Yazmin Irma Risk Ibarra
Expediente 1376/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/04/2021
Partes del expediente
- Yazmin Irma Risk Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuenta. El ocho de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con el escrito registrado con el número de folio 3554. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda (fojas 5 a 32). Lo anterior, previa copia certificada a su costa; asentándose la razón que por su recibo se deje para constancia y previa cita generada en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encontraba paralizado dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Se recibe ejecutoria. En ese orden, se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que acompaña: El cuaderno original del presente juicio de amparo; Copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 216/2020 administrativo. En consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo." En consecuencia, se ordena agregar a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, así como las promociones y actuaciones subsecuentes a la formación del cuaderno de antecedentes derivado del recurso de revisión citado, toda vez que las copias certificadas con que se formó dicho expediente son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al artículo 3, fracción XIX del citado acuerdo. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. Devolución de documentos. Por otro lado, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución a la parte quejosa, de las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda (fojas 5 a 32); asimismo, requiérasele para que en un plazo de noventa días a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa; ello con apego a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, devuélvase al archivo el presente expediente por así haberse ordenado en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista a excepción de la parte quejosa, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.),1 emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual se informa a este órgano jurisdiccional que en los autos del amparo en revisión 216/2020, se admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Ciudad de México. Notifíquese.
- Principal
Quejosa ofrece pruebas. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa Yazmin Irma Risk Ibarra, por medio del cual ofrece dos testimoniales, así como una inspección judicial; sin embargo, fue omisa en exhibir los cuestionarios respectivos. Respecto de lo anterior, se acuerda lo siguiente: Cuestiones previas. Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, previo a la admisión y desahogo de la prueba testimonial y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, por lo que la carencia de alguno de ellos generará procesalmente su desechamiento. Los elementos de valoración formales para tener por anunciadas las pruebas testimonial e inspección judicial, consisten en: a) Que se realice dentro del plazo de cinco días hábiles antes del fijado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; b) Que se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos; del cuestionario para los peritos; o indiquen los puntos a desahogar en la inspección; c) Que se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y d) Que tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. Por su parte, el elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que si no se cumplen los elementos formales o materiales relacionados, deben desecharse las pruebas referidas, por la falta de los elementos apuntados. Desechamiento de las pruebas testimoniales. Sentado lo anterior, cabe indicar que en la especie, procede desechar las pruebas testimoniales ofertadas por la parte quejosa, en virtud de que no reunió el requisito formal enunciado en el inciso b, en virtud de que fue omisa en exhibir los interrogatorios respecto a las pruebas testimoniales al momento de su ofrecimiento. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/2018 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Se desecha inspección judicial. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, se desecha la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en virtud de que no se considera idónea para demostrar el extremo que se pretende. Lo anterior, porque la materia de la probanza versa sobre la descripción y características del inmueble, así como sus colindancias, sin que ello se encuentre relacionado con el acto que por esta vía reclama, y que se hizo consistir en: La falta de emplazamiento, notificación, comunicación, trámite o procedimiento que produjo el ilegal embargo y posterior adjudicación del predio identificado como lote 5, manzana 64, de la colonia Desarrollo San Antonio del Mar, en esta ciudad, el cual cuenta con una superficie de 333.21 metros cuadrados. La aplicación de la responsables a fin de adjudicarse el inmueble propiedad de la quejosa. La falta de motivación y fundamentación para ejercer actos de molestia en contravención al derecho de propiedad de la quejosa respecto al inmueble antes descrito. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 41/2001, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."
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