Yeimi Monserrat Vazquez Noh
Expediente 182/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yeimi Monserrat Vazquez Noh
Actuaciones
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con anexo, sin que haya lugar a acordar respecto a su contenido, toda vez que en proveído de dieciocho de febrero en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: para conocimiento de las partes, agréguese a éstos autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite constancias certificadas del juicio laboral 1090/2020. CUESTIONES PREVIAS Primeramente, es menester destacar que este acuerdo se dicta conforme a los lineamientos precisados en la tesis número 2a. CV/2013 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinte de noviembre del dos mil trece y publicada el viernes trece de diciembre del mismo año, en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007); pues en ella se estableció la circunscripción del acto reclamado a la etapa procesal en la que se encuentre el juicio laboral de origen, abandonando el criterio sustentado en la jurisprudencia 45/2007; por tanto la suscrita analiza el acto que aquí se reclama precisamente en relación únicamente con el auto que impugna y la etapa procesal en la que se encuentra dicho juicio. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, de la denegación de justicia por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que se traduce en la omisión de acordar la ejecución del convenio celebrado por las partes del juicio laboral 1090/2020. HECHOS Del informe justificado de la autoridad responsable y anexo que se recibió en copias certificadas, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, en el que la junta responsable acordó en relación a la ejecución del convenio celebrado por las partes. Notificación realizada a las partes de fecha catorce de febrero del actual. CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de acordar la ejecución del convenio celebrado por las partes del juicio laboral 1090/2020. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós, en el que la junta responsable acordó en relación a la ejecución del convenio celebrado por las partes, lo que fue notificado el catorce de febrero del actual; lo cual se desprende de las constancias que en copias certificadas agregó la autoridad responsable a su informe de Ley y oficio de cuenta, antes valoradas. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a la Junta responsable, pues el diez de febrero de dos mil veintidós, en el que la junta responsable acordó en relación a la ejecución del convenio celebrado por las partes, lo que fue notificado el catorce de febrero del actual; con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la conducta omisiva reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha fijada para el día SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: para conocimiento de las partes, agréguese a éstos autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite constancias certificadas del juicio laboral 1090/2020. CUESTIONES PREVIAS Primeramente, es menester destacar que este acuerdo se dicta conforme a los lineamientos precisados en la tesis número 2a. CV/2013 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinte de noviembre del dos mil trece y publicada el viernes trece de diciembre del mismo año, en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007); pues en ella se estableció la circunscripción del acto reclamado a la etapa procesal en la que se encuentre el juicio laboral de origen, abandonando el criterio sustentado en la jurisprudencia 45/2007; por tanto la suscrita analiza el acto que aquí se reclama precisamente en relación únicamente con el auto que impugna y la etapa procesal en la que se encuentra dicho juicio. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, de la denegación de justicia por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que se traduce en la omisión de acordar la ejecución del convenio celebrado por las partes del juicio laboral 1090/2020. HECHOS Del informe justificado de la autoridad responsable y anexo que se recibió en copias certificadas, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, en el que la junta responsable acordó en relación a la ejecución del convenio celebrado por las partes. Notificación realizada a las partes de fecha catorce de febrero del actual. CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de acordar la ejecución del convenio celebrado por las partes del juicio laboral 1090/2020. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós, en el que la junta responsable acordó en relación a la ejecución del convenio celebrado por las partes, lo que fue notificado el catorce de febrero del actual; lo cual se desprende de las constancias que en copias certificadas agregó la autoridad responsable a su informe de Ley y oficio de cuenta, antes valoradas. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a la Junta responsable, pues el diez de febrero de dos mil veintidós, en el que la junta responsable acordó en relación a la ejecución del convenio celebrado por las partes, lo que fue notificado el catorce de febrero del actual; con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la conducta omisiva reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha fijada para el día SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II.- Toda vez que no obran en autos los informes justificados del Juez Tercero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Fiscal Investigación y Litigación de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, Yucatán; ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió rindan su informe de Ley; por tal motivo, para dar margen a que se cumpla con lo anterior, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy; y tomando en cuenta que dichas autoridades se encuentran fuera de la ciudad de residencia de este Juzgado, por lo que el tiempo de entrega de los oficios que se les remitió se prolonga; se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS. Por lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones gírese oficio al Juez Tercero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Fiscal Investigación y Litigación de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, con transcripción del presente proveído, así como el diverso acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno; adjuntando copia simple del escrito de demanda. Se ordena notificar a las citadas autoridades responsables vía oficio que se remita al correo electrónico oficial de las mismas, desde el correo electrónico institucional de este órgano de control constitucional, para ello, se requiere a dichas autoridades responsables acusen recibo de la fecha y hora en que recepcionen el correo electrónico antes referido; y en caso de no lograr el acuse de recibo o constancia de recepción del oficio por la vía electrónica, el Actuario deberá remitirlo por mensajería acelerada (ESTAFETA).
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