Yeni del Carmen Ríos Bello
Expediente 903/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yeni del Carmen Ríos Bello
Actuaciones
- Principal
Principal 122/2020-II Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 CARLOS ADAN PIZA CORTEZ revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario, el catorce de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, NIEGA Y AMPARA a la parte quejosa HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, a través de su apoderado legal José Fernando Ríos Rodríguez, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la carta poder que exhibe, contra actos del Tribunal Laboral, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 903/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]" Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo toda norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio biinstancial, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía indirecta. Ahora bien, a fin de evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que en el capítulo de autoridad responsable y actos reclamados, el promovente manifestó en lo que interesa lo siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- a). - TRIBUNAL LABORAL CON SEDE EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- Consistente en la indebida determinación de la autoridad responsable de imponerme la obligación de solventar la mitad del pago de los honorarios del perito que la propia responsable designó para emitir dictamen por ambas partes dentro del proceso primario 12/2023, pues dicha determinación violenta el derecho humano de mi representada a recibir justicia pronta, expedita gratuita, que se encuentra estipulado en el artículo 17 Constitucional, así como los principios procesales del derecho del trabajo que son la celeridad procesal y la gratuidad del proceso contemplados en los artículos 19 y 685 de la Ley Federal del Trabajo. b).- La omisión de fundar y motivar la determinación de imponerme la obligación de solventar el pago de la mitad de los honorarios del perito que el propio Tribunal Laboral designó en las materias de GRAFOSCOPÍA, GRAFOMETRÍA, DOCUMENTOSPIA y DACTILOSCOPÍA, ya que dicha omisión de fundar y motivar su determinación violenta el derecho humano a la Legalidad y Seguridad Jurídica contemplada en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, al narrar los antecedentes de los actos reclamados, en lo que interesa manifestó: VII.- ANTECEDENTES.- MANIFIESTO QUE SON ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Y FUNDAMENTADO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN los siguientes: H E C H O S: Mi representada presento demanda laboral en contra de GRUPO SALUD ZIHUATLAN, S. A. DE C. V., a quien demando como acción principal el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias, derivado del despido injustificado del que fue objeto, por lo que el asunto es de carácter laboral. La autoridad responsable admitió a trámite la demanda y le asignó el número de expediente 12/2023, asimismo ordenó emplazar al demandado para que diera contestación a la demanda laboral en el término de 15 días. Por lo que el demandado dio contestación a la demanda en la que exhibió diversas documentales imputando a esta parte actora su autoría, y ofrecieron su prueba pericial, posteriormente esta parte actora nos dan vista de la contestación de la demanda formulando la réplica correspondiente objetando de falsas las documentales y ofreciendo prueba pericial en las materias de GRAFOSCOPÍA, GRAFOMETRÍA, DOCUMENTOSPIA y DACTILOSCOPIA, posteriormente se señaló fecha para la audiencia preliminar a celebrarse con fecha ocho de agosto del año 2023 en el desahogo de la referida audiencia preliminar, se depuró el procedimiento, por lo que, se admitieron y desecharon las pruebas que el Tribunal responsable consideró prudentes, admitiendo en dicha audiencia la prueba pericial a las partes en las materias de GRAFOSCOPÍA, GRAFOMETRÍA, DOCUMENTOSPIA y DACTILOSCOPIA, en el que determinaron la responsable que los honorarios del perito que sea designado para tal efecto deberá de ser acosta de las partes de juicio, apercibiendo que de no serlo así, se declarara la deserción de la probanza pericial, en esa misma audiencia, el apoderado legal de la parte actora, le señaló al juez que se oponía al pago que deberá hacérsele a la perito que sea designada por la responsable y que no estaba de acuerdo en que esta parte actora (trabajadora) pague dicho dictamen, ya que la actora carece de recursos económicos, además se le señaló que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y es su derecho humano de recibir justicia gratuita, se podía exentar de dicho pago, y que el Tribunal Laboral debería de tomar las medidas necesarias para que la parte actora no quedara en estado de indefensión, por lo que solicito un término legal para acreditar que la actora (parte obrera) no cuenta con los medias económicos, por lo que la responsable determino que no había lugar a lo solicitado por esta parte actora ya que ese Tribunal que preside no cuenta con recursos para sufragar los gastos de la perito que el propio Tribunal designe. Derivado de lo antes mencionado, y encontrándose en el término genérico de tres días que dispone el artículo 735 de Ley Federal del Trabajo, con fecha 09 de agosto del 2023, se presentó un escrito solicitando que se corrigiera el error de imponerse la obligación de cubrir la mitad de los honorarios de la perito y me exentaran de dicho pago, esto en razón de que la actora es una persona de escasos recursos que por encontrarse desempleada no tiene solvencia económica para cubrir el pago de la perito, además de que es un hecho notorio que dentro del juicio tiene el carácter de trabajadora y que se trata de un juicio laboral, quien lo solicita es la parte obrera, que la actora es una persona adulta mayor y que se quedó sin un empleo para poder subsistir, por lo que es evidente que es una persona de escasos recursos económicos, aspecto que debió ponderar la responsable al imponerme la carga de pagar la mitad de los honorarios de la perito, puesto que se trata de la realidad que percibe la autoridad. Asimismo para acreditar lo anterior se exhibió bajo protesta de decir verdad como PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA una constancia de escasos recursos de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, debidamente suscrita por el SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, misma que anexo en original. Por lo que el Tribunal responsable determinó acordar no favorable la solicitud hecha por la actora ni le dio el valor a la constancia exhibida, lo que sin duda violenta su derecho humano a recibir justicia gratuita, pues dicha obligación de imponerme el pago de los honorarios del perito, es una condicionante para poder acceder a la justicia que busca, es por ello que acudo a este órgano de legalidad, para efecto de que ordene al Tribunal responsable actúe conforme a derecho y se exente del pago de honorarios del perito a la hoy quejosa parte actora del juicio principal, pero además para que se abstenga en el proceso de declarar la deserción de la prueba pericial, pero este aspecto lo va a realizar de forma inminente en el dictado de la sentencia." De lo anterior, se desprende que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que de lo narrado en el capítulo de antecedentes, se aprecia que la quejosa figura como parte actora en el juicio laboral 12/2023, promovido en contra de Grupo Salud Zihuatlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que en la audiencia preliminar de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió entre otras pruebas la pericial en materia de grafoscopía, grafometría, documentospia y dactiloscopia, determinando la autoridad responsable que los honorarios del perito deberán ser cubiertos por las partes, y las apercibió que de no hacerlo, se declarara la deserción de dicha probanza; y en ese orden de ideas, dicho acuerdo constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. De los antecedentes apuntados se obtiene que el acto reclamado por su naturaleza es meramente de carácter intraprocesal, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, y que tiene que ver con las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio natural, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental -ya que la única consecuencia sería que el juicio natural continuara hasta el dictado del laudo, mismo que incluso puede serle favorable-, lo que es así, ya que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, las que únicamente son susceptibles de impugnación -como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale en el laudo como acto reclamado. Ilustra al respecto la jurisprudencia número P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, correspondiente a agosto de 1992, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Tal es el espíritu de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado en el 170 de la Ley de Amparo, el cual se constituye como un fiel reflejo de la voluntad legislativa que ha querido que los procedimientos comunes no se vean interrumpidos con la constante interposición de juicios de amparo, consagrando además, a la instancia constitucional como un medio de defensa realmente extraordinario, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/49, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 426, tomo VI, segunda parte-1, julio a 16/05/24 diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos". De esta forma, los actos en juicios susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afecten derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna. Así, tratándose de actos intraprocesales, estos excepcionalmente serán reclamables en amparo indirecto, cuando realmente ocasionen una repercusión en los derechos sustantivos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe revisarse minuciosamente cada uno de ellos para razonar si reúnen tal exigencia. En el mismo criterio, en jurisprudencia P./J.4/2001, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cuestiones sostuvo que en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta y de inmediato algún derecho sustantivo y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir la procedencia del amparo indirecto o el uniinstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Pues bien, atento a los antecedentes del caso relatados con anterioridad, se advierte que el acto reclamado podría ser combatido en el amparo directo en el que se impugne el laudo pronunciado, pudiendo reclamar allí todas las violaciones cometidas durante su sustanciación o en el propio fallo, a condición de que esas violaciones trasciendan al resultado obtenido. Sentado lo anterior, también debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia advertida en el caso concreto resulta indudable, porque como se anticipó, es acorde con el artículo 172 de la ley de la materia que establece un catálogo de hipótesis en las que se consideran violadas las leyes del procedimiento y se ven afectadas las defensas del promovente. Entre ellas, existe una específicamente aplicable al supuesto que ahora se reclama, prevista en la fracción III del dispositivo en cita, la cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]" En concordancia con todo lo anterior, el acuerdo emitido en la audiencia preliminar de ocho de agosto del presente año, celebrada en el juicio laboral 12/2023, en el que se admitió entre otras pruebas la pericial en materia de grafoscopía, grafometría, documentospía y dactiloscopía, y se determinó que los honorarios del perito serán cubiertos por las partes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará la deserción de dicha probanza, mismo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, sólo deja ver que se trata de una cuestión meramente procesal que no puede ser combatida a través del amparo indirecto, ya que por su naturaleza no es un acto de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 207, Tomo XII, Julios de 1993, Octava Época, del 16/05/24 Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Se arriba a la anterior determinación, habida cuenta que la LEY DE AMPARO VIGENTE EN SU ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE SON AQUELLOS QUE PRODUCEN UNA AFECTACIÓN MATERIAL A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES, sin que exista la posibilidad de encuadrar dentro de este concepto los actos que produzcan efectos meramente formales, aun cuando se trate de una violación en grado predominante o superior que anterior a la reforma establecía la jurisprudencia, atendiendo a que el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En efecto, esa ley no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, por lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza, así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable en los siguientes supuestos: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Con base en esas reglas, se admitía -por ejemplo- la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio lo procedente sería el amparo directo. Sin embargo, la Ley de Amparo vigente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación, en los siguientes términos: ".actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Máxime que el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso concreto, se insiste, el derecho que en todo caso podría llegar a afectársele a la parte quejosa es de naturaleza adjetiva o procesal, pero de ninguna manera implica una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución y los Tratados Internacionales como la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado el diverso numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Enrique Rodríguez Zapata, Fredd Hernández Rosas, Yinmy Pineda Almazán e Isis Mónica Chávelas Chávelas, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "LicFernandoRios", corresponde a José Fernando Ríos Rodríguez. En consecuencia, como lo solicita expresamente el promovente, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, y se ordena notificarle las actuaciones de carácter personal, vía electrónica, para los efectos legales conducentes. Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Asimismo, se le tiene proporcionando correo electrónico y para establecer contacto. Se exhorta a las partes para que las promociones que se presenten en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, deberán estar escaneadas de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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