Yeison René Matamoros Oviedo

Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
636/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Yeison René Matamoros Oviedo
  • Julia Damaris Molina, En Representación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. ( Sobre devuelto. Agréguese a los autos el sobre devuelto por la compañía de mensajería "Correos de México" que contiene el oficio 29100/2022, dirigido al "Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México"; el cual se remitió a fin de notificar el proveído de cuatro de octubre del año en curso, en la cual se observa que no se entregó porque: "la autoridad que cita, no existe como tal en el domicilio". ( Se ordena reexpedir oficio. En razón a lo anterior, reexpídase el oficio 29100/2022, a fin de que la autoridad el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, este en aptitud de imponerse de su contenido, el cual deberá ser enviado a la dirección: Calle de Agujas sin número, Esquina con Jacarandas, Colonia el Vergel, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09880, Ciudad de México, que es el domicilio que señaló para recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por otra se negó la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es destruible. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintidós. Sobre devuelto. Agréguese a los autos el sobre devuelto por la compañía de mensajería "Correos de México" que contiene el oficio 9470/2022, dirigido al "Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México"; el cual se remitió a fin de notificar el proveído de seis de abril del año en curso, en la cual se observa que no se entregó porque: "la autoridad que cita, no existe como tal en el domicilio". Se ordena reexpedir oficio. En razón a lo anterior, reexpídase el oficio 9470/2022, a fin de que la autoridad Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, este en aptitud de imponerse de su contenido, el cual deberá ser enviado a la dirección: Calle de Agujas sin número, Esquina con Jacarandas, Colonia el Vergel, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09880, Ciudad de México, que es el domicilio que señaló para recibir notificaciones. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de abril de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese a los autos, el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por el que da cumplimiento a lo requerido mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista a las partes. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Estado de autos. Ahora, visto el estado de los presentas autos, se advierte que en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, informando que el quejoso Yeyson René Matamoros Oviedo, egresó de esa estación migratoria el pasado veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) por lo cual su alojamiento se actualiza en la hipótesis contenida en la fracción V, del artículo 111 de la Ley de Migración, interpuesto un recurso administrativo, quedando sujeto a control de firmas los días miércoles en un horario de 10:00 a 14:00 horas en las instalaciones que ocupa dicha estación migratoria, a efecto de que continúe con la tramitación de su Procedimiento Administrativo migratorio y hasta en tanto sea resuelta su situación migratoria; lo anterior, se corrobora con la razón actuarial de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del exhorto 293/2021, deducido del presente juicio de amparo 636/2021 (foja 122), Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Sentado lo anterior, de un análisis integral a la demanda de amparo se desprende que el quejoso directo Yeyson René Matamoros Oviedo, señaló como actos reclamados los siguientes: a) La orden de deportación. b) La prolongación injustificada de la detención desde el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en la estación migratoria del Estado de Tlaxcala; c) Los actos de discriminación, y; c) La incomunicación. Deportación. Al respecto, en relación al acto reclamado consistente en la orden de deportación que fue objeto la parte quejosa, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En efecto, se destaca que cuando durante el juicio biistancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS", e "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA". En el caso, en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México; informando que el quejoso Yeyson René Matamoros Oviedo, egresó de esa estación migratoria el pasado veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) por lo cual su alojamiento se actualiza en la hipótesis contenida en la fracción V, del artículo 111 de la Ley de Migración, por lo que ha operado un cambio de situación jurídica. Por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN". B) Incomunicación. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la Incomunicación, tormento y tortura, de la cual la parte quejosa refirió que fue objeto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: "(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)", pues el acto reclamado consistente en la incomunicación, cesó a la fecha en que se pronuncia el presente proveído. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Lo anterior es así, en consideración a que mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente número B.A./1S.9/CDMX/OR/2036/PAM/2307-2021, del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación del INM en la Ciudad de México, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2, se advierte que la responsable otorgó la alternativa de alojamiento por ser solicitante de la condición de refugiado, y emitió en favor del aquí quejoso de nacionalidad hondureña la condición refugiado, motivo por el cual se permitió el egreso de la estación migratoria de la Ciudad de México el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (foja 154). De lo anterior, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el directo quejoso Yeyson Rene Matamoros Oviedo, salió de la estación migratoria por lo que es evidente que la incomunicación de la cual aduce que fue objeto ha cesado. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo, pues tal como se precisó, en virtud de que el quejoso egresó de la estación migratoria de la Ciudad de México, con posterioridad a la presentación de la demanda que originó el presente juicio de amparo; han cesado los efectos de los actos reclamados. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia En las relatadas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVII y XXI, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente a la pare quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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