Yendi Nayeli Gomez Bouchot
Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Yendi Nayeli Gomez Bouchot
Actuaciones
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II, y 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Finalmente, de conformidad con el numeral 280 de Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se deja a disposición de la parte quejosa, los documentos que exhibió con su demanda de amparo, en el entendido que cuando se presente a su recolección deberá dejarse certificación de desglose, previa toma de razón que por su recibo asiente en autos; apercibida que de no presentarse a recogerlos en el término de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, serán destruidos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II, y 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Finalmente, de conformidad con el numeral 280 de Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se deja a disposición de la parte quejosa, los documentos que exhibió con su demanda de amparo, en el entendido que cuando se presente a su recolección deberá dejarse certificación de desglose, previa toma de razón que por su recibo asiente en autos; apercibida que de no presentarse a recogerlos en el término de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, serán destruidos.
- Principal
téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual, la quejosa ******* solicita la devolución de todos y cada uno de los documentos que exhibió con su demanda de amparo. Al respecto, dígase a la promovente que una vez que cause estado la determinación de seis de marzo de dos mil veintitrés, por la que desechó su demanda de amparo, se proveerá lo conducente. Por cuanto hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, correos electrónicos y autorizados, deberá estarse a lo acordado en auto de seis del mes y año en curso, en el que se proveyó lo conducente.
- Principal
VISTA la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 219/2023-I. or tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. En el presente caso de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Calle ********************, colonia ********************, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal ********************, a pesar de encontrarse pagados en tiempo y forma los recibos de luz con número de servicio: ******************** y número de medidor: ********************. Una vez precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del contenido de la tesis PXXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad, según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se expone en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." También resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, página 1008, que es del siguiente epígrafe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Por otro lado, es menester señalar que la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 4° y 45, así como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, numerales 2°, 3°, 5°, fracción III, 7° y 118 disponen: Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 4. El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia." "Artículo 45. La comercialización comprende una o más de las siguientes actividades: Prestar el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales; II. Representar a los Generadores Exentos en el Mercado Eléctrico Mayorista; III. Realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta Ley, en el Mercado Eléctrico Mayorista; IV. Celebrar los contratos referidos en el artículo 97 de esta Ley, con los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado; V. Adquirir los servicios de transmisión y distribución con baseen las Tarifas Reguladas; VI. Adquirir y enajenar los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico, con la intermediación del CENACE, y VII. Las demás que determine la CRE (Comisión Reguladora de Energía)." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. . III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; ." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. .Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." Del análisis sistemático de los preceptos legales citados, se colige que el suministro eléctrico es un servicio de interés público cuya generación y comercialización se prestan en un régimen de libre competencia; entre las actividades que comprende la comercialización está la prestación del servicio a los usuarios finales. Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad tiene la naturaleza jurídica de una empresa productiva del Estado propiedad del Gobierno Federal, con los atributos de tener personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, se rige por la ley que lleva su denominación, por su reglamento; además, el derecho mercantil y civil son las normas supletorias. Igualmente, se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto, entre otros, la comercialización de la energía eléctrica para lo cual cuenta con la capacidad jurídica de celebrar con el gobierno Federal, personas morales o físicas toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito, por mencionar algunos, pudiendo incluir en ellos cualquiera de los términos previstos por la legislación mercantil; por último, es importante destacar que las controversias en que sea parte la Comisión y se susciten al interior de la Nación, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales de la Federación cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de ellos los jueces y tribunales del orden común, con independencia de que se resuelvan por medios alternos de solución de controversias conforme a la legislación mercantil y tratados internaciones en que sea parte el Estado mexicano. En efecto, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado sujeta a la ley especial que la regula y en segundo orden, al derecho mercantil y civil; de manera que para cumplir con su objeto de comercializar energía eléctrica, -por ser el que interesa al caso- debe celebrar los actos jurídicos necesarios como contratos, suscripción de títulos de crédito, entre otros; por ende, las controversias que se susciten con motivo de aquéllos se deben ventilar en juicio ordinarios ante la potestad federal competente. Conforme a lo anterior la relación que existe entre el usuario del servicio y la Comisión Federal de Electricidad nace de un contrato mercantil, en el seno de una relación de coordinación, como particulares; por consiguiente, dicho organismo no actúa en un plano superior ya que no modifica, crea o extingue por sí y ante sí una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución coercitiva de esa decisión, o bien por ambas; esto es, no constituye un acto de autoridad propiamente dicho, al no tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En ese sentido, los actos reclamados que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, carecen del atributo de ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su actuar no se basa en una relación de supra a subordinación con la promovente del amparo, sino que se trata de una relación de coordinación entre particulares para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuyo origen es un contrato celebrado entre ellos, en el que como refiere asumió derechos y obligaciones. Así, la solución de una controversia derivada de la comercialización del servicio de energía eléctrica, como lo es, el corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Calle ********************, colonia ********************, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal ********************, a pesar de encontrarse pagados en tiempo y forma los recibos de luz con número de servicio: ******************** y número de medidor: ********************, debe resolverse mediante la vía mercantil correspondiente, ante los tribunales competentes. Lo anterior es así, ya que de los propios antecedentes que señala la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente de los pagos y no tiene adeudo alguno respecto del servicio de energía eléctrica del cual dice, es suministrado en el domicilio que refiere; de ahí que es inconcuso que esos actos derivan de un contrato de suministro de energía eléctrica, y por ende, como se dijo, deberá resolverse en la vía que corresponde. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 50, enero de 2018, tomo I, página 336, que al epígrafe dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Así como la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1338, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]." Ello, porque no se actualiza una excepción relativa a que los actos reclamados estén fuera de lo estipulado y aceptado por las partes en el contrato de suministro de energía eléctrica a que se obligó el usuario con la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, es dable concluir que los actos exclusivamente relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario de tal servicio, sino una relación de coordinación entre la empresa suministradora y los particulares, pues el señalado organismo no actúa con imperio, característica de los actos de autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 1º, fracción I y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la presente demanda de amparo, promovida por ********************. Sin que se inadvierta que la promovente de amparo, argumente que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación al no constar dicha orden por escrito e invoque la jurisprudencia con Registro digital: 2012256, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", cuyo criterio establece que cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen actos de la Comisión Federal de Electricidad que derivan en el corte del suministro de energía eléctrica y se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que carecen de fundamentación, al no constar por escrito, el Juez de Distrito debe tener por presuntivamente ciertos los hechos narrados y no desechar la demanda con motivo de la eventual existencia de la causa manifiesta e indudable de improcedencia, consistente en el incumplimiento al principio de definitividad, por no haberse agotado previamente el juicio contencioso administrativo. Sin embargo, no es dable tomarla en consideración, puesto que existe criterio jurisprudencial 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclaman actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte de suministro, por lo que resulta incuestionable que la existencia de dicha jurisprudencia constituye, como regla general, una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo, tal y como se estableció en párrafos precedentes. Asimismo, no se soslaya el diverso criterio jurisprudencial invocado por la parte quejosa de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DESECHARLA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL Y COMO ACTO DE APLICACIÓN EL CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O ALGÚN OTRO ACTO DERIVADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO RESPECTIVO, YA QUE EN TAL SUPUESTO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PUEDE TENER, DE FORMA EXCEPCIONAL, EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 30/2018 (10a.)]."; sin embargo, el mismo no resulta aplicable al caso en estudio, en virtud de que el acto reclamado no se ubica en el caso de excepción establecido para que la Comisión Federal de Electricidad sí puede ser señalada como autoridad responsable; ello, toda vez que la parte quejosa no impugna el corte de energía eléctrica, derivado de la aplicación de una norma general cuya inconstitucionalidad pretenda combatir. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ********************, colonia ********************, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal ********************. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que menciona, quienes podrán gozar de las amplias facultades que les concede el numeral 12, de la Ley de Amparo, siempre y cuando demuestren que tienen su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. También, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a la promovente y sus autorizados, para los fines que precisa. Adicionalmente, se tiene a la promovente proporcionando los correos electrónicos: oscar_flores_7@gmail.com y i_abraham_daniel@hotmail.com; para efecto de entablar comunicación no procesal, en los casos que se considere necesario, sin que tales medios se tengan para efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla.
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