad responsable. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.99 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, Materia(s): Penal, registro digital 169268, página 1745, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL. De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos.". Con independencia de lo anterior, si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolos en libertad, o bien a disposición del representante social, lo anterior con apoyo en los artículos 164, primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Con la consecuente obligación de las autoridades responsables de informar de inmediato el cumplimiento que se dé a esta determinación; con el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser sancionadas por la probable comisión del delito establecido en el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades responsables deberán realizar las diligencias necesarias para que los agraviados tengan comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. Resulta aplicable al respecto, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016410, página 3550, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Así como la diversa tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016412, página 3551, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano; además, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda; apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad, al correo electrónico oficial de este juzgado federal 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, como se dijo, los directos quejosos se encuentran en las oficinas de la estación migratoria de esta ciudad, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en ese lugar, y notifique el presente acuerdo a Yenny Castillo Silot y Maikel Martínez Velázquez; también para que los requiera a fin de que en el momento de la notificación o dentro de los tres días hábiles siguientes, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, ratifiquen o no la demanda de amparo promovida a su favor; se apercibe a los directas agraviados que en caso de no cumplir con lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se dictan en el presente auto conforme al artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo; además deberá señalar si es su deseo tener por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo al licenciado Juan Luis Alberto Entebi Hernández y señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las partes deberán generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Ahora bien, por lo que hace a los medios probatorios que ofrece en su escrito de garantías, dígasele que una vez que ratifiquen la demanda de amparo, se proveerá lo conducente Y toda vez que el promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, la presente notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, realícense en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto se proporcione un domicilio para tales efectos o bien un usuario para tales efectos. Adicionalmente se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que señala en la demanda de garantías, sin perjuicio de que con posterioridad los directos quejosos ratifiquen dicha designación. Por lo que respecta al correo electrónico que señala en su escrito, "entebialberto@hotmail.com" y el número telefónico (664) 335-27-60; ténganse únicamente como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentra privado de su libertad ambulatoria y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Vania Gómez Márquez, secretaria quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. JEBG/VGM/lrhe
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