Yeniffer Mirna Barroso Rodriguez

Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
316/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Yeniffer Mirna Barroso Rodriguez

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se declaró la ejecutoria de la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo de dicho expediente principal. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. Háganse las notaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, y no existen documentos originales, este expediente es DESTRUIBLE después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, devuélvase al Agente del Ministerio Público de la Mesa IV del Sistema Adversarial adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, los dos tomos de pruebas que anexó a su informe justificado, consistente en el triplicado de la carpeta de investigación ******************** de su índice. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 316/2023 ... (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento de naturaleza penal, seguido ante una autoridad con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la averiguación previa ****, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de **** y otros por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad cometido en agravio de ****, aquí quejosa. La omisión de realizar los actos de investigación de manera pronta y expedita. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuatro, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, fue OMISO en aceptar o negar la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de realizar los actos de investigación. Por el motivo anterior, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debería presumirse cierto el acto en mención; sin embargo, las constancias de autos revelan su INEXISTENCIA, pues al culminar las investigaciones con la resolución reclamada, no hay más actos de investigación que deban ser realizados. En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, es procedente SOBRESEER en el juicio. CUARTO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por otro lado, el propio Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuatro, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en su informe justificado dijo que ES CIERTO el acto reclamado consistente en la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el triplicado abierto de la averiguación previa 256/FESPRE/2014, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Marco Tulio López Escamilla y otros. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió dicha responsable en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al igual que las responsables, de oficio, se advierte, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, la actualización de LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, FRACCIÓN XX de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que resulten de la Constitución o de la Ley aplicable al caso en concreto, y en este supuesto, se advierte que el acto reclamado es susceptible DE IMPUGNACIÓN EN LA VÍA ORDINARIA, mediante CONTROL JUDICIAL. El numeral en que se funda la anotada causa de improcedencia, dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En el caso, como ya se expuso, la quejosa manifiesta que reclama la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, en autos de la averiguación previa *****, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de ***** y otros. Sin embargo, como ya se precisó, respecto de dicha determinación debió haberse agotado el medio de impugnación previsto en el artículo 220 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, que, aunque abrogado, aplica al caso, en términos del artículo tercero transitorio del decreto por el que se determinó la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales y en que expresamente se señala que: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentre en trámite, continuarán su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos". "En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo". Por otro lado, aquel numeral 220 anotado, dispone: Art.220.- Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre.no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima ante el Juez dela etapa preliminar, en vía incidental, en este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. El Juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior. Si la víctima no comparece sin justa causa se declarará sin materia el incidente y se confirmará la resolución de inejercicio. Por tanto, si el artículo 220, anotado, establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación, de entre las cuales se contempla la del inejercicio de la acción penal, y que debe resolver el Juez de Control con citación de las partes en una sola audiencia, ello conduce a la consideración, sin duda, de que la quejosa antes de instar el juicio de amparo de que se trata debió haber AGOTADO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Pero, al no haberlo hecho así, ello conduce, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, a SOBRESEER en el juicio. No siendo aplicable, por supuesto, lo señalado en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también prevé un control judicial, en vista de que la averiguación previa *****, conforme al anotado tercero transitorio inició el siete de agosto de dos mil catorce, es decir, antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo aplicable la legislación vigente al momento de dicho inicio, en el caso, el Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia PC.VII.P. J/3 P (11a.), del Pleno en materia penal del Séptimo Circuito, Registro digital: 2026214, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: LA FALTA DE DETERMINACIÓN, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LAS OMISIONES O DECISIONES DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADAS BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL. NO DEBE AGOTARSE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si al reclamarse en un juicio de amparo las resoluciones que versen sobre la falta de determinación, la determinación del no ejercicio de la acción penal, omisiones o decisiones de una averiguación previa emitidas por el agente del Ministerio Público, en averiguaciones previas iniciadas bajo el sistema tradicional, uno de ellos consideró que en estos casos procede agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de la presentación de la demanda de amparo; por su parte, un diverso Tribunal Colegiado se decantó porque no procede agotar dicho medio de defensa, al ser competencia de los Jueces de Control en el juicio oral. Criterio jurídico: Este Pleno de Circuito considera que en los casos en que se haya reclamado la resolución que versa sobre la falta de determinación, la determinación de no ejercicio de la acción penal, omisiones o decisiones del Ministerio Público, en averiguaciones previas iniciadas bajo el sistema tradicional, entre otras, no debe exigirse a la víctima u ofendido impugnar tales decisiones a través del recurso previsto en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de la presentación de la demanda de amparo. Justificación: El sustento jurídico se encuentra en el transitorio artículo cuarto del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, marco normativo que da pauta a considerar que en los procedimientos penales iniciados bajo las reglas del sistema mixto, y en donde se haya emitido la resolución que versa sobre la falta de determinación, la determinación de no ejercicio de la acción penal, omisiones o decisiones del Ministerio Público, en averiguaciones previas iniciadas bajo el sistema tradicional, entre otras, no debe agotarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque esta disposición atañe al proceso penal acusatorio, el que compete a los Jueces de Control. SEXTO. TRANSPARENCIA. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio promovido por ...en los términos y por las razones precisadas en el considerando quinto de esta resolución NOTIFÍQUESE.

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