Yelitza Coromoto Garcia de Nava
Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Yelitza Coromoto Garcia de Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
Abierta la audiencia de ley, la Secretaria procede a hacer una relación oral de las constancias que integran el juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. A lo anterior el Juez acuerda. Se tiene por hecha la relación secretarial de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio. La Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable. A lo anterior se acuerda. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos. La Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito no presentó pedimento. A lo anterior se acuerda: Con fundamento en lo establecido en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y el del representante social adscrito para presentar pedimento. Al no existir escrito pendiente por acordar, ni diligencia que practicar, se procede al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver en el juicio de amparo 205/2021, promovido por Yelitza Coromoto García de Nava, contra los actos que reclama del Secretario de Gobernación y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. *********, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que precisa en su escrito de demanda. SEGUNDO. Este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo 205/2021, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad administrativa, susceptible de afectar lo atinente al libre tránsito por el país como extranjero. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el juicio, los actos reclamados son los siguientes: 1. Del Secretario de Gobernación: La expedición y publicación de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, en específico el artículo 50. 2. Del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, de la Representante Local Cuernavaca y de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Morelos: La resolución de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, contenida en el documento NUT 5001660, a través de la cual se desechó el trámite de regularización por razones humanitarias, promovido por la quejosa. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado de la Representante Local Cuernavaca adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Morelos, y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, no obstante haberle dado vista con dichos informes. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto a las autoridades en comento. CUARTO. Existencia de actos. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Gobernación, consistente en la expedición y publicación de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, en específico el artículo 50, debido a que el citado ordenamiento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es patente la existencia del acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2000, tomo XII, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". De igual forma es cierto el acto reclamado de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Morelos, porque así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del expediente administrativo migratorio de Regularización de Situación Migratoria por Razones Humanitarias, con número único de trámite (NUT), del índice de la referida autoridad migratoria, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio y de indicio, respectivamente, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, y las últimas por no haber sido objetadas por las partes. QUINTO. Causas de improcedencia respecto al artículo 50 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. Previamente al estudio de los conceptos de violación aducidos procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y atento a lo señalado en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XXII, página 201, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." Respecto del acto reclamado consistente en la expedición y publicación de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, en específico el artículo 50, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente: ".En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". A su vez, el artículo 107, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo dispone: "107. El amparo indirecto procede: --- I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. --- Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:(.) --- d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;." Conforme a la fracción transcrita, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Su contenido comprende: 1) Las normas denominadas autoaplicativas, cuya sola entrada en vigor causa perjuicio al gobernado a que están destinadas y, por ende, no requieren de un acto concreto de aplicación para producir sus consecuencias jurídicas. Es impugnable en amparo biinstancial desde el momento de la iniciación de su vigencia o bien al darse el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. 2) Las normas heteroaplicativas, denominadas así porque requieren de un acto concreto de aplicación para que se materialicen las consecuencias que prevé y, por ende, la causación del perjuicio al gobernado. De ahí que sólo sea posible impugnarla vía amparo indirecto con motivo del primer acto de su aplicación que cause perjuicio al quejoso. La interpretación en sentido contrario de la hipótesis legal atinente a las normas heteroaplicativas permite sostener que el amparo indirecto es improcedente cuando no se promueve con motivo del primer acto de su aplicación que cause perjuicio al quejoso, sino con motivo de un acto aplicado en forma ulterior al primigenio. Ahora bien, acorde con las constancias remitidas por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Morelos, en atención a la solicitud de la quejosa de ocho de febrero de dos mil veintiuno, con número único de trámite (NUT) 5001660, relativo a su regularización por razones humanitaria, el nueve de febrero del mismo año, se emitió una determinación en la que se señala que la solicitud no cumple con los requisitos aplicables al trámite migratorio solicitado, por lo que, con fundamento en los artículos 79 de la Ley de Migración, y 9 y 50 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, se le precisó a la quejosa que debía presentar los documentos que acreditaran alguno de los supuestos ahí señalados, con la finalidad de allegar de mayores elementos de prueba para la resolución de dicho trámite. Requerimiento que fue notificado a la ahora quejosa, y desahogado por ésta, mediante escrito presentado ante la Representante Local Cuernavaca del Instituto Nacional de Migración, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el solo apercibimiento constituye el primer acto de aplicación del ordenamiento legal que lo prevé, cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su determinación. Lo anterior, porque si bien todavía no se materializa la imposición, ya que para ello se requiere que exista el desacato o la negativa del obligado a obedecer el mandato cuyo cumplimiento se exige y que la autoridad haga efectivo el apercibimiento, se ocasiona al sujeto obligado un acto de molestia que afecta su situación jurídica, puesto que se halla vinculado a la determinación de la autoridad en tanto se le conmina a ejecutar un determinado mandamiento. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis 2a. XXXIX/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1999, página 317, que señala: "MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO. Para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el solo apercibimiento de multa constituye el primer acto de aplicación del ordenamiento legal que lo prevé, cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su determinación, pues si bien todavía no se materializa la imposición, porque para ello se requiere que exista el desacato o la negativa del obligado a obedecer el mandato cuyo cumplimiento se exige y que la autoridad haga efectivo el apercibimiento, se ocasiona al sujeto obligado un acto de molestia que afecta su situación jurídica, puesto que se halla vinculado a la determinación de la autoridad en tanto se le conmina a ejecutar un determinado mandamiento.". En consecuencia, si desde la determinación de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la ahora quejosa en términos del artículo 50 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, entre otros, que contiene los supuestos para la regularización de situación migratoria por razones humanitarias, se debe tener dicho requerimiento como el primer acto de aplicación del mismo, cuya inconstitucionalidad se reclama en el juicio de amparo. Entonces, si la quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 50 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, con motivo de su aplicación realizada en la determinación de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo de origen, en la que se desechó el trámite migratorio de la quejosa al estimar que no se cumplieron con los requisitos aplicables al trámite migratorio solicitado, contemplados en el artículo 50 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, es de considerarse que no reclama la inconstitucionalidad de dicho artículo con motivo del primer acto de su aplicación, sino con motivo de un acto que le fue aplicado en forma ulterior al primigenio, caso en el cual el amparo indirecto se torna improcedente. En esas circunstancias se acredita el motivo de improcedencia que se examina de oficio, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Lo que conduce a sobreseer el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley, por lo que atañe a la norma jurídica que se tilda de inconstitucional, sin que dicho sobreseimiento se haga extensivo al acto de aplicación de la ley reclamada, en virtud de que el mismo es reclamado por vicios propios. SEXTO. Causas de improcedencia respecto a la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, contenida en el documento NUT 5001660, a través de la cual se desechó el trámite de regularización por razones humanitarias, promovido por la quejosa. Este juzgador considera actualizada de manera oficiosa la causal de improcedencia relativa a la falta de agotamiento del principio de definitividad, establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En apoyo a tal consideración, cabe citar por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 18, en la página 27, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000, actualización 2001, al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Por tanto, con base en ese carácter extraordinario, la Constitución Federal y la Ley de Amparo previeron que el juicio constitucional - de amparo -, solo procederá una vez que el quejoso haya agotado los recursos o medios ordinarios de defensa que la norma le conceda para revocar, modificar o nulificar el acto que considera que le causa afectación a sus derechos; lo anterior, desde luego, con las excepciones que la propia Norma Fundamental y la Ley de Amparo reconocen. En ese orden, es preciso tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Artículo 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. Artículo 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. Artículo 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. [.]" Así, de los citados preceptos se sigue, en lo que interesa, que la parte afectada por aquellos actos o resoluciones de autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrá interponer en el plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra, recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Asimismo, se establece que el escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia. Luego, si en el caso el acto reclamado lo constituye la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el número único de trámite (NUT) 5001660, por medio de la cual se desechó el trámite de regularización por razones humanitarias solicitado por la quejosa, es de concluir que contra la citada determinación es procedente el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, medio de defensa que tiene como efecto, entre otros, confirmar el acuerdo impugnado, declarar su inexistencia, nulidad o anulabilidad, revocarlo total o parcialmente; modificarlo u ordenar su modificación o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, en términos del artículo 91 de la propia legislación. Además, debe destacarse que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad consignado en el aludido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para considerar que el juicio de amparo es procedente, ya que no se aprecia que en el caso la parte quejosa aduzca violaciones directas a la constitución, puesto que se está frente a un problema de legalidad, que rige el citado principio; además de que no reclama la inconstitucionalidad de alguna norma general con motivo de su primer acto de aplicación, como ya quedó analizado en el considerando que antecede. En tal virtud, toda vez que dicho medio de defensa ordinario debe agotarse antes de acudir a los tribunales constitucionales puesto que en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo, relativos a los terceros extraños, actos carentes de fundamentación y motivación, violaciones directas a la constitución y actos proscritos por el artículo 22 de la norma fundamental. Lo anterior, habida cuenta que, no se exigen para la concesión de la suspensión del acto impugnado, mayores requisitos que los previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, como se advierte de la lectura de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues de su comparación se advierte que en ambas regulaciones se establecen como requisitos de procedencia, de manera expresa, que sea solicitado por el interesado o inconforme, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 576, con número de registro 185065, que a la letra dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Apoya a la anterior determinación, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo I, página 783, abril de 2015, bajo el registro 2008807, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Por tanto, ante la similitud de requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, los que no son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, para ese objetivo; y como tampoco la resolución reclamada carece de fundamentación, es claro que la quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, debió interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada XX.1o.69 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página 1797, registro digital 175975, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CONTRA LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD. De la lectura de los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracciones XIII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se obtiene, que contra la resolución que pronuncie el Comisionado del Instituto Nacional de Migración al resolver el recurso de revisión a que se refiere el precepto 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el juicio de nulidad ante el indicado tribunal federal, aun cuando en él se ordene a un extranjero que abandone el país; lo anterior, en virtud de que en tratándose de esos actos, la legislación fiscal federal no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, pues sus consecuencias no deben confundirse con la expulsión aplicada por el presidente de la República, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que sí resultaría procedente el juicio de garantías sin necesidad de agotar algún recurso o medio legal de defensa, pues tratándose de tal determinación, la legislación de amparo, en su artículo 123, fracción I, prevé el otorgamiento de la suspensión de plano, misma que no establece el Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, la resolución de mérito, no puede ser objeto de excepción para que sea combatida directamente a través del juicio de amparo, sin que previamente se haga valer el juicio de nulidad." Bajo esa consideración, al tenerse por actualizada de oficio la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. En los términos expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SÉPTIMO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa **********, contra los actos de las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero, quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. La licenciada Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, hago constar que la presente foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio de amparo 205/2021, y que en cumplimiento al oficio STCCNNO/1255/2018, de tres de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en esta fecha revisé y constaté personalmente la captura de los datos aquí contenidos, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Conste.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito de ***, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista concedida en proveído de nueve de junio del año en curso, mismas que serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. fe.
- Principal
Por lo tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, requiérasele, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación del presente proveído, precise el (los) artículo (s) que le causa (n) agravio (s) de los Lineamientos Para Trámites Y Procedimientos Migratorios, es (son) el (los) que combate en el presente juicio. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las once horas con veintitrés minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno, para su celebración.
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