Yeni Lucero Contreras Pérez y Otros.
Expediente 1355/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Yeni Lucero Contreras Pérez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio firmado por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por medio del cual acusa recibo del oficio 24188/2023, con el cual se le devolvió el original del toca ********************, del índice de la citada Sala, en un tomo y otro más del expediente ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta, en atención a su contenido este juzgado queda enterado que la autoridad oficiante recepcionó las documentales antes descritas. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de once de septiembre de este año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Yeni Lucero Contreras Pérez, por sí y en representación de Luis Fernando y Diana Laura Contreras Pérez, Marlene Pérez Ramírez y Erika Pérez Ramírez. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Tomando en consideración que el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, remitió en apoyo a su informe justificado el original del toca 349-A-1C03/2022, del índice de la citada Sala, en un tomo y otro más del expediente 178/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas; se orden devolverlos a la citada autoridad, toda vez que las mismas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido; solicítese a la mencionada autoridad, el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el escrito firmado por Yeni Lucero Contreras Pérez, por medio del cual refiere desahogar la prevención realizada en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención al contenido del escrito de cuenta, procede lo siguiente: Causa de Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lo siguiente: La resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil 349-A-1C03/2022, consecutivo II, por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que revocó la interlocutoria de veintisiete de marzo de este año, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones derivado del juicio sucesorio intestamentario 178/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas y ordenó declarar nula la notificación de la radicación del juicio de cinco de abril de dos mil diecinueve, practicada a Amalia Hernández Gómez, dejando insubsistente todas las actuaciones que emanaron de dicha diligencia, incluyendo el auto declaratorio de herederos, junta de herederos y nombramiento de albacea, así como lo actuado en la segunda sección de inventario y avalúo. Acto respecto del cual, se estima que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Previo a analizar la causa de improcedencia advertida, resulta necesario precisar algunos antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden de las actuaciones realizadas dentro del toca civil 349-A-1C03/2022, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como las relativas al juicio sucesorio intestamentario 178/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, remitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al declinar competencia para conocer del juicio de amparo 578/2023, de su índice. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º., segundo párrafo, pues se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al efecto, resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Constancias que, una vez analizadas sirven de apoyo para la emisión de la presente determinación y de las que se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: El dos de abril de dos mil diecinueve, radicó la demanda promovida por Yeni Lucero Contreras Pérez, en la que promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto Aniceto Contreras Vázquez; por lo que el juez de origen ordenó el emplazamiento de Amalia Hernández Gómez, progenitora de diversos menores, así como a Marlene Pérez Pérez, progenitora de otro menor, para hacer valer sus derechos respecto de la parte alícuota de la masa hereditaria (fojas 18 y 19). 2. Seguida la etapa procesal relativa, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó el auto declaratorio de herederos de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se tramitó la primera sección del citado juicio sucesorio intestamentario y declaró como únicos y universales herederos a Yeni Lucero Contreras Pérez, Diana Laura Contreras y a los menores A.E.C.P., E.Y.C.P., L.F.C.P., A.M.C.H., J.D.C.H., y L.J.C.P., citando a Yeni Lucero Contreras Pérez, Diana Laura Contreras a la junta de herederos (fojas 53 a 59). 3. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Junta de herederos y nombramiento de albacea (foja 88). 4. En acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, se procedió a cerrar la primera sección en el citado juicio intestamentario y se ordenó la apertura de la segunda sección de inventario y avalúos (foja 91). 5. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, Amalia Hernández Gómez, hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones (fojas 1 a la 38, del incidente); el cual se admitió a trámite el veintiuno siguiente (fojas 39 y 40). 6. Seguida la secuela procesal respectiva, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, determinó declarar improcedente el referido incidente (fojas 108-121, del incidente). 7. Inconforme con dicha resolución, Amalia Hernández Gómez, interpuso recurso de apelación (fojas 122-141, del incidente); mismo que correspondió conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo el toca civil 349-A-1C03/2022, en el que determinó revocar la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, y, declaró procedente el incidente de nulidad planteado y, como consecuencia, nula la notificación de la radicación del juicio de cinco de abril de dos mil diecinueve, practicada a Amalia Hernández Gómez, dejando insubsistente todas las actuaciones que emanaron de dicha diligencia, incluyendo el auto declaratorio de herederos, junta de herederos y nombramiento de albacea, así como lo actuado en la segunda sección de inventario y avalúo. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado En mérito a lo anterior, como quedó precisado, respecto la resolución reclamada, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 107, fracción V, de la citada Ley. De una interpretación de tales preceptos legales, se desprende que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación; esto es, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otras palabras, el juicio de garantías indirecto sólo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Cabe señalar que tratándose del juicio sucesorio, por ser un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que se integra de cuatro etapas (independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado), los actos intermedios que se lleguen a dictar en las primeras tres; es decir, en la de sucesión, inventarios y administración, sólo son reclamables hasta la última resolución que decida sobre las mismas, a través del juicio de garantías indirecto, con excepción de aquellos que afecten derechos sustantivos; esto es, que puedan tener una ejecución de imposible reparación. Mientras que respecto de la cuarta sección, relativa a la de adjudicación de los bienes, la última resolución será reclamable por medio del amparo directo, supuesto en el cual también podrán impugnarse las violaciones que se hubieran dado durante el procedimiento respectivo. Resulta aplicable, el criterio contenido en la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte y que es del tenor literal siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo". En la especie, como quedó precisado con anterioridad, la parte quejosa precisó como acto reclamado la resolución dictada el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el toca civil 349-A-1C03/2022, consecutivo II, del índice de la citada Sala, por medio de la cual se revocó la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones relativo al juicio sucesorio intestamentario 178/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, declarando nula la notificación de la radicación del juicio y dejando insubsistente todas las actuaciones que emanaron de la diligencia, incluyendo el auto declaratorio de herederos, junta de herederos y nombramiento de albacea, así como lo actuado en la segunda sección de inventario y avalúo. Así, como se dijo, el auto motivo del reclamo, no puede considerarse que tenga una ejecución de imposible reparación, para que el juicio de amparo sea procedente, en términos de lo establecido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino que sólo constituye, en su caso, una infracción al procedimiento que debe ser reclamada al momento de promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en la etapa correspondiente, toda vez que a través de la resolución reclamada únicamente se resolvió sobre la legalidad de la notificación practicada el cinco de abril de dos mil diecinueve, pero ello no implica que pueda obtener una resolución favorable, puesto que se reitera el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, contra la cual fuera procedente, en este momento, el juicio de amparo, ya que, como quedó expuesto, a través de ella, se resolvió sobre la legalidad de una notificación practicada a Amalia Hernández Gómez. Determinación que, a juicio de esta juzgadora, no se afectan derechos sustantivos, que impidan el ejercicio de los derechos de propiedad sobre los bienes de la masa hereditaria, o que se obstaculice la oportuna defensa; ya que, como quedó precisado, en la resolución reclamada no se están desconociendo a la parte quejosa derechos de formar parte en la contienda de origen; contrario a esto, se resolvió sobre la legalidad de la notificación practicada el cinco de abril de dos mil diecinueve a diversa parte en la contienda, en la segunda etapa del juicio natural; y, la imposición del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, no implica violación al derecho de acceso a la justicia, en virtud de que los tribunales están obligados a observar y vigilar el debido cumplimiento de todas las formalidades del procedimiento, lo cual no implica una violación al derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, ello no implica imposibilidad de que la parte quejosa pueda ejercer los derechos que estime pertinentes al momento de que concluya la fase relativa; o que, en su caso, la resolución que se dicte en la conclusión de la referida fase procedimental correspondiente, pueda ser favorable a sus intereses y que a la postre, la posible afectación desaparezca sin dejar huella en su esfera jurídica; y, para el caso de obtener un fallo adverso a sus intereses, lo pueda reclamar al momento de promover el juicio de amparo indirecto contra la resolución que le ponga fin a la primera fase de la controversia de origen. Por lo que, si el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales, en virtud de que la subsistencia de la afectación depende de que llegue a trascender al resultado del fallo en la etapa correspondiente; y, para el caso de no ser favorable ésta a sus intereses, dicha violación puede ser impugnada a través del juicio de amparo que se promueva contra la determinación que resuelva la primera sección del juicio sucesorio, resulta evidente que, el acto por esta vía reclamada, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, que hagan procedente el presente juicio de amparo. Desechamiento. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Yeni Lucero Contreras Pérez, por sí y en representación de Luis Fernando y Diana Laura Contreras Pérez, Marlene Pérez Ramírez y Erika Pérez Ramírez, contra el acto que reclama de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Finalmente, para la debida integración del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, intégrese de manera electrónica con las constancias relativas al acto reclamado; para tal efecto, se ordena a la oficial de partes adscrita a este órgano de control constitucional, realice la digitalización de las referidas constancias, para que se integren al expediente electrónico en mención. NOTIFÍQUESE DE FORMA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma de forma electrónica Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta firmado electrónicamente con evidencia criptográfica del Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, contra la resolución incidental de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida en el presente incidente de suspensión; mismo que quedó registrado bajo el número 631/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad informando la admisión del recurso en cita y acusando el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las anotaciones en los libros electrónicos correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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