Yeison Rene Matamoros Oviedo

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Yeison Rene Matamoros Oviedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se desechó la demanda de amparo; sin embargo, se concedió la suspensión de plano. Ahora, si bien acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de ser destruido; cabe destacar que en el capítulo 7, punto 7.4 del citado Manual, se establece que el presente expediente debe conservarse, por tanto es DEPURABLE, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexa el escrito de desistimiento de la parte quejosa. En esa tesitura, en atención a la certificación de cuenta, ténganse a la vista los autos del juicio de amparo 578/2021-V, de este índice, el cual se tiene como hecho notorio. En ese sentido, no obstante la manifestación de la autorizada del quejoso en la que externó su deseo de desistirse del presente juicio, tomando en consideración que en el juicio de amparo 578/2021-V, de nuestro índice, promovido por el mismo quejosos, por acuerdo de diez del mes y año en curso, se comisionó al Actuario de la adscripción constituirse en el lugar en que se encontraba interno, esto es, en la Estación Migratoria "Las Agujas" del Instituto Nacional de Migración a efecto de lograr la ratificación de similar escrito exhibido en ese sumario. Sin embargo, no fue posible lograr tal fin, pues como se desprende de la razón actuarial registrada con folio 14157, una vez que la Actuaria de la adscripción se constituyó en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, se le informó que en cumplimiento a un juicio de amparo el quejoso fue puesto en libertad, por lo que no fue posible localizarlo en ese lugar. Por tanto, se considera que a nada práctico conduciría ordenar la ratificación del escrito de desistimiento presentado en el juicio de amparo en que se actúa, en el lugar en que se encontraba el quejoso al momento de la presentación de la demanda. De ahí que si en autos del sumario aludido hasta este momento no obra constancia de la que se desprende donde puede ser localizado el quejoso, a fin de no dilatar la resolución del presente asunto, provéase lo conducente con relación al escrito inicial de demanda. En tal virtud, toda vez que se tienen a la vista los autos del juicio de amparo 578/201-V, de nuestro índice, analícese lo conducente en cuanto a la procedencia o no de la demanda de amparo que nos ocupa; en el entendido que deberán agregarse a los autos copia certificada de las constancias que se estimen necesarias de dicho asunto, para debida constancia legal. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, dicho precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda, se observa que los actos que por esta vía se impugnan, consisten en: Deportación. Discriminación. Tortura y tormento. Incomunicación. Detención y/o privación de libertad (libertad de tránsito). Retorno asistido. Alojamiento. Aseguramiento. Atribuidos a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como: Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México. En ese sentido, al analizar las constancias que integran el juicio de amparo 578/2021-V, de este índice, en específico el escrito de demanda y auto de treinta de julio del año en curso, se advierte que en el presente caso se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. En efecto, el citado precepto legal y fracción, al efecto prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se patentizan las siguientes hipótesis: Que haya identidad en la pate quejosa; Se señale como responsables a las mismas autoridades; Se combata el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, Que se materia de análisis en otro juicio de amparo pendiente de resolución. Así, se advierte que en el caso se actualizan las hipótesis señaladas, porque el juicio en que se actúa y el diverso 578/2021-V de este juzgado, fueron promovidos por la misma parte quejosa **************** en favor de ****************, contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables, dado que en ese sumario los actos reclamados consisten en: Deportación. Discriminación. Tortura y tormento. Incomunicación. Detención y/o privación de libertad (libertad de tránsito). Retorno asistido. Alojamiento. Aseguramiento. Los que atribuye a las autoridades responsables que el quejoso denominó como: Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México. Con base en lo anterior, es evidente que los actos reclamados en este juicio son materia de análisis constitucional en uno diverso, el cuál hasta este momento se encuentra pendiente de resolver, ya que aún no se celebra la audiencia constitucional, que está señalada para las once horas con dos minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno. Por lo expuesto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada; y, por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Tortura No obstante lo acordado con antelación, toda vez que la promovente señaló en el escrito de demanda en el capítulo de actos reclamados: "(.) 5.- Los actos de tormento y tortura que realiza la autoridad responsable (.)". Al considerar que tales manifestaciones se traducen en la posible existencia de actos materializados en la persona del quejoso que pudieran contravenir sus derechos humanos, dado que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las prerrogativas de referencia, contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; con copia simple de la demanda de amparo, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para su conocimiento y efectos que en términos de su representación social competa. Al caso se cita la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/1(10a.), publicada en la página 1107, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, del texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito.". Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Expediente y notificaciones vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona los nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Solicítese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Glósense a los autos los oficios y anexos remitidos por los funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual en atención a lo solicitado mediante proveído de trece de agosto último, precisa que se declaró incompetente de la totalidad de los actos reclamados del presente asunto; asimismo remite una cédula de notificación practicada a la parte quejosa e informa que la autorizada de la parte quejosa remitió un escrito en donde manifiesta su deseo de desistirse del juicio en que se actúa; en ese tenor, provéase lo conducente. Ahora bien, en virtud que del oficio se registrado con el número de correspondencia interna 10582, se advierte que mediante auto de veintiocho de julio pasado, el órgano jurisdiccional de referencia declinó competencia por razón de materia, respecto del presente asunto, promovido por *********** en representación de************* en contra de los actos reclamados atribuidos al Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otras autoridades; este juzgado acepta la legal competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad jurisdiccional que se declaró legalmente incompetente y acúsese recibo. Solicitud Por otra parte, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de pronunciarse sobre el desistimiento externado por la autorizada de la parte quejosa, se solicita cordialmente al homólogo declinante que de no tener inconveniente alguno, se sirva remitir a la brevedad posible el escrito de desistimiento a que hace alusión en el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno. Por tanto, se reserva acordar lo conducente con relación a la demanda de amparo que dio origen al sumario, hasta en tanto se determine lo relativo al escrito aludido. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintinueve de julio último, remite el expediente 921/2021, de su índice, con las formalidades a que se refiere el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en virtud de ello, se provee lo siguiente: Acúsese recibo. De las constancias remitidas, se advierte que el veintiocho de julio del año en curso, se radicó el juicio del juzgado declinante y se precisó que del estudio integral de la demanda, los actos reclamados eran: "1 - La orden de deportación, encubierta bajo diferentes denominaciones retorno asistido y/o retorno voluntario a su país de origen, pero con los mismos efectos, la cual se pretende ejecutar en contra del quejoso, por la autoridad responsable. 2 - La prolongación injustificada de la detención que sufre el quejoso, privándolo de su libertad personal desde el día 19 de julio del año 2021, en la estación migratoria del Estado de Tlaxcala, sin hacerle de su conocimiento al quejoso, que la Ley de Migración establece alternativas de alojamiento diferentes a una estación migratoria, en términos de lo que establece el artículo 101 de la Ley de Migración, que a la letra señala. (Se transcribe) 3 - Los actos de discriminación por motivo de origen nacional, que comete la autoridad responsable en contra del quejoso, a quien, por no ser mexicano, priva de su derecho a la libertad personal por más de 36 horas, siendo esta detención dictada por una autoridad administrativa, diferente al Ministerio Público, que va en contra de lo establecido en el artículo 21 Constitucional. Se reclama de la autoridad EJECUTORA 4 - La incomunicación legal en la que la autoridad responsable coloca al quejoso, al negarle su derecho a tener contacto con la persona que lo representara legalmente, violando su derecho de audiencia y debida defensa, así como incomunicándolo del contacto físico con sus familiares, ya que, no basta que le permita realizar llamadas telefónicas una o dos veces a la semana, sino debe de permitirle visitas en los horarios establecidos para tal efecto. 5 - Los actos de tormento y tortura que realiza la autoridad responsable, desde el día 19 de julio del año 2021, en la persona del quejoso, quien se encuentra privado de su libertad personal a disposición de dicha responsable, la cual, ejerce en él, diferentes conductas que lo llevan a presentar un padecimiento psicológico de incertidumbre y desesperación con la finalidad de hacerle firmar su deportación en cubierta bajo diferentes denominaciones, que aparentarán ser un acto voluntario del quejoso, actos de tormento y tortura que se encuentran prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Luego, del propio acto se desprende que el homólogo federal ÚNICAMENTE estimó carecer de competencia respecto de los actos que precisó como: "(.)1 La incomunicación, deportación y expulsión de territorio nacional (.)". Sin que al respecto exista pronunciamiento por lo que hace a los diversos de los que se dio noticia en ningún sentido. En ese tenor, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de pronunciarse sobre la incompetencia planteada, se solicita amablemente al homólogo declinante que especifique si se declara incompetente para conocer del juicio únicamente respecto de los actos que se precisaron como: "(.)1 La incomunicación, deportación y expulsión de territorio nacional (.)"; o bien, respecto de la totalidad de los que señaló la parte quejosa como reclamados; de ser lo primero, esto es, que insista en declinar su competencia únicamente por lo que hace a los actos precisados, se solicita cordialmente proceda realizar la separación de juicios. Finalmente, a efecto de integrar debidamente el sumario en que se actúa, se solicita de la manera más atenta que de no tener inconveniente alguno, se sirva remitir la cédula de notificación personal que ordenó realizar el veintiocho de julio al directo quejoso. Notifíquese.

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