Yeison David Garcia Restrepo
Expediente 865/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yeison David Garcia Restrepo
- Comisionado del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE EL PROVEÍDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE EN CURSO, POR EL QUE SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, TRANSCURRIÓ DEL VEINTITRÉS AL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, SIN QUE HAYA HECHO USO DE ESE DERECHO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 356, FRACCIÓN II, Y 357 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO; Y PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. ADEMÁS, SE HACE NOTAR QUE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE JUICIO COINCIDE EN SU TOTALIDAD CON EL EXPEDIENTE IMPRESO, COMO SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA. FINALMENTE, INFÓRMESE A LAS PARTES QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ CONSERVARSE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, EN VIRTUD DE QUE SE DICTÓ RESOLUCIÓN QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DIO POR CONCLUIDO; SIN EMBARGO, SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR. B
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS AHÍ EXPUESTOS. EN ESE SENTIDO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III, INCISO A), DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DE MÉRITO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. B
- Principal
ACUERDO DICTADO EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, FÓRMESE Y REGÍSTRESE EXPEDIENTE BAJO EL NÚMERO 865/2022-I. AHORA BIEN, SE CONCEDE AL DIRECTO QUEJOSO, LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN CITA, PREVÉNGASE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PARA QUE SE ABSTENGAN DE LLEVAR A CABO DICHOS ACTOS, Y PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS, HAGAN DE CONOCIMIENTO DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN AQUÍ DECRETADA. SE COMISIONA AL ACTUARIO JUDICIAL PARA QUE SE CONSTITUYA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA "LAS BURBUJAS", DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LOCALIZADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERMINAL 1 Y 2, A FIN DE QUE VERIFIQUE SI EN ESE LUGAR SE ENCUENTRA EL DIRECTO QUEJOSO Y DE SER ASÍ LO REQUIERA, PARA QUE EN EL ACTO DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO, O DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES, MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RATIFICAR O NO LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU FAVOR. POR OTRA PARTE, DE FE DEL ESTADO FÍSICO QUE PRESENTE A SIMPLE VISTA EL DIRECTO QUEJOSO. TÉNGASE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR TANTO SE FACULTA AL ACTUARIO JUDICIAL, PARA QUE NOTIFIQUE A LA PARTE QUEJOSA, VÍA ELECTRÓNICA, LAS DETERMINACIONES QUE SE DICTEN EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. B ACUERDO DICTADO EN FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL REALIZADA AL QUEJOSO, EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, QUEDANDO SIN EFECTOS, DESDE LUEGO, LAS PROVIDENCIAS DECRETADAS POR ESTE JUZGADO, EN AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE CITADO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. B
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Eduardo Castro Navarro, a favor del directo quejoso , recibida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) de este Órgano de Control Constitucional, sin firma electrónica (FIREL), contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 865/2022-I. Ahora bien, sin que sea impedimento para darle el trámite correspondiente a la demanda de amparo que nos ocupa, el hecho de que carezca de firma electrónica; dado que el artículo 3 de la Ley de Amparo, en su último párrafo dispone que no se requerirá tal formalidad, cuando el amparo se promueva en los términos del numeral 15 de la misma legislación, como lo es en el presente asunto. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede al directo quejoso la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, deportación, actos que pongan en peligro la integridad física, psíquica y moral, así como malos tratos, tortura física o psicológica y para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables, para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos, y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se ejecuten o lleven a cabo tales actos o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; con la prevención a las mencionadas autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas haga del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que de cumplimiento a la suspensión aquí decretada; en la inteligencia que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Debiendo además hacer del conocimiento del citado quejoso, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quienes estimen conveniente, asimismo, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. A lo anterior, tiene aplicación la Contradicción de Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, diciembre de 2007, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia del Pleno del Décimo Circuito, Décima Época, visible en la página 879 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración.". En la inteligencia que la integridad física del doliente de garantías YEISON DAVID GARCÍA RESTREPO, es estricta responsabilidad de la autoridad ante la cual se encuentra a disposición. En otro tenor, tomando en consideración que el promovente señala en esta contienda constitucional como acto reclamado la tortura, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación a fin de que haga la investigación correspondiente tal y como lo establece el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1ª. CCVII/2014 (10ª), en la que se establece que cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de ello, que es lo primero lo que acontece en el caso en concreto, deberá inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie la investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. El criterio jurídico de referencia, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo 2014, Tomo I, página 561, es del rubro y texto siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Sin perjuicio de que sea puesto en libertad el directo agraviado cuando el procedimiento migratorio lo permita, quedando bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, dicha determinación. En otro tenor, dado que la demanda que nos ocupa se promueve a favor del directo agraviado , se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria "las burbujas", dependiente del Instituto Nacional de Migración, localizada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1 y 2, a fin de que verifique si en ese lugar se encuentra detenido el directo quejoso de referencia, y de ser así, lo requiera para que en el acto de la notificación del presente auto o dentro de los tres días siguientes, manifieste su voluntad de ratificar o no la demanda de garantías promovida en su favor por Carlos Eduardo Castro Navarro; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efectos las providencias que se dicten; y en caso de que el quejoso ratifique o no la demanda, o bien, no sea localizado, dése nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. A efecto de llevar a cabo la diligencia encomendada en líneas que anteceden, se requiere al Comandante General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Benito Juárez, para que brinden todas las facilidades necesarias a efecto de que el fedatario público adscrito a este Juzgado, ingrese a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración conocidas como "las Burbujas", ubicadas en la Terminal 1 y Terminal 2; asimismo, hágaseles del conocimiento a las autoridades antes citadas que en caso de no permitir el desarrollo de dicha diligencia, pueden incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215, fracción V, en relación con el diverso 13, ambos del Código Penal Federal. De igual manera, se faculta al actuario para que en el supuesto de que al acudir a notificar al directo quejoso el presente proveído, este hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta de las señaladas como responsables, se constituya en el lugar en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor y las prevenciones apuntadas y se le requiera para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentre y proceda a notificar a éste el presente proveído, para que lo acate en sus términos. Asimismo, el fedatario judicial deberá requerir al quejoso que manifieste si desea señalar como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la promovente Carlos Eduardo Castro Navarro, así como a las diversas personas mencionadas en el ocurso de cuenta; en la inteligencia de que deberá acreditar que tales personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados y proporcionar los datos correspondientes a través de la promoción respectiva; a fin de que este Juzgado verifique si se satisface tal requisito, como lo dispone dicho precepto legal. Por otra parte, se solicita al fedatario judicial adscrito que en el acto de la notificación del presente proveído de fe del estado físico que presente a simple vista el directo quejoso. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario "consultorlegal904", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y [.]". Por tanto, se faculta a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, para que notifique a la parte quejosa vía electrónica, las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. Lo anterior, no obstante que la parte quejosa, también señale un domicilio físico para oír y recibir notificaciones, sin embargo, tomando en consideración la contingencia que atraviesa el país y mundo por el virus COVID-19, se tiene únicamente el portal de servicios en línea para oír y recibir notificaciones. Así, únicamente hágase constar el señalamiento de un domicilio físico por parte del promovente, para los efectos legales a que haya lugar. Dígase al promovente que en atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no existe impedimento de utilizar aparatos como cámaras, grabadoras o lectores ópticos para toma de muestras fotográficas, para imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto; en el entendido de que, el imponerse de esa manera en el expediente físico, acontecerá una vez que el justiciable genere la cita correspondiente para tal efecto, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las notificaciones personales que surjan en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto. Finalmente, en cuanto a los diversos actos reclamados, consistentes en el aseguramiento, detención y la abstención de respetar, garantizar y proteger el derecho a la libertad personal y restricción de transito; dígasele al quejoso que una vez que en su caso, se ratifique o no la demanda de amparo, se acordará lo conducente.
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