Yenedith Barrientos Santiago

Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Yenedith Barrientos Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado electrónicamente por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envía copia certificada del testimonio de la sentencia dictada en el recurso de queja laboral 138/2022, interpuesto por José Alberto Jaimes Saldaña, en su carácter de autorizado de la quejosa Yenedith Barrientos Santiago, en contra del proveído de veintiuno de junio del año en curso, emitido en el sumario constitucional en que se actúa; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el Tribunal de Alzada por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja este a que toca se refiere." Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales correspondientes y dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el mismo. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso b), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15, del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por José Alberto Jaimes Saldaña, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, en contra del proveído dictado el veintiuno de junio del año en curso, por el que este Juzgado Federal desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado como recurso de queja 138/2022. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a uno de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por José Alberto Jaimes Saldaña, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de junio del año en curso, por el que este Juzgado Federal desechó la demanda de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee y remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito, que por turno y materia corresponda, el original y copia de éste, así como copia certificada de las totalidad de las constancias que integran el expediente para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó el auto que reclama. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por ****, personalidad que acredita en términos de la documental que para tal efecto exhibe, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 611/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C" encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, previo a resolver sobre la admisión de la demanda de garantías que nos ocupa, debe tenerse en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro a la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, de un cabal análisis a la demanda que se provee y sus anexos, se tiene que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, lo siguiente: "La resolución interlocutoria de fecha 25 de mayo de 2022" dictada por la H Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero, dentro del expediente laboral 297/2019, mismo que viola en perjuicio de mi representada las Garantías Constitucionales de Seguridad Jurídica y Legalidad; así como los Principios que mandatan que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado y que debe ser congruente y exhaustivo con todo lo que se le pide, los cuales están consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos." Luego, este juzgado federal estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto;". Los numerales transcritos establecen que el amparo procede tratándose de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin embargo ello exige que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepte, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2009721, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Lo resaltado no es de origen. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada respecto de la resolución interlocutoria reclamada en la que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, determinó procedente el incidente de competencia, que interpuso la parte demandada en el juicio de origen, ordenando remitir los autos de los juicios laborales 479/2018 y 297/2019 de su índice, al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Así, dicha determinación de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, ya que aún no constituye un acto definitivo, en virtud de que la autoridad a favor de la cual se está declinando el conocimiento del asunto en cuestión, tiene que analizar y decidir si acepta o no la competencia respectiva, y por ende, la determinación combatida no produce una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos del gobernado, sino que ello ocurrirá cuando la autoridad ante la cual se decline la competencia, acepte conocer de dicho asunto, por lo que es hasta ese momento en que se producirían consecuencias no reparables, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. Así, de conformidad con el contenido del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede en contra de actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto a otra distinta. Sin embargo, en una cuestión de competencia están involucrados por los menos dos autoridades, lo cual implica que cada una tenga que pronunciarse respecto a si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra, por lo que, si bien, en dicho numeral no se especifica que el amparo indirecto es procedente hasta que la determinación de incompetencia sea definitiva, lo cierto es que ello no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades vayan tomando durante el trámite de esas cuestiones, pues si fuera así, lo sería en contravención de los principios rectores del juicio de amparo contenidos en nuestra Carta Magna y podría ocasionarse un abuso a la promoción del amparo indirecto por parte de los gobernados, aun al retardo en la impartición de justicia. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, resulta necesario que el acto de autoridad en el que se decline la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando dicha autoridad acepte o bien rechace la competencia y no antes, pues se reitera, es hasta ese momento cuando se produce la violación personal y directa del acto reclamado; ello, sin soslayar que para la interposición del juicio de amparo indirecto será necesario agotar los medios de defensa que prevea la legislación aplicable al caso, en cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 22, Tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2009912, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." En ese contexto, al declarar procedente el incidente de competencia planteada por la parte demandada en el juicio de origen, no afecta la persona o en sus bienes de la parte quejosa y precisamente el juicio de amparo tiene por objeto proteger al promovente frente a un menoscabo que en su persona o bienes pueda resultarle del acto reclamado, lo cual no se observa que vulnere sus derechos. De suerte que esta juzgadora Federal en el caso particular, estima que la resolución reclamada, no constituye un acto susceptible de reclamarse, en términos de la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, no generan en forma inmediata y directa una afectación de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 del propio ordenamiento SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a César Alonso Navor, Hegel Mariano Ramírez, José Alberto Jaimes Saldaña, Juana Mendoza Urbano, Lenin Ramírez López, Rosa Linda Martínez Oliveros, Irving Antonio Zurita y Lizbeth Oliveros Martínez y Carlos Román Medina toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio se tiene como punto de contacto el correo **** que la parte quejosa proporcionó en su escrito de demanda. Asimismo, como lo solicita se autoriza el uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos con el objeto de tomar placas fotográficas de los autos que obran en el presente asunto, lo anterior con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sustenta a lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En otro contexto, con fundamento en el numeral 3, de la Ley de Amparo y los artículos 772, 793 y 934 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se les autoriza consultar el presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, a los usuarios "****", que corresponden a **** respectivamente, lo que se verificó en la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, sin perjuicio de que, por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA OFICIAL JUDICIAL A, ENCARGADA DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.), A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". En términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como son un correo electrónico o teléfono móvil; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. Se hace saber a las partes que en caso de que requieran consultar físicamente el expediente, deberán generar una cita, lo que podrán realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del citado Acuerdo General 21/2020. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional y con apoyo además en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento a la parte tercera interesada, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este asunto, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del citado Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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