Yazmin Sánchez Gomez

Expediente 810/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
810/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Yazmin Sánchez Gomez
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Tercer Turno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México En Residencia En Amecameca
  • Jorge Abraham Perez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, comunica el proveído de treinta de mayo del año en curso, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada del presente juicio de amparo; circunstancia de la que se toma conocimiento. En ese sentido, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, en términos del artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 19 del referido acuerdo el cuaderno principal de antecedentes es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se declinó por incompetencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 19 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal de antecedentes permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de seis meses y, posteriormente, con base en el artículo 23 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, devuelve diligenciado el exhorto 216/2023-III (número de orden 216/2023) del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar personalmente a los quejosos Yazmin Sánchez Gómez y Jorge Abraham Pérez Pérez el proveído de veintisiete de mayo de este año y entregar a la autoridad responsable el oficio que para el efecto se anexó. En consecuencia, téngase a la autoridad exhortada devolviendo la citada comunicación; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, una copia simple del escrito de ampliación de demanda y del escrito aclaratorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 309/2021-IV, promovido por Félix Felipe Martínez Escobar, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México y otra autoridad. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye el quejoso y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Castillo Sánchez en favor de Yazmin Sánchez Gómez y Jorge Abraham Pérez Pérez, contra actos del Ministerio Público del Tercer Turno adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en el municipio de Amecameca; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 810/2023-III. De un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión del promovente está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: a) Privación de la libertad. b) Detención. c) Retención. c) Incomunicación. Así las cosas, respecto al acto señalado con el inciso c), con fundamento en los artículos 125, 126 y 147, todos de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano el acto reclamado, para el efecto de que cese de inmediato, así como todos aquellos, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia que dicha suspensión no surtirá efecto alguno si el acto reclamado no constituye cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o bien, no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como los identifiquen los quejosos. Luego, respecto a los actos señalados con los incisos a) y b), con fundamento en los artículos 125, 126 y 147, párrafo segundo y 161, todos de la Ley de Amparo, se suspenden de oficio y de plano dichos actos reclamados, consistentes en la privación de la libertad y detención, para los siguientes efectos: I) Si la detención de los directos quejosos Yazmin Sánchez Gómez y Jorge Abraham Pérez Pérez, deriva de la comisión de un delito en flagrancia, la medida cautelar concedida tendrá como efectos que el Ministerio Público ante el cual se encuentren a disposición, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá poner en libertad al citado quejoso o consignarlo ante el Juez Penal correspondiente, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. II) En caso de que la privación de libertad de los directos quejosos sea por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolos en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que los quejosos sean puesto en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si la privación de la libertad es dictada por autoridad distinta de la autoridad señalada como responsable, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, el efecto de la suspensión será para que de forma inmediata se ponga a los quejosos a disposición de la correspondiente autoridad jurisdiccional. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se hace saber a la responsable que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Se previene a dicha autoridad para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La determinación inserta en el presente proveído encuentra sustento en el hecho de que el Juzgador Federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el promovente y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, lo cual en el caso acontece, pues los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad personal del directo quejoso fuera del procedimiento, mismos que encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 22 Constitucional. Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal en razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el promovente Víctor Hugo Castillo Sánchez, señala como autoridad responsable al Ministerio Público del Tercer Turno adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en el municipio de Amecameca y actos reclamados la privación de la libertad, detención, retención y la incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de Yazmin Sánchez Gómez y Jorge Abraham Pérez Pérez, toda vez que fueron detenidos sin alguna orden expedida por algún juez competente por parte del agente del Ministerio Púbico del Tercer Turno del Centro de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en el municipio de Amecameca, Estado de México, aproximadamente a las doce horas de esta data. En ese sentido, de la propia demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados no tienen ejecución en este territorio jurisdiccional, pues es evidente que, los actos reclamados por la parte quejosa, su ejecución o su cumplimentación, tienen ejecución en Amecameca, Estado de México. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.." En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecutan los actos reclamados por la parte quejosa. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otro lado, toda vez que el promovente refirió que los directos quejosos Yazmin Sánchez Gómez y Jorge Abraham Pérez Pérez, se encuentran en las galeras del Centro de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en el municipio de Amecameca; en consecuencia, con fundamento en los artículos 144, 145 y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los diversos 107 A 111 del Acuerdo Genera Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con copia de la resolución emitida por el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remítase atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la firmas electrónicas correspondientes, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de: Notificar personalmente a los quejosos Yazmin Sánchez Gómez y Jorge Abraham Pérez Pérez el presente proveído; y, Haga entrega a la autoridad responsable del oficio que para el efecto se anexa. Atento a lo anterior, se faculta al Juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del ordinal 21 de la ley que rige de procedimiento. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal, solicitando respetuosamente que desahogue la solicitud, remitiendo la totalidad de la comunicación oficial únicamente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese personalmente a los quejosos y a la autoridad responsable por exhorto. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Laura Guadalupe López Quezada, secretaria con quien actúa. Doy fe.

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