Yazmin Morales Colin
Expediente 1722/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1722/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yazmin Morales Colin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1722/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia terminada de engrosar el trece de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, EL PRESENTE JUICIO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, SE DECLARA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1722/2017-I-B, promovido por Yazmín Morales Colín, por derecho propio, contra actos de la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada de forma electrónica el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos y recibida el treinta siguiente por este juzgado Segundo, Yazmín Morales Colín, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de treinta y uno de octubre pasado; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, por acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, se fijaron las diez horas con treinta y un minutos del quince de febrero actual, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuyen los actos reclamados, los cuales carecen de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. La quejosa señaló como acto reclamado 2, la falta de aplicación de las normas jurídicas en relación a la conducta de las diversas instituciones financieras que dejaron de atender la solicitud presentada ante la autoridad responsable, esto es, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Sin perjuicio de lo que más adelante se diga, la quejosa ofreció entre otras pruebas, el escrito dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (reverso de foja cinco). De la lectura de ese escrito se desprende, en esencia, que la quejosa solicitó la imposición de una multa a las instituciones bancarias BBVA Bancomer, Grupo Financiero Ve por Más y Banco Mercantil del Norte, porque no atendieron la solicitud que formuló. Así, del examen integral del sumario, este juzgador considera que el reclamo de la quejosa consistente en la falta de aplicación de las normas jurídicas en relación a la conducta de las diversas instituciones financieras que dejaron de atender la solicitud que presentó ante la autoridad responsable, está concebida en el contexto de una falta de acuerdo del escrito que adujo, intentó entregar a la autoridad responsable el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, y no como consecuencia de una negativa de la autoridad, contenida en un acto positivo, de aplicar la sanción a las instituciones financieras. Entonces, este juzgador subsume el acto reclamado 2, como una falta de respuesta al escrito que según la quejosa, intentó entregar a la autoridad responsable el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete y no como un acto positivo autónomo; máxime que la quejosa no exhibió respuesta alguna que negara la aplicación de la sanción, ni reclamó acto de esa índole. Así, estos son los actos que el quejoso reclama de la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: La falta de respuesta al escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecisiete. La negativa de recibir y en consecuencia de responder, el escrito dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, intentado entregar el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete en las oficinas de la CONDUSEF Subdelegación Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. Al rendir el informe justificado, el Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, negó el acto reclamado. Arguyó que no emitió ni omitió acto alguno en perjuicio de la parte quejosa. Los dos actos reclamados son inexistentes, por las razones que se darán enseguida, comenzando, por razón de orden, por el acto reclamado 1. Primer apartado de estudio. El acto reclamado 1 consiste en la falta de respuesta al escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecisiete. La quejosa ofreció entre otras pruebas, la solicitud SIAB-VIDA (foja cinco), con texto ilegible. El Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, aportó copia certificada del expediente formado con motivo de la reclamación presentada por la quejosa Yazmín Morales Colín (fojas 25 a 40); la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Sin perjuicio de retomar el análisis de las documentales que ofreció la autoridad responsable, entre éstas se encuentra la "solicitud de beneficiario de cuentas de depósito/inversión", cuya referencia en adelante, será la solicitud. La solicitud tiene sello de recepción de la Subdelegación Morelos de la CONDUSEF, de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete (foja 26). De su texto se desprende como solicitante, Yazmín Morales Colín. La citada documental acredita que la quejosa presentó a la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el catorce de junio de dos mil diecisiete, la solicitud cuya falta de acuerdo constituye el acto reclamado 1. Pero la prueba que ofreció la quejosa, consistente en oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017 (reverso de foja cuatro), en conjunto con las documentales que aportó el Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y con lo que éste manifestó en el informe recibido el doce de enero de dos mil dieciocho, demuestran que antes de la presentación de la demanda de amparo, la solicitud presentada por la quejosa el catorce de junio de dos mil diecisiete, ya había sido respondida, pero no sólo eso, sino que además, aquélla ya tenía conocimiento de la misma. Cierto. El Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, expresó en el informe justificado, que con motivo de la solicitud formulada por la quejosa el catorce de junio de dos mil diecisiete, fueron iniciadas las gestiones necesarias para dar trámite a su solicitud de búsqueda. Asimismo, manifestó que el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, fue hecho del conocimiento de la quejosa, el resultado de su consulta. La quejosa aportó copia de oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017 (reverso de foja cuatro). Como se dijo, el oficio de mérito fue exhibido junto con la demanda de amparo, la cual fue presentada de forma electrónica. De hecho, el oficio está impreso en el reverso de la última hoja de la demanda. En consecuencia, se toma como copia simple, ya que no puede considerarse como original, ni como copia certificada. La copia del oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, no fue redargüida de falsa. Luego, con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia del oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, general la presunción de certeza del original; máxime que fue presentado por la parte quejosa y, conforme al numeral 210 de dicho ordenamiento supletorio, el documento privado que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. En el informe recibido el doce de enero de dos mil dieciocho (foja 24), el Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, comunicó que el oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, fue emitido por diversa autoridad en respuesta a la solicitud de la quejosa. Con el referido informe se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, esto mediante auto de quince de enero de este año, el cual le fue notificado el dieciséis siguiente (fojas 41 y 42). La quejosa nada manifestó al respecto. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Tal consideración se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La quejosa presentó la demanda de amparo el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Conforme al caudal probatorio, resulta que a la presentación de la demanda de amparo, la solicitud que la quejosa presentó el catorce de junio de dos mil diecisiete a la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ya había sido respondida, en específico, a través del oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Y si bien del oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, no se desprende dato que evidencie que la quejosa hubiera firmado de recepción, el hecho de que lo haya presentado con la demanda, demuestra plenamente que antes de la instauración del amparo, ya conocía su contenido, tan es así que lo exhibió como prueba. Luego, ya que antes de la instauración del juicio de amparo, ocurrida el treinta de octubre de dos mil diecisiete, la solicitud que la quejosa presentó el catorce de junio de dos mil diecisiete, a la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ya había sido respondida, en específico, a través del oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el cual era del conocimiento de la quejosa antes de que presentara la demanda de amparo, en virtud de que lo exhibió como prueba; el acto reclamado es inexistente, por lo que procede decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, por cuanto a que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha en que se ejerce la acción de amparo. El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. No se examina la constitucionalidad del oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, porque tal acto positivo no forma parte de la litis. La citada exclusión de estudio no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.) dice a la letra: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Es necesario dar las razones por las que el hecho de que el oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, hubiera sido emitido por diversa autoridad de la señalada como responsable, no es obstáculo para que opere la inexistencia del acto reclamado. El argumento que antecede se apoya, por analogía, en los criterios jurisprudenciales 1a./J.6/2000 y 2a./J.129/2006, emitidos por la Primera y la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, respectivamente. La Primera Sala resolvió que la obligación impuesta por el artículo 8º de la Constitución Política a la autoridad, de dar respuesta congruente, por escrito y en breve término al gobernado, se cumple cuando una autoridad subordinada a la autoridad responsable, contesta la petición por instrucciones de ésta, al tratarse de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente, porque la pretensión del derecho sustantivo de petición, es que las peticiones formuladas por los gobernados sean respondidas. Por su parte, la Segunda Sala sustentó que cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8º Constitucional, debe tenerse por cumplida la ejecutoria si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición. El rubro y texto de las tesis invocadas, se cita a continuación: Tesis: 1a./J. 6/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 191752 1 de 1 Primera Sala Tomo XI, Junio de 2000 Pag. 50 Jurisprudencia(Constitucional, Administrativa) PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno. Tesis: 2a./J. 129/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174238 84 de 128 Segunda Sala Tomo XXIV, Septiembre de 2006 Pag. 279 Jurisprudencia(Común) INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición. En ese contexto y de acuerdo con los elementos probatorios, el oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017, de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, fue emitido por funcionarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, identificables conforme al texto de éste, como "Directora Consultiva" y "Jefe de Departamento", quienes si bien no fueron integrados a la litis del amparo, sí dieron respuesta a la petición que la quejosa presentó a la Subdelegación en Morelos de dicha Comisión, el catorce de junio de dos mil diecisiete. Si bien se desconoce la jerarquía de los funcionarios "Directora Consultiva" y "Jefe de Departamento", con relación a la autoridad responsable, esto es, sin son inferiores o superiores, ello no impide que opere la inexistencia del acto reclamado con fundamento en que la petición ya había respondida antes de la presentación de la demanda de amparo; esto en virtud de que, conforme a lo sustentado por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J.6/2000, en primer lugar se trata en todo caso de autoridades de una misma dependencia, esto es, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y, en segundo lugar, porque la esencia del derecho sustantivo tutelado por el artículo 8º Constitucional, es que los funcionarios y empleados públicos, den contestación a la petición, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno. Segundo apartado de estudio. Este consiste en la negativa de recibir y en consecuencia de responder, el escrito dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, intentado entregar el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete en las oficinas de la CONDUSEF Subdelegación Morelos. La quejosa reclamó de la autoridad responsable un acto negativo, en concreto, un "no hacer", consistente en la negativa de recibirle y en consecuencia, de responderle el escrito que intentó entregar el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en las oficinas de la CONDUSEF Subdelegación Morelos. Respecto de los actos negativos, es criterio jurisprudencial que cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Así, por regla general, tratándose de actos de carácter negativo, corresponde a la autoridad responsable acreditar que no incurrió en la omisión o hecho negativo y, por tanto, es insuficiente su afirmación en el sentido de que no es cierto el acto reclamado para tenerlo por inexistente, si no demuestra haber realizado lo que el quejoso afirma no ha hecho. Sobre la regla general de la carga de la prueba respecto de la existencia de los actos reclamados de carácter negativo, se invocan en estas tesis: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 238592 7 de 8 Segunda Sala Volumen 60, Tercera Parte Pag. 27 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 230855 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Pag. 50 Tesis Aislada(Administrativa) ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario. La excepción a la regla general opera cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable, requiere necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular que inste a aquélla (autoridad) a ejercer la facultad prevista en la ley aplicable, lo que implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí recae en él acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad. Los argumentos de la excepción se fundan en la siguiente tesis aislada: Tesis: 2a. CXLI/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197269 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 366 Tesis Aislada(Común) ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. La autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. En la tesis aislada 1a. XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que debe acudirse a las normas legales que regulan la actividad de la autoridad para comprobar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso, esto es, debe existir previamente la obligación correlativa determinada por la ley. Por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, con independencia de lo que afirme el quejoso, será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades legales que ineludiblemente esté sujeta realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, de forma oficiosa por disposición de ley, sin que tenga como presupuesto una condición. En otras palabras, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad y, por tanto, que efectivamente omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas con efectos en la esfera jurídica del quejoso, debe existir previamente a la instauración del amparo, la obligación de llevar a cabo, sea de forma oficiosa (por disposición de ley) o como consecuencia de un acto jurídico previo (acto desplegado por el particular, determinado por la propia autoridad o por diversa cuyas decisiones esté sujeta a obedecer, por citar algunos ejemplos), el acto cuya falta de realización se le demande y califique de violatorio de derechos. La tesis 1a. XXIV/98, dice a la letra: Tesis: 1a. XXIV/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196080 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 53 Tesis Aislada(Común, Administrativa) ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Antes de continuar, debe precisarse que se está ante un caso de violación al derecho de petición. Ahora bien, el derecho sustantivo de petición está tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El citado precepto constitucional confiere a los gobernados el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, pero siempre de forma pacífica y respetuosa, con la salvedad que en materia política, sólo pueden hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. La obligación que impone a las autoridades, es correlativa de la recepción de la petición y tiene dos componentes: 1) Dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud aunque no necesariamente favorable al interés del gobernado y; 2) Dar a conocer su respuesta al solicitante en breve término, en el entendido que únicamente si aquél señala domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. El derecho de petición tiene como componente, la entrega-recepción del escrito. En efecto, el gobernado debe entregar el escrito al funcionario o empleado público y éste ha de recibirlo. La obligación de la autoridad de recibir el escrito que le sea presentado, si bien no es expresa, está inmersa en el segundo párrafo del propio artículo 8º Constitucional, que dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien haya sido dirigido [el escrito]. La respuesta no necesariamente deberá ser favorable a la petición; incluso, si no fuera formulada de manera pacífica y respetuosa, verbigracia, si el gobernado empleara improperios o injuriara a la autoridad, ésta bien pudiera negar proveer lo solicitado hasta que aquél se conduzca con respeto, pero irremediablemente deberá proveer tal circunstancia por escrito y hacerla del conocimiento del solicitante en breve término. Cuando se demanda de una autoridad el incumplimiento de la obligación de dar respuesta a una petición o solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, ciertamente no corresponde al quejoso probar la conducta omisa de la responsable, porque es un hecho negativo, pero sí tiene el deber de acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad, a saber, la presentación de su escrito ante ella, exigencia que, como quedó apuntado, se desprende de la intelección del propio artículo 8º Constitucional. En el caso concreto, la quejosa alegó que su representante legal, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, intentó entregar un escrito en la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pero que la recepción le fue denegada. Como quedó apuntado, la quejosa ofreció entre otras pruebas, el escrito dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (reverso de foja cinco), de cuyo contenido se desprende, en esencia, que solicitó la imposición de una multa a las instituciones bancarias BBVA Bancomer, Grupo Financiero Ve por Más y Banco Mercantil del Norte, porque no atendieron la solicitud que formuló (reverso de la foja cinco). Ya que dicho escrito no tiene sello de recepción, este juzgador estima que éste es aquel cuya recepción, según la quejosa, fue denegada a su representante legal el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. En párrafos que anteceden se dijo que la obligación de la autoridad de recibir el escrito que le sea presentado en ejercicio del derecho de petición, si bien no es expresa, está inmersa en el segundo párrafo del propio artículo 8º Constitucional, que dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Pero también puede darse el caso que la autoridad niegue la recepción del escrito; supuesto en el cual, el quejoso tendrá que acreditar que se constituyó ante la autoridad con la intención de presentarle la petición. Lo dicho en el párrafo que antecede por cuanto a que si la autoridad se niega a recibir la petición, el quejoso tendrá que acreditar que se constituyó ante la autoridad con esa intención, encuentra apoyo en esta tesis: Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2003971 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2 Pag. 1386 Tesis Aislada(Común) DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular. La quejosa no aportó, desde luego, el acuse de recibo de su escrito, antes, solo exhibió copia simple del mismo (reverso de la foja cinco), ya que en la demanda manifestó bajo protesta de decir verdad, que su recepción fue denegada a su representante legal el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, cuando intentó entregarlo. Pero las demás pruebas que ofreció, no acreditaron que su representante legal, efectivamente hubiera acudido el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete a la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el propósito de entregar el escrito que dirigió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuya recepción, según su dicho, fue denegada. En efecto, el oficio VJ/DGDIC/DC/4204/2017 (reverso de foja cuatro) y la solicitud SIAB-VIDA (foja cinco), fueron materia del acto reclamado y no demuestran que hubiera acontecido el supuesto señalado en el párrafo que antecede. La instrumental de actuaciones, integrada por el sumario, no demostró el intento de entrega del escrito y negativa de la autoridad a recibirlo. Ni el informe injustificado ni el posterior [informe] recibido el doce de enero de este año, demostraron el supuesto señalado. En cuanto a la presuncional en su aspecto legal, no hay precepto normativo a partir del cual deducir que efectivamente el representante legal de la quejosa, acudió el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete a la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el objetivo de entregar la petición y que le hubiera sido negada la recepción. Ejemplo de un caso en que opera una presunción legal, ocurre cuando la autoridad responsable no rinde su informe justificado aun cuando esté notificada de la obligación de hacerlo. En dicho supuesto, opera la presunción legal de que el acto reclamado es cierto, establecida por el artículo 117 de la Ley de Amparo. La presuncional en su aspecto humano, tampoco acredita el hecho indicado, ya que de autos no se desprende manifestación de voluntad de las partes que lleve a concluir, sin lugar a dudas, que existió el intento de entrega de la petición y la negativa de la autoridad a recibirlo. Aun cuando la quejosa expresó en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, su representante legal intentó entregar un escrito en la Subdelegación en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pero que su recepción le fue denegada; lo manifestado bajo protesta de decir verdad no tiene el alcance de ser irrefutablemente veraz, antes, solo implica la satisfacción de un requisito de forma de la demanda de amparo. El alcance de la narración de los hechos bajo protesta de decir verdad, se apoya en la siguiente tesis: Tesis: III. 2o. A. J/6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 219521 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 52, Abril de 1992 Pag. 46 Jurisprudencia(Común) SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa. En conclusión, al no estar demostrada la entrega a la autoridad responsable, del escrito dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (reverso de foja cinco), por el que la quejosa solicitó la imposición de una multa a las instituciones bancarias BBVA Bancomer, Grupo Financiero Ve por Más y Banco Mercantil del Norte, porque no atendieron la solicitud que formuló (reverso de la foja cinco), ni que el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, su representante legal acudió a las oficinas de la Subdelegación en Morelos de dicha Comisión, con el propósito de entregar ese escrito pero le fue negada su recepción; y ante la negativa del acto reclamado expresada por la autoridad responsable, el acto reclamado es inexistente y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Efectos del sobreseimiento comunes a los dos actos reclamados. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se apoyan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. CUARTO. VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En la jurisprudencia P./J.5/2016 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la obligación del órgano de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, prevista en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo se actualiza en el ámbito de su competencia, por lo que carece de atribuciones para pronunciarse respecto de violaciones a los derechos humanos que no formen parte de la litis constitucional. Sin embargo, también determinó que cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. Luego, con base en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10a.), sin que esto implique pronunciamiento sobre determinación de violación a derecho humano alguno de la quejosa, el suscrito juzgador estima procedente poner en conocimiento de Joel Sánchez Soriano, quien conforme al sumario funge como Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo manifestado por la quejosa en la demanda de amparo, por cuanto a que a su representante legal le fue negada la recepción de su escrito, corriéndole traslado con copia simple del escrito, cuya recepción, según la quejosa, fue rechazada. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Yazmín Morales Colín, contra los dos actos reclamados identificados en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. En términos del considerando cuarto, dese vista a Joel Sánchez Soriano, quien conforme al sumario funge como Subdelegado en Morelos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con lo manifestado por la quejosa en la demanda de amparo, por cuanto a que a su representante legal le fue negada la recepción de su escrito, corriéndole traslado con copia simple del escrito, cuya recepción, según la quejosa, fue rechazada. TERCERO. Cúmplase el Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe, hoy trece de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica que contiene la firma electrónica de Mario Efrén Morgado Guerrero apoderado legal de la quejosa YAZMIN MORALES COLIN, por medio del cual solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico al usuario morgadoabogado, así como la autorización para recibir notificaciones electrónicas al CURP MOGM830815HMSRRR09; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar; y en atención a la solicitud de la parte quejosa, se procede a acordar lo siguiente: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que se autorice al promovente la consulta del Expediente Electrónico del juicio de garantías en que se actúa, en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que respecta a la solicitud de realizar las notificaciones electrónicas de las resoluciones derivadas del presente juicio, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que realice al promovente las notificaciones ordenadas en el presente juicio de amparo vía electrónica en el correo electrónico del panel de notificaciones personales del expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, aún los subsecuentes autos y de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en términos del artículo 297 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a las partes mediante auto de quince de enero de dos mil dieciocho; por lo tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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