Yenifer Pérez de Santiago

Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
404/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Yenifer Pérez de Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...V

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta asentada por la fedataria judicial adscrita a este Juzgado, se advierte que no le fue posible notificar el auto que antecede a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones expuestas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al quejoso dicho proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes que así deban serlo...V

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a *********, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto inicial, sin que así lo haya hecho; en consecuencia, se le tiene promoviendo el presente juicio únicamente por propio derecho; por tanto, se provee; DESECHAMIENTO Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO De una la lectura integra de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: La medida cautelar de custodia provisional, y calendario de convivencias ordenada mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, respecto de la menor, hija de la aquí quejosa, dictada por la Juez Mixto de Primera Instancia en Tolimán, Querétaro. De lo anterior se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es la Juez Mixto de Primera Instancia en Tolimán, Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado), los autos dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. En efecto, de la intelección del artículo 211 del Código De Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que el acto reclamado por la quejosa puede reclamarse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, que dice: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." Orienta a lo dicho por analogía jurídica la tesis XXI.3o.10 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, con número de registro 182178, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, visible en la página 1064, que a la letra dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES ADOPTADAS POR EL JUZGADOR DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA INCONFORMIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De acuerdo con la regulación procesal sobre providencias cautelares, en los procedimientos familiares relacionados con la guarda y custodia de menores, el tribunal está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada; sin embargo, el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero prevé la figura de la inconformidad, que permite al interesado solicitar al juzgador que le escuche, con citación de la contraria, para que luego resuelva lo que corresponda, lo cual implica el establecimiento de un medio de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sin que obste al efecto la irreparabilidad que ocasiona esa clase de providencias, toda vez que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario observar el principio de definitividad, incluso, cuando se reclaman actos de imposible reparación." Así como la tesis que establece: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL PUEDE COMPRENDER TANTO LA RESOLUCIÓN QUE LAS AUTORIZA COMO SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO). Si el artículo 252 del código adjetivo reformado se refiere conjuntamente a la resolución que concede la medida precautoria y a su ejecución, cuando establece que son irrecurribles debido al carácter reservado que les es propio de acuerdo a sus objetivos, en tanto que el diverso artículo 253 faculta al afectado con la providencia a reclamarla incidentalmente hasta antes de la sentencia, resulta obvia la intención del legislador de no presentar obstáculo para que se cuestione la legalidad, tanto de la medida decretada, como de su ejecución, puesto que no hace distinción entre ambas." (Tesis 90 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 589, del tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en la incidencia respectiva, de resultar desfavorable a la quejosa, ésta puede impugnarla mediante el recurso de apelación previsto en el ordenamiento legal citado; por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa ordinario (incidente de inconformidad) y posteriormente el medio de impugnación (apelación), previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia por unificación cuyo soma contiene: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (JURISPRUDENCIA 113/2013 (10ª), emanada de la Contradicción de tesis 265/2013. suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil trece.) La tesis que se lee: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. La medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste solo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida." (Tesis 249 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1363, del tomo XIV, Agosto de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) Finalmente, la tesis que estatuye: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. ES APELABLE LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA RECLAMACIÓN PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Lo señalado en el último párrafo del artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en el sentido de que la providencia precautoria se sustanciará en forma incidental, constituye una norma de remisión, por virtud de la cual resultan aplicables a tal medio de defensa, las reglas de trámite y resolución de los incidentes en general, entre ellas, cuando la resolución que los decide sea apelable en los casos en que lo fuere la sentencia principal, prevista en el ordinal 645 del citado ordenamiento, sin que obste para tal efecto el numeral 229 del propio código, con relación a que el otorgamiento de las medidas precautorias no admite recurso alguno, pues al no referirse expresamente a la interlocutoria recaída a la reclamación indicada, no es factible considerar que prevé una excepción a la regla general referida, además de que tal precepto no tiene el propósito de establecer que bajo ninguna condición dichas providencias son impugnables a través de los recursos legales, sino sólo evitar que esto suceda sin agotar previamente la reclamación, lo anterior como parte del sistema instituido para otorgar la garantía de audiencia en toda su amplitud a la persona contra la cual se dicta la medida, al conferirle, como regularmente sucede en el juicio, primero el derecho de defensa y, sólo con posterioridad, el derecho de impugnación, lo anterior atento a que las providencias precautorias se decretan sin citación de la contraparte y el hecho de que la reclamación se sustancie incidentalmente, permite dar al afectado la oportunidad de exponer las circunstancias de hecho que a su interés convenga, de rendir prueba y de alegar, lo cual no podría suceder con los recursos, pues la materia de éstos se acota a la legalidad de las consideraciones que sustentan la resolución combatida, y las determinaciones que decretan medidas precautorias son dictadas con base únicamente en lo manifestado y los medios de convicción aportados por la solicitante. Cabe destacar que el criterio sostenido permite también acatar los principios procesales de impugnación y de paridad procesal, pues confiere al agraviado la posibilidad de combatir una resolución que lesiona sus intereses y porque la determinación que niega la medida precautoria es apelable en términos del numeral 229 indicado." (Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Agosto de 2005. Tesis: XXII.1o.39 C. Página: 1943) Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido puede ser modificado o revocado, a través del planteamiento del incidente de inconformidad previsto en el ordinal 211 del ordenamiento jurídico invocado, y en caso de ser desfavorable la resolución que se dicte en dicha incidencia, puede ser combatida a través del recurso de apelación. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rumbo y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." (Jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación) Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como la jurisprudencia cuyo soma contiene: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contNO Ara actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." (Décima Época. Registro: 2001155. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.). Página: 729) En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por ******** Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro....V NOT.PERSONAL

  4. Principal

    En atención al proveído de veinte de los actuales, se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de diecisiete de abril del año en curso, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a *********, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto inicial, sin que así lo haya hecho; en consecuencia, se le tiene promoviendo el presente juicio únicamente por propio derecho; por tanto, se provee; DESECHAMIENTO Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO De una la lectura integra de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: La medida cautelar de custodia provisional, y calendario de convivencias ordenada mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, respecto de la menor, hija de la aquí quejosa, dictada por la Juez Mixto de Primera Instancia en Tolimán, Querétaro. De lo anterior se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es la Juez Mixto de Primera Instancia en Tolimán, Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado), los autos dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. En efecto, de la intelección del artículo 211 del Código De Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que el acto reclamado por la quejosa puede reclamarse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, que dice: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." Orienta a lo dicho por analogía jurídica la tesis XXI.3o.10 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, con número de registro 182178, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, visible en la página 1064, que a la letra dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES ADOPTADAS POR EL JUZGADOR DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA INCONFORMIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De acuerdo con la regulación procesal sobre providencias cautelares, en los procedimientos familiares relacionados con la guarda y custodia de menores, el tribunal está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada; sin embargo, el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero prevé la figura de la inconformidad, que permite al interesado solicitar al juzgador que le escuche, con citación de la contraria, para que luego resuelva lo que corresponda, lo cual implica el establecimiento de un medio de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sin que obste al efecto la irreparabilidad que ocasiona esa clase de providencias, toda vez que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario observar el principio de definitividad, incluso, cuando se reclaman actos de imposible reparación." Así como la tesis que establece: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL PUEDE COMPRENDER TANTO LA RESOLUCIÓN QUE LAS AUTORIZA COMO SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO). Si el artículo 252 del código adjetivo reformado se refiere conjuntamente a la resolución que concede la medida precautoria y a su ejecución, cuando establece que son irrecurribles debido al carácter reservado que les es propio de acuerdo a sus objetivos, en tanto que el diverso artículo 253 faculta al afectado con la providencia a reclamarla incidentalmente hasta antes de la sentencia, resulta obvia la intención del legislador de no presentar obstáculo para que se cuestione la legalidad, tanto de la medida decretada, como de su ejecución, puesto que no hace distinción entre ambas." (Tesis 90 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 589, del tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en la incidencia respectiva, de resultar desfavorable a la quejosa, ésta puede impugnarla mediante el recurso de apelación previsto en el ordenamiento legal citado; por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa ordinario (incidente de inconformidad) y posteriormente el medio de impugnación (apelación), previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia por unificación cuyo soma contiene: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (JURISPRUDENCIA 113/2013 (10ª), emanada de la Contradicción de tesis 265/2013. suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil trece.) La tesis que se lee: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. La medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste solo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida." (Tesis 249 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1363, del tomo XIV, Agosto de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) Finalmente, la tesis que estatuye: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. ES APELABLE LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA RECLAMACIÓN PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Lo señalado en el último párrafo del artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en el sentido de que la providencia precautoria se sustanciará en forma incidental, constituye una norma de remisión, por virtud de la cual resultan aplicables a tal medio de defensa, las reglas de trámite y resolución de los incidentes en general, entre ellas, cuando la resolución que los decide sea apelable en los casos en que lo fuere la sentencia principal, prevista en el ordinal 645 del citado ordenamiento, sin que obste para tal efecto el numeral 229 del propio código, con relación a que el otorgamiento de las medidas precautorias no admite recurso alguno, pues al no referirse expresamente a la interlocutoria recaída a la reclamación indicada, no es factible considerar que prevé una excepción a la regla general referida, además de que tal precepto no tiene el propósito de establecer que bajo ninguna condición dichas providencias son impugnables a través de los recursos legales, sino sólo evitar que esto suceda sin agotar previamente la reclamación, lo anterior como parte del sistema instituido para otorgar la garantía de audiencia en toda su amplitud a la persona contra la cual se dicta la medida, al conferirle, como regularmente sucede en el juicio, primero el derecho de defensa y, sólo con posterioridad, el derecho de impugnación, lo anterior atento a que las providencias precautorias se decretan sin citación de la contraparte y el hecho de que la reclamación se sustancie incidentalmente, permite dar al afectado la oportunidad de exponer las circunstancias de hecho que a su interés convenga, de rendir prueba y de alegar, lo cual no podría suceder con los recursos, pues la materia de éstos se acota a la legalidad de las consideraciones que sustentan la resolución combatida, y las determinaciones que decretan medidas precautorias son dictadas con base únicamente en lo manifestado y los medios de convicción aportados por la solicitante. Cabe destacar que el criterio sostenido permite también acatar los principios procesales de impugnación y de paridad procesal, pues confiere al agraviado la posibilidad de combatir una resolución que lesiona sus intereses y porque la determinación que niega la medida precautoria es apelable en términos del numeral 229 indicado." (Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Agosto de 2005. Tesis: XXII.1o.39 C. Página: 1943) Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido puede ser modificado o revocado, a través del planteamiento del incidente de inconformidad previsto en el ordinal 211 del ordenamiento jurídico invocado, y en caso de ser desfavorable la resolución que se dicte en dicha incidencia, puede ser combatida a través del recurso de apelación. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rumbo y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." (Jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación) Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como la jurisprudencia cuyo soma contiene: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contNO Ara actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." (Décima Época. Registro: 2001155. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.). Página: 729) En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por ******** Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro....V NOT.PERSONAL

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