Yenisleidys Romeu Betancourt

Expediente 850/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
850/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Yenisleidys Romeu Betancourt

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio 1511, firmado por el Secretario de Tribunal del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, por el que remite copia autorizada del testimonio de la ejecutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial 6/2023. En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente, vía electrónica. Se hace del conocimiento de las partes, que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial. SEGUNDO. El juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en nombre y representación de ********************; en consecuencia, remítansele los autos para los efectos legales a que haya lugar." ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del numeral 19 del referido Acuerdo General, por tanto, es destruible. En consecuencia, con fundamento en el citado artículo 19 de dicho Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el tercer párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio 22706/2022 firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con firma electrónica y evidencia criptográfica, a través del cual transcribe el auto de veintitrés de noviembre de a actualidad, del que se advierte que ordenó remitir los autos del 809/2022, promovido por ********************, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimotercer Circuito en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado oficiante y este Órgano de Control Constitucional. De lo anterior, se toma conocimiento. Cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós Por recibido el oficio de cuenta 16627/2022, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el cual transcribe el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, del que se advierte que remite el original del juicio de amparo 809/2022 de su índice, promovida por el Sandra Nava Jiménez, en representación de ***, a través del cual declina competencia a favor de este órgano jurisdiccional por las razones que expone; acúsese recibo vía interconexión. ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese bajo el número de juicio de amparo 850/2022, que le correspondió, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a realizar pronunciamiento respecto a la competencia declinada por el homologo oficiante. Al respecto, conviene destacar que el homologo signante estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Sandra Nava Jiménez, en representación de ***, contra actos de 1. Titular de la Oficina de Representación de la Estancia Migratoria en el Estado de Oaxaca y otros Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que rige la competencia del juicio de amparo indirecto tramitado ante los Juzgados de Distrito, establece en la parte que interesa lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces esas jurisdicciones, a prevención. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace menciona que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "ante quien se presenta la demanda" que utiliza segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto. Ahora bien, el juez declinante sustenta su determinación en el primer supuesto de numeral antes transcrito, esto es, refiere que al ser infirmado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en nombre del Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración de ese Instituto en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, que la directa quejosa fue trasladada a la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Huatulco, Oaxaca, por lo que corresponde que ejerza jurisdicción en el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado. No obstante, en acuerdo de diez de octubre de la actualidad del índice del homologo oficiante, se advierte que la promovente Sandra Nava Jiménez y su autorizado Adalberto Soriano Ramírez, no informaron respecto al paradero de la directa quejosa Yenisleidys Romeu Betancourt, razón por la cual, requirió a diversas autoridades le informaran si se encontraba en sus registros se encontraba registrada alguna persona a nombre de la directa quejosa; en ese sentido, toda vez que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante ello, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la circunstancia de que Yenisleidys Romeu Betancourt, se encuentra desaparecida puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, por lo que es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." Así el criterio anterior destaca que ello es así, en un mayor beneficio para la víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta a demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte de pruebas, formula alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. Ello en paralelo, subiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Ahora bien, de la misma forma se obtiene que la promovente reclama actos los cuales son la retención (privación de la libertad), privación del libre tránsito, así como las consecuencias legales y la ejecución de los actos reclamados antes mencionados, así como la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dichos actos, por ser violatorios de derechos humanos, concretamente del artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos, el libre tránsito contenido en nuestro artículo 11 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en vigor. En el señalado tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar. En consecuencia, las omisiones y negativas que la quejosa señala, per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad actuar y, por tanto, tampoco requieren de ejecución material alguna, por lo que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esas omisiones y negativas es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad d que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra de actos de esa naturaleza (omisivos y negativos), se surte e favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se tratan de abstenciones, en tanto que sus efectos no trascienden el mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera físico sino solo en el ámbito de lo formal, por lo que solamente permanece en estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de omisiones y negativa simple que carecen de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, na afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amaro es su omisión, es decir, un no actuar y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir,. Si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. Es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos no requieren ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, del juico amparo en que los actos reclamados no tengan ejecución material, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda. Sin que pase desapercibido, cono ya se dijo, le hecho de que el juez declinante sustenta su determinación en el primer supuesto de numeral antes transcrito, pues suponiendo que la detención de Yenisleidys Romeu Betancourt, es uno de los actos reclamado, no es tajante para determinar a competencia, ya que en los juicio de amparo, debe ponderarse la unidad de la demanda y en su caso, respecto al acto en específico, donde no puede dividirse la continencia de la cusa, esto es, no es posible examinar una parte de dicho acto y omitir el estudio de otra, pues es suficiente para que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio reclamado, aunque estos últimos sean de una diversa aplicación Por tanto, si de la demanda de amparo se deduce que primordialmente se promueve el juicio constitucional por negativas y omisiones, en tanto que en concepto de la parte quejosa la responsable ha incurrido en diversas omisiones, mismos que se reclaman no como actos aislados sino en relación con una serie de actos que indican que no le es posible tener en el presente una adecuada defensa y representación, en ese sentido, debe estimarse que resulta competente para conocer del juicio, el juez de distrito que previno, si los actos primordial y mayoritariamente reclamados no tienen ejecución material, esto de acuerdo con el tercer párrafo de artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, conforme a lo descrito este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por Sandra Nava Jiménez, en representación de *** En las condiciones relatadas, devuélvase el juicio de amparo que se allega la juez declinante para lo que a bien tenga proveer, solicitándole de la manera más atenta acuse de recibo correspondiente. Con copia de la demanda y anexos, formese caderno de antecedentes del presente juicio. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Nava Jiménez, toda vez que su cédula profesional se encuentra habilitada en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

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