Yelena Nuñez Conde y Otros.

Expediente 229/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 33 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
229/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Yelena Nuñez Conde y Otros.
  • Yelena Nuñez Conde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por los artículos 9, 18 inciso a) y 21 inciso a) del referido documento normativo: 1. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. 3. Destruir el original del cuaderno de incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del punto Octavo del Acuerdo en cita, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad, contra el proveído de once de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector, sin que la parte quejosa lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen el último párrafo del artículo 18 y el diverso 27 ambos del citado acuerdo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. 3. Destruir el original del cuaderno de incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del punto Octavo del Acuerdo en cita, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la autoridad Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, para que obre como corresponda, en virtud que en auto de once de noviembre del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, es dable precisar que en sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 131-141): Por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo en relación los actos atribuidos a la autoridad responsable Subdirectora de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Zona Sur, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de detención con efectos de deportación o repatriación; y, Por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Yelena Nuñez Conde, Lazara Barbara Rodriguez Reinaldo, Raul Perez Sabucedo, Oscar Ariel Tapanes Camacho, Cresencio Rafael Moreno Fonseca, Armando Ramon Napoles Caballero, Bertica Hernandez Texido, Yosvani Sierra Aguilar, Ramon Carballosa Peñuela, Yarisel Rodriguez Sanchez, Eroldis Torres Perez, Alfredo Barquilla Napoles, Miguel Angel Marquez Almira, Adrian Enriquez Almira Sanchez, Javier Viera Esmoris, Ana Evelin Obregon Reyna y Lilisbel Tamayo Hernandez, contra el acto reclamado consistente en la negativa a dar trámite a la petición de los quejosos para regularizar su situación migratoria, para el efecto de que la autoridad responsable Subdirectora de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad: "... en el ámbito de sus facultades, cumpla con el imperativo establecido en el artículo 8° constitucional. Es decir, deberá receptuar la petición de los citados peticionarios de amparo, hecho lo anterior, emitir por escrito una respuesta completa y congruente a las solicitudes presentadas por los quejosos y además, notificarlo debidamente en el domicilio que señalen para tal efecto, de la respuesta que al efecto emita. En el entendido de que la decisión anterior no constriñe, en forma alguna, el sentido de su respuesta, ya que el mandato constitucional sólo le obliga a emitir un acuerdo congruente a toda petición y que se notifique, pero no impone que deba resolverse en tal o cual sentido. (...)" En auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia en comento (fojas 149-150); en consecuencia, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable mediante oficio 39563, mismo que se reenvió anexo a la diversa comunicación 48189, de veintidós de julio de dos mil diecinueve (foja 153). Requerimiento, que le fue notificado el siete de agosto de dos mil diecinueve (foja 155). El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado declaró la imposibilidad material y jurídica para cumplir con la sentencia amparadora, por las razones ahí plasmadas (fojas 161-164). Seguido el procedimiento, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se remitió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para el efecto de calificar la imposibilidad material y jurídica para cumplir con la sentencia amparadora, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 193, de la Ley de Amparo (foja 171). En auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez informando que el veinticinco de octubre de esa anualidad, se admitió el incidente de inejecución de sentencia, el cual registró con el número 23/2019 (foja 179); y, en ejecutoria de dieciocho de junio de dos mil veinte (fojas 181-189) determinó devolver los autos del juicio en que se actúa a este juzgado para los siguientes efectos: ". a efecto de que deje insubsistente el auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y, en su lugar, dicte otro en el que solicite a la autoridad responsable y a su superior jerárquico -tal como lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo-, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, que den contestación a los "formatos para solicitar trámite migratorio de estancia", que obran anexos al escrito de demanda de amparo, debiendo remitirles copias de éstos. Asimismo, el juez de Distrito deberá precisarle a la autoridad responsable y a su superior jerárquico que, sólo en caso de necesitar que los quejosos cumplan con otros requisitos -como podrían ser su firma o la impresión de un nuevo formato por haber perdido vigencia aquél-, deberán requerirlos a través de notificación personal en el domicilio señalado en el formato, a través de correo electrónico y también vía telefónica - en el correo y número precisado en cada formato-, debiendo la autoridad remitir las constancias que demuestren el cumplimiento a lo anterior. ." En consecuencia, proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, se dejó insubsistente el auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, y con copia de los "formatos para solicitar trámite migratorio de estancia" anexos al escrito de demanda de amparo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, con las precisiones señaladas por el tribunal de alzada (fojas 190-193). En cumplimiento a lo anterior, la Encargada de la Subdirección de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante oficio INM/ORCHIS/SFZS/SRMZS/640/2020 (fojas 212-213), informó que los formatos para solicitar el trámite migratorio de estancia se encuentran vencidos; asimismo, adujo que procedió a notificar dicha circunstancia a los quejosos a través del correo electrónico que señalaron éstos en sus respectivos formatos, es decir al correo abogado35_@hotmail.com, sin embargo, el mismo medio electrónico le señaló: "Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió notificación de entrega". Por lo que, a efecto de notificar personalmente esa determinación a los quejosos, el personal de su adscripción se constituyó en el domicilio que señalaron en sus respectivos formatos, sin lograr su cometido en virtud de "encontrarse al parecer la casa, en la barda de la casa se encuentra una lona verde con la leyenda impresa 'se vende'", y para corroborar su informe exhibió copias de las constancias de las notificaciones electrónicas y de las razones de notificación de veintiséis de octubre de dos mil veinte (fojas 214-245). Además, manifestó la imposibilidad que tiene para notificar dicha determinación vía telefónica a los quejosos, en virtud que los mismos no proporcionaron número telefónico alguno en sus respectivos formatos para solicitar el trámite migratorio de estancia. Finalmente, en relación con el quejoso Javier Viera Esmoris, manifestó la imposibilidad de realizar notificación alguna, en virtud que no cuenta con su respectivo formato para solicitar el trámite migratorio de estancia. Informe de cumplimiento de ejecutoria y anexos correspondientes, con los que se dio vista a la parte quejosa en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 246-248). Sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna en relación con el cumplimiento a la ejecutoria otorgado por la responsable, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello (fojas 250). En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte la responsable en cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio en que se actúa, y en observancia a la ejecutoria de dieciocho de junio de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en el incidente de inejecución de sentencia 23/2019, receptúo las peticiones de los peticionarios de amparo, y procedió emitir por escrito una respuesta a los "formatos para solicitar trámite migratorio de estancia" presentados por los quejosos, y al considerar que los mismos se encuentran vencidos, pretendió notificar dicha determinación a los quejosos tanto vía electrónica como personalmente a los impetrantes de amparo al correo electrónico y en el domicilio que señalaron éstos en sus respectivos formatos, sin lograr su cometido por las razones precisadas en párrafos que anteceden; circunstancia, que corroboró con las documentales que anexó a su informe de cumplimiento del fallo protector. De lo expuesto, es necesario precisar que otro de los efectos de la ejecutoria dictada tanto en el presente juicio como en el incidente de inejecución de sentencia, fue que se notificara personalmente, vía correo electrónico y vía telefónica a los quejosos lo que resolviera respecto a las solicitudes planteadas; lo cual no le fue posible corroborar a la autoridad responsable. No obstante lo anterior, la falta de notificación se tiene por convalidada por la efectuada el cuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 250), en la que se hizo del conocimiento a la parte quejosa el proveído de veintiocho de octubre actual, en el que se tuvo por recibida la constancia con la cual la responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para el caso que nos ocupa, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 358, tomo XIV, octubre 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Por analogía, pero al caso que nos ocupa, es de precisar la tesis aislada Tribunales Colegiados de Circuito, visible a foja 1376, tomo XXVIII, septiembre 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES. LA CONVALIDACIÓN DE LAS PRACTICADAS ILEGALMENTE, POR HABERSE OSTENTADO EL AFECTADO COMO SABEDOR DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, DESDE EL MOMENTO EN QUE AQUÉLLAS SE REALIZARON Y NO DESDE QUE SE OSTENTÓ CONOCEDOR DE LAS MISMAS, NO LE CAUSA AGRAVIO, SI COMO QUIERA QUE SEA RECURRIÓ DICHA RESOLUCIÓN, OBTENIENDO SENTENCIA FAVORABLE EN LA QUE SE LE CONCEDE EL MÁXIMO BENEFICIO QUE PUDIESE HABER ALCANZADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La fracción V del artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, establece que si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, su notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviera legalmente hecha. De tal suerte, es incorrecta la determinación pronunciada en el sentido de convalidar una notificación ilegal desde el momento en que supuestamente se practicó y no desde que el afectado se ostentó como sabedor de la resolución respectiva. No obstante, ello no ocasiona agravio alguno, aun cuando dicho afectado alegue que con ello se redujo el término que tenía para recurrir la determinación cuya notificación fue practicada ilegalmente y, por ende, para expresar debidamente los agravios correspondientes, si como quiera que sea recurrió en tiempo aquella resolución, obteniendo sentencia favorable en la que se le concede el máximo beneficio que pudiese haber alcanzado, pues en ese caso no se afectó su garantía de audiencia ni su capacidad de defensa." De esa manera quedó restituida la parte quejosa en la violación al derecho fundamental reclamado consistente en "la negativa a recibir a trámite a los quejosos para regular su situación migratoria por razones humanitarias". Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de corresponda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, para que manifieste lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, vía electrónica a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, y mediante oficio a la autoridad responsable.

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