Yeni Victoria Hau Maldonado

Expediente 530/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
530/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Yeni Victoria Hau Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigor, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el veintiséis de junio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/2870/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado de los autos y nuevamente el informe justificado rendido por la Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta Umán, así como las constancias que acompañó al mismo, se advierte que dicho Juzgador manifestó la inexistencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de dar contestación al memorial de fecha trece de febrero actual suscrito por la aquí quejosa en el cual le solicitaba fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en las diligencias de jurisdicción voluntaria del índice de la autoridad, no obstante a lo anterior, la responsable manifestó que si existen dos memoriales de fecha trece de enero de la anualidad en curso en los que se había solicitado que se desahogara audiencia preliminar en el expediente de origen, a los cuales la juez de conocimiento tuvo a bien dar contestación por proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete. Ahora bien, se trae a colación que el veintiséis de abril de la presente anualidad, la quejosa Yeni Victoria Hau Maldonado, presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual se turnó el mismo día a este Juzgado. En dicha demanda, la promovente reclamó del Juez responsable, la omisión de dar contestación a la solicitud que efectuó mediante memorial de fecha trece de enero y presentado el veintiuno de febrero siguiente de la presente anualidad. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Como se ha dicho, de las constancias que el Juez Segundo Mixto responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad dictó un proveído el nueve de marzo del año en curso, en el que, atendiendo a lo solicitado por la aquí quejosa, dio contestación al memorial en el que le solicitaba fijar fecha y hora para la audiencia preliminar; asimismo. Por tanto, se concluye que acuerdo aludido, fue dictado en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito, esto es, el veintiséis de abril del año en curso; en consecuencia, el acto reclamado consistente en la negativa de proveer sobre la solicitud de la quejosa realizada mediante memorial de trece de enero del presente año, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que la quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la negativa reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta se había dictado el proveído correspondiente en el juicio de origen; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de sus derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la copia certificada del acuerdo de nueve de marzo del año en curso, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por otra parte, cabe puntualizar que este Juzgador Federal no desatiende el contenido del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." El párrafo segundo del numeral transcrito prevé expresamente que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia, no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días. A primera vista, el contenido del numeral en comento conduce a sostener que, en todos los juicios de amparo, cuando se advierta oficiosamente una causa de improcedencia que no hayan alegado las partes, debe darse vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Interpretada en dicho sentido, la norma en examen lleva a concluir que es ilegal sobreseer en el juicio de amparo si se advierte oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia que no alegó ninguna de las partes y respecto de la que no se le dio vista a la parte quejosa antes de resolver para que alegara lo que a su interés conviniera. Sin embargo, si se examina con detenimiento el contenido del numeral en estudio, se arriba a una conclusión distinta. En efecto, el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo prevé una obligación que requiere de la concurrencia de dos condiciones para su actualización, como se ve a continuación: Obligación: Dar vista a la parte quejosa por tres días cuando se advierta una causa de improcedencia de manera oficiosa. Primera condición: Que ninguna de las partes haya alegado, propuesto o hecho valer la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo. Segunda condición: Que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Se dice que las condiciones precisadas deben concurrir necesariamente para que se actualice la obligación de dar la vista a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, en virtud de que están redactadas en sentido negativo en el texto legal y están unidas por la conjunción copulativa "ni", que funciona como enlace de palabras o frases que denotan negación. De ese modo, como una de las condiciones aludidas para que se actualice la obligación comentada consiste en que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito. Ello es así, dado que las autoridades acabadas de mencionar son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito. En esa tesitura, la interpretación del artículo 64 de la Ley de Amparo revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa que ahí se contiene únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte -Pleno o Salas- y Tribunales Colegiados de Circuito), dado que ese medio de impugnación constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, proviene de un órgano jurisdiccional inferior, a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a Vladimir Esparza Zapata, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...

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