Yazmín Medrano Álvarez
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yazmín Medrano Álvarez
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
certificación
- Principal
CERTIFICACIÓN
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que la demanda de amparo de cuenta se recibió durante el referido periodo de suspensión de labores, específicamente el cuatro de enero de dos mil veintiuno, se ordena proveer en cuanto a su contenido. REGISTRO DE DEMANDA Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Yazmín Medrano Álvarez e Isaac Khalil Romero Medrano, por conducto de Cruz Javier Farrera Camacho, quien se ostenta como su apoderado legal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 2/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el promovente Cruz Javier Farrera Camacho, reclama en esta instancia constitucional, ostentándose como apoderado legal de los quejosos Yazmín Medrano Álvarez e Isaac Khalil Romero Medrano, el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Jugado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, en el juicio ordinario civil de extinción y cesación de pensión alimenticia 333/2020-3, en el que declaró la rebeldía de los quejosos por no producir contestación a la demanda instaurada en su contra por Isaac Romero Hernández dentro del término legal. En ese contexto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, por derivar el acto reclamado de un procedimiento judicial, el auto veintisiete de noviembre de dos mil veinte, debe impugnarse a través del recurso de reconsideración, por los siguientes motivos: Los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero establecen: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382. Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible". De lo dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Ahora bien, en dicha codificación adjetiva no se advierte que contra el auto recurrido, proceda el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la citada legislación procesal, que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados". "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo". De lo anterior, se concluye que el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Juez responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto publicado el treinta de noviembre de dos mil veinte, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí que se estima que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita, la resolución que se reclama no es apelable, sin embargo, la ley adjetiva citada tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, el quejoso previamente a promover el juicio de amparo, debió interponer el recurso de reconsideración ante el mismo Juez responsable, pues como se precisó en líneas que anteceden, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquellos que la propia Ley expresamente disponga que no son recurribles. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por tanto, aun cuando un acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, o en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y anexos e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Sin que obste que el promovente del amparo no haya acreditado la personalidad que dice ostentar y no se hubiera prevenido para tal efecto, dado que lo anterior no cambiaría el sentido del presente acuerdo. INFORMACIÓN GENERAL Por otro lado, de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se informa a las partes que de acuerdo al artículo 5, fracción I y 22, fracción II del mismo Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a la autoridad responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el diverso Acuerdo General 25/2020, que reformó en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial el Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Orquídeas número 8, Fraccionamiento Villas Paraíso I, en esta ciudad; como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Miguel Macedo Ríos e Irving Hasell Navarrete Mota, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Rubén Manuel Lorenzo Abarca, Eduardo Cruz Millán, Daniel Campos Juárez, Zaira Cruz Cruz y Secretes Osorio Pérez, por así haberlo solicitado. Asimismo, se autoriza a las personas que designó como sus autorizados para que se impongan de los autos del presente asunto mediante el uso de aparatos electrónicos; lo anterior de conformidad en la circular número 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otro lado, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente juicio, a través del nombre de usuario que proporciona (javier.farrera) por lo que dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondientes a este órgano federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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