Yelson Fabricio Pancho Cuellar

Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1197/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Yelson Fabricio Pancho Cuellar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la suspensión definitiva. En merito de lo que antecede, se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes, sin que sea el caso pronunciarse respecto de los autorizados como delegados de su intención y el domicilio de su parte, con motivo que en auto de once de octubre del año en curso se hizo lo propio. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2o. del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por ende, como se advierte de la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional se encontraba señalada para diez horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, sin que haya sido posible celebrarla, debido a la suspensión de labores por las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se fijan nuevamente las diez horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe previo. En consecuencia, se toma conocimiento de lo informado por la responsable de trato, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el pasado seis de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por celebrada la audiencia y dictada la resolución incidental, en donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Notifíquese.

  4. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1197/2023. A continuación, el Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos y solicita copias certificadas de la resolución incidental que se dicte en el presente asunto. Al respecto, la Juez de Distrito, acuerda: en términos del artículo 144 de la Ley de la Amparo, se tienen por formulados los alegatos de su intención, los cuales serán relacionados en el momento procesal oportuno; asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución incidental en el presente asunto, se ordena expedir las copias certificadas que solicita, dejando constancia de ello en el expediente. Relación de constancias. Seguidamente, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1. COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. 1 - 8 2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 21 - 30 3. EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 34 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -2- De igual manera, el Secretario certifica: a) La autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, no rindió su informe previo, el cual le fue requerido mediante oficio 23978/2023, del cual obra constancia de su recepción en foja 34. Enseguida, la Juez de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar, y tocante a la certificación de cuenta, tómese en consideración al momento de dictar la resolución incidental. Acto seguido, se procede a la apertura del periodo pruebas, en donde el Secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO. PARTE PRUEBAS FOJAS 1. QUEJOSA DOCUMENTALES 9 - 20 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas dichas pruebas en razón a su propia y especial naturaleza, y téngase por concluida dicha fase probatoria. Asimismo, se procede a la apertura del periodo de alegatos, en donde el Secretario hace constar que únicamente fueron formulados por: NO. PARTE MANIFESTACIÓN FOJAS 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. PEDIMENTO LEGAL 35 - 36 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -3- Al efecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar la resolución incidental correspondiente. Ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1197/2023. R E S U L T A N D O ÚNICO. Acto reclamado y efectos para los que se solicita la suspensión. 1Roxana Nohemí Urbina Lara, 2Heylin Jamileth George Urbina, 3Ana Rosa Arita Romero, 4Yelson Fabricio Pancho Cuellar y 5Mercy Rosmery Méndez Medina, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales I.F.M.M., solicitaron la suspensión definitiva de los actos que reclama a la autoridad señalada como responsable, consistente en: 1) La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al señalar plazo fuera del término establecido por la ley en la materia; 2) La expedición de los citatorios de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaído a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con número de citas 231022, 231026 y 230461; y, 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -4- 3) La falta de expedición de la constancia de trámite, respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado en favor de los quejosos. A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados, a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado [CUR], así como la Clave Única de Refugiados [CURP], para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada en los términos propuestos por la parte promovente, y por lo tanto, tal estudio abordará lo concerniente al acto reprochado frente a las consecuencias susceptibles de paralizarse con la medida cautelar. C O N S I E R A N D O ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. A) EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad señalada como responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe previo, aun 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -5- cuando en foja 34, obra la constancia de su emplazamiento. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, toda vez que opera la presunción de certeza citada en el precepto legal antes citado. B) NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -6- provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de las autoridades responsables, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tiene la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -7- naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época. Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -8- situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado [CUR], si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -9- mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. C) INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -10- pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que la parte quejosa exhibe copia de los citatorios emitido por la autoridad responsable. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -11- vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -12- otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -13- migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIONES Y CONDICIONES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que las 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -14- autoridades responsables expida a la parte quejosa de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como la Clave Única de Registro de Población [CURP], hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a las autoridades responsables para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a las autoridades responsables que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. Tal criterio, es asumido por este órgano jurisdiccional como una medida reforzada de protección en favor de la parte quejosa, ya que se encuentran involucrados los derechos del menor de iniciales I.F.M.M., por lo cual, la suscrita Jueza Federal estima pertinente resolver el presente incidente de suspensión sobre el principio fundamental del "interés superior de la niñez". Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2020401, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -15- III, página 2328, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. 13/10/23 11:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1197/2023 -16- Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO: Se concede a 1Roxana Nohemí Urbina Lara, 2Heylin Jamileth George Urbina, 3Ana Rosa Arita Romero, 4Yelson Fabricio Pancho Cuellar y 5Mercy Rosmery Méndez Medina, y en representación de la menor de iniciales I.F.M.M., la suspensión definitiva solicitada contra los actos y la autoridad señalada en el considerando único, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

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