YENIFER ELIZABETH PORTILLO DELGADO y Otros.
Expediente 455/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Yenifer Elizabeth Portillo Delgado
- YENIFER ELIZABETH PORTILLO DELGADO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión de plano. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Agreguese el escrito de cuenta, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, dese trámite al citado medio de impugnación; por ello, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios, copia del mismo, los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del recurso correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del auto admisorio y de la sentencia recurrida; así como con el oficio de agravios y el auto que al efecto se emite, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que, la interposición del recurso, corriéndoles traslado con copia simple del escrito de expresión de agravios. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, una vez que obren en autos las constancias de notificación y acuse de recibo de los oficios por medio de los cuales se hace del conocimiento de las partes la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, así como el contenido del presente proveído, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado que corresponda para su tramitación. En otro tenor, se instruye al Secretario para que, bajo su más estricta responsabilidad, remita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del recurso correspondiente, el escrito de cuenta, los autos del presente juicio, debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Escrito signado por ***, autorizada de la parte quejosa. Vista la demanda de amparo suscrita por ***, autorizada de la parte quejosa en representación de ***. Contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 455/2022. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que se señalan como actos reclamados los siguientes: Alojamiento, aseguramiento y/o detención, Incomunicación. Deportación, y/o expulsión, y/o retorno asistido, y/o privación de la libertad, La omisión de notificar a los quejosos cualquier orden verbal o escrita que determine el aseguramiento, alojamiento, privación de la libertad o detención. Ahora, respecto al acto (a) alojamiento, aseguramiento y/o detención, toda vez que en la demanda de amparo la pfomovente manifiesta que los quejosos están detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla; entonces, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO, para el único efecto de que los directos quejosos queden a disposición de este juzgado federal en cuanto a su libertad personal en el lugar en que están y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento correspondiente, siempre que la privación de su libertad derive del ejercicio de alguna de las facultades que la Ley de Migración le confiere a las autoridades responsables. En relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación (b), con fundamento en los artículos 1,2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), y b), subincisos 1, 2 y 3, 12, párrafos 1 y 2; 17 párrafos 1 y 2, inciso d), 18, párrafo 1, 20, párrafo 2, y 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; así como los diversos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación de la que estén siendo sujetos los directos quejosos, así como cualquier acto de tortura que atente contra su vida, integridad o derechos humanos, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En relación con el acto reclamado (c), deportación, y/o expulsión, y/o retorno asistido, y/o privación de la libertad, tomando en consideración lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Migración se puede establecer que de no regularizar los directos quejosos su situación en el país, el Instituto de Migración deberá determinar la situación migratoria de éstos en su calidad de extranjeros, lo cual podría traducirse en su deportación a su país de origen. En virtud de lo anterior, y por cuanto hace al acto reclamado en cita consistente en la deportación, y/o expulsión, y/o retorno asistido, con fundamento en los artículos 125, 126, 127, fracción II, 160 y 162, de la ley de amparo, de oficio SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para: Que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente están y no se realice la deportación de los citados quejosos, siempre y cuando dicho mandamiento se haya emitido fuera de procedimiento. Si la deportación o expulsión se emitió con motivo de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo la suspensión se concede para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde estén y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre 2007, Materia Administrativa, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." En relación al acto reclamado señalado en el inciso "e) La omisión de notificar a los quejosos cualquier orden verbal o escrita que determine el aseguramiento, alojamiento, privación de la libertad o detención", no es materia de suspensión de plano conforme lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que se acordará lo procedente una vez que sea admitida la demanda de amparo. Asimismo, en virtud de que los actos reclamados antes indicados son de aquellos que de consumarse afectarían de manera grave derechos fundamentales y que harían físicamente imposible restituir a los impetrantes en el goce de sus derechos afectados, requiérase a las autoridades responsables para que de manera inmediata, lo cual no podrá exceder del plazo de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que diera cumplimiento a esta suspensión de plano, previniendo a dichas autoridades que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, asimismo apercibidas que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 247, fracción V, del Código Penal Federal, reformado el doce de noviembre de dos mil veintiuno. Hágase saber al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Las autoridades responsables tienen la obligación de informar el cumplimiento que den a la medida aquí decretada, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al momento en que sean notificadas de este proveído, con el apercibimiento que de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Comuníquese a las autoridades que a efecto de que estén en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento urgente hecho por esta autoridad, tienen a su disposición el número telefónico de guardia 2224593590 y el correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remitan las constancias de donde se advierta que los quejosos han tenido, en su caso, comunicación con sus familiares, abogado o persona alguna, previniendo a las autoridades que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...)." Así también, hágase del conocimiento de las responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe en el término fijado, se les impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente; lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata mediante oficio y/o correo electrónico el contenido de esta resolución a las autoridades responsables. Dígase al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que se envía, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada, se le impondrá al encargado, como a la autoridad responsable, multa de mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, todo lo cual el fedatario asentará razón en autos; además, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa, y por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente respecto del amparo promovido en nombre de los directos quejosos, se ordena al actuario requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación de este proveído o por escrito dentro de los tres días siguientes, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su nombre, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias decretadas a su favor, asimismo ratifiquen si es su deseo señalar como autorizada en términos amplios a la promovente de la demanda Mónica Vázquez Hernández. En la inteligencia de que se otorgan amplias facultades al actuario para que en caso de no localizar a los quejosos en el lugar señalado, pero sea informado por personal alguno, el lugar en donde están, sin mayor acuerdo se constituya en dicho lugar y lleve a cabo la diligencia encomendada, para lo cual se ordena expedir dos oficios con el nombre de la autoridad responsable en blanco a efecto de que, en caso de ser necesarios, se asiente la denominación correspondiente, y sin necesidad de emitir nuevo acuerdo se notifiquen. Ahora, tomando en consideración que la petición de amparo no la formulan directamente los quejosos y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman, se ordena a la autoridad responsable para que de suceder esto, permita al actuario el acceso a sus registros de trabajadores o visitantes e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyo nombre sea similar al de los quejosos, a fin de que se localicen a los impetrantes de amparo y se dé fe del lugar y las condiciones físicas visibles en las que están, so pena de incurrir en responsabilidad penal, en términos de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En aras de proteger los intereses del menor en este asunto, e impedir que sus derechos se vean manipulados por quien promueve el juicio de amparo a su nombre, con apoyo en el artículo 8 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en Puebla Capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación designe dentro del personal a su cargo, a un representante capacitado para que pueda actuar en el presente juicio en tutela de los derechos del menor de iniciales D.I.P.P., y lo haga comparecer ante este Juzgado Federal, para los efectos de aceptación, protesta y discernimiento de cargo conferido; o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Apercibida que de no cumplir en el término indicado se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veitidós, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.1°C.8. K (10ª) Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto 2014, Tomo III, Décima Época, pagina 1847, de rubro: "MENORES DE EDAD. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO OPERA CUANDO ÉSTOS SEAN LA PARTE QUEJOSA Y BAJO EL ENTENDIDO DE QUE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, DEPENDERÁ DE QUE EL JUZGADOR LO ESTIME NECESARIO EN RAZÓN DEL ESCRUTINIO MINUCIOSO QUE HAGA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la promovente, dígasele que se acordará lo conducente hasta en tanto los quejosos ratifiquen la demanda de amparo promovida a su favor. Toda vez que señala usuario para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica que podrá consultar a través del usuario <<MONISANZ08>>. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE proceda realizar las anotaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para permitir el acceso al expediente electrónico al usuario <<MONISANZ08>>. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa el correo electrónico que menciona en su escrito de cuenta, el cual servirá para entablar comunicación no procesal. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad deberá asentar la razón respectiva. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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