Yazmin Martínez Irigoyen

Expediente 395/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
395/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Yazmin Martínez Irigoyen

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por *******, en su carácter de Sindica Única del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, personalidad que acredita con copia certificada de la Primera Sesión de Cabildo de uno de enero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Secretario de Ayuntamiento del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, contra actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 395/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Coatzacoalcos, pues el acto que reclama la parte promovente tuvo ejecución material en la ciudad de Coatzacoalcos, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se expondrá a continuación: En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: 1. Se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En tales condiciones, del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente de amparo, en esta vía constitucional, señala como acto reclamado: El acuerdo de requerimiento de pago y embargo de ejecución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, realizado a las diez horas del veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 36/2000-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, que en la parte que aquí interesa señala: ".se determina requerir por última ocasión al Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto de.; o a través de quienes ostenten dichos cargos actualmente, para que en el improrrogable término de cinco días hábiles contados a partir de que sean requeridos, se reúnan en cabildo y en sesión ordinaria o extraordinaria como el caso excepcional, declaren (sin necesidad de autorización por parte del Congreso del Estado) como deuda pública la cantidad de 9,121,288.14 (nueve millones ciento veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos con catorce centavos moneda nacional) salvo error u omisión de tipo aritmético, adeudos a los actores del juicio laboral que nos atañe hasta el día de hoy, con independencia de lo que se siga generando por concepto de salarios caídos hasta que se dé cabal cumplimiento al laudo." De igual forma, la parte quejosa allegó a su escrito de demanda, el instructivo de notificación del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el referido juicio laboral, del que se advierte lo siguiente: ".Para el desahogo de la diligencia ordenada, se comisiona al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Coatzacoalcos, Veracruz para que en auxilio de las labores de este Tribunal tal como lo establece el numeral 189, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se constituya en el domicilio ampliamente conocido donde se ubica el Palacio Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz y requiera a la persona física que ocupe el cargo de Sindico Único lo detallado en supra líneas." Así las cosas, y de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que el requerimiento que por esta vía constitucional combate tuvo ejecución a las diez horas en el Palacio Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, puesto que personal actuante adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio de las labores del tribunal responsable, realizó el requerimiento al ayuntamiento demandado para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de que fuera requerido, se reuniera en cabildo y en sesión ordinaria o extraordinaria, declararan (sin necesidad de autorización por parte del Congreso del Estado de Veracruz) como deuda pública la cantidad de $ 9,121,288.14 (nueve millones ciento veintiún mil doscientos ochenta y ocho pesos con catorce centavos moneda nacional). Atento a lo anterior, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción X, párrafo segundo, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 9/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 182, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181610, de rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." De igual forma, tiene sustento la tesis aislada XIX.2o.P.T.9 L (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, localizable en la página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2005662, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 395/2018, así como las nueve copias de la demanda, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo; sin que se provea respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra previsto por el artículo 126 de la ley de la materia y por al arábigo 22 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen López García y José Libio José Antonio León Olmos, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 44677 y 39606, respectivamente, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Laureano Malpica Alemán y Samuel Ramos Hernandez, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó contar con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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