Yeiri Tatiana Ramos de Aguilar
Expediente 399/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yeiri Tatiana Ramos de Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. No existen documentos originales. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por medio de oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que por parte de la quejosa Yeiri Tatiana Ramos De Aguilar, en el presente asunto se reclaman de las autoridades responsables, los siguientes actos: ".a. La detención, aseguramiento y/o alojamiento ilegal de la hoy quejosa en la estación migratoria de San Luis Potosí, S.L.P., por más de 36 horas b. La privación de su libertad personal fuera de procedimiento con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución. c. La ejecución de cualquier orden de deportación y/o expulsión que se haya emitido en su contra, fuera de procedimiento, por afectar nuestra esfera jurídica al incurrir la quejosa en dicho supuesto. d. La negativa de realizar los trámites migratorios de la hoy quejosa tendientes a regularizar y obtener su legal estancia en México, en términos del artículo 52 fracción V inciso a), 132 fracción I, 133 fracción III y IV, 136 y demás relativos de la Ley de Migración. e. La negativa de recibir y tramitar la solicitud realizada con apego al artículo 102 de la Ley de Migración." Lo anterior, derivado de que la quejosa fue detenida por personal del Instituto Nacional de Migración, y se encontraba alojada en la estación migratoria en esta ciudad. Del oficio INM/ORSLP/DAJ/0671/IV/2023 y sus anexos, recibido el veinticuatro de abril del año en curso, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte: - Que a través del oficio INM/ORSLP/DAJ/0671/IV/2023, signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, se remitió copia certificada de la determinación emitida el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 611, de la que se advierte que la aquí quejosa Yeiri Tatiana Ramos De Aguilar, quedó en libertad el cinco de marzo de dos mil veintitrés. - Que la aquí quejosa se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, y por lo tanto se determinó su conclusión. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que la aquí quejosa Yeiri Tatiana Ramos De Aguilar, quedó en libertad el cinco de marzo de dos mil veintitrés, y en virtud de que se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el veintidós de marzo del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio seguido a dicha quejosa, un acuerdo de conclusión. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, al no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, así como el requerimiento formulado a la promovente mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Certificación y estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de las constancias con que se dio vista el veintiséis de abril de dos mil veintitrés y manifiesten lo que a su derecho convenga. Difiere audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente el presente juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la promovente del amparo no ha informado a este órgano jurisdiccional el paradero de la quejosa Yeiri Tatiana Ramos De Aguilar. Requerimiento a la promovente. A efecto de integrar debidamente la Litis, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente del amparo Silvia Arelyy Orantes de Cañas, para que dentro del plazo de tres días, haga presente ante este Juzgado a la quejosa Yeiri Tatiana Ramos De Aguilar, a efecto de que ratifique la demanda promovida en su favor, o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. En ese tenor, a efecto de que la promovente se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior, habrá de presentar a la directa quejosa ante este órgano jurisdiccional dentro del término de tres días concedido, a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído. Apercibimiento. En caso de no atender de manera afirmativa el requerimiento que antecede, o no realizar manifestación alguna la promovente del amparo, dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efectos las providencias aquí decretadas, exclusivamente por lo que a dicha quejosa se refiere. Notifíquese; personalmente a la promovente.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
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