Yazmin Guadalupe de la Parra Loya
Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yazmin Guadalupe de la Parra Loya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de julio de dos mil veintiuno Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente depuración, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 154/2021, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por oficio recibido el dos de marzo de dos mil veintiuno, en razón de haberse declarado incompetente por cuestión de conocimiento previo, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, remitió los autos del expediente 372/2020, formado con motivo de la demanda promovida por *******, por propio derecho, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que en la misma precisó. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se aceptó el conocimiento del asunto, declarándose convalidadas todas las actuaciones, se registró bajo el número 154/2021; sin que hubiera lugar a solicitar informe justificado en razón de ya obrar rendidos y haberse dado vista a las partes con los mismos; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; asimismo se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se verificó, con el resultado asentado al tenor del acta que antecede; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son aquéllos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, así como las constancias que integran el presente juicio de amparo; además, con apoyo en la jurisprudencia 19, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". Es aplicable también, la jurisprudencia 70, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado.". De la misma forma, apoya lo anterior la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno del citado Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Así pues, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, del análisis de ésta, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia, reclama lo siguiente: a).- La orden de desocupación dictada en el expediente agrario 225/2015, respecto del inmueble que refiere tiene en posesión, con motivo de la ejecución del fallo definitivo emitido en ese asunto y a efecto de poner en posesión a la parte vencedora. TERCERO. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese contexto, las autoridades responsables Magistrada y Actuario, ambos adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado, aseveración expresa que basta para tenerlo por evidenciado, de acuerdo a lo dispuesto en el arábigo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 206, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por cuestión de técnica, previamente a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar si se actualiza o no alguna causa de improcedencia por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, aplicable al caso. Sobre el particular, este juzgado federal advierte que, en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.].". Del precepto legal transcrito se destaca que, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que, si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 45, del Tomo 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, establece: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Asimismo, en las jurisprudencias 1138 y 556, sustentadas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visibles en las páginas 783 y 399, de los Tomos IV y VI, Materias Común y Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, se establece: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional; de suerte que si no está justificado dicho perjuicio el amparo no debe concederse." "INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4° de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado." Del contexto antes trascrito se advierte que, el interés jurídico a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es respecto a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, tal como se desprende del contenido del diverso numeral 5, fracción I de la misma ley, que establece que, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo y alegue que, con los actos reclamados se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; lo que permite colegir que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías. Por otra parte, la base para la procedencia del juicio de amparo, es la existencia de un perjuicio personal, actual y directo en los intereses jurídicos de la parte quejosa, como lo dispone el citado artículo 5 de la Ley de Amparo; pues el juicio de amparo constituye la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún de carácter legislativo, ya que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que se traduzcan en una afectación actual, personal y directa, a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. Es decir, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora, por interés jurídico, debe entenderse que el quejoso es titular de un derecho subjetivo, público o privado, que resulta lesionado por el acto de autoridad que se reclama; por su parte, el derecho subjetivo requiere de la reunión de tres elementos: 1. La existencia de un interés exclusivo, actual y directo; 2. Que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley; y, 3. Que esa protección se resuelva en la aptitud de su titular de exigir del obligado la satisfacción de ese interés, mediante la prestación debida. Para que el interés sea exclusivo, actual y directo, es preciso que sea personal, que exista al momento de promover el juicio constitucional y que el bien que se persiga conduzca a la satisfacción de una necesidad del titular. Luego, como se dijo, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al advertirse que la impetrante de amparo carece de interés jurídico para promover la demanda, en virtud que los actos que reclama a las autoridades responsables, no afectan de modo personal, actual y directo su esfera jurídica. Ello se estima así, pues de conformidad con los dispositivos 107, fracción I, constitucional, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías, es requisito indispensable que, quien lo promueve, haya resentido un agravio; y sólo quien resiente ese agravio puede acudir al juicio. A este respecto, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia emitida por la que fuera la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 56, Tomo 72, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4º. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas Tesis Jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, sexta parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto 'perjuicio', para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". El Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que hablaba la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ahora XII del artículo 61, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados". Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios, como en la especie, o de cualquiera otra clase. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. De todo lo anterior, puede concluirse que el promovente del juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega fue vulnerado, y que derivado de esa violación, resultó afectado en sus intereses jurídicos, en su patrimonio o en su persona. También es conveniente recordar que, el interés jurídico que asiste al quejoso en un juicio de amparo, requiere por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a éste. Así pues, no se tiene por actualizado el interés jurídico en el juicio de garantías si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si de existir, no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama. En razón de las consideraciones vertidas se afirma que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, por un interés "simple", como suele llamársele a aquél que, sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Asimismo, se ha reconocido por los tribunales de Amparo, que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones, tal como se advierte de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, visible a página 295, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente impone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Durante la tramitación de un juicio de amparo la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma indubitable o fehaciente, por ende, no debe deducirse a base de presunciones". Retomando la litis constitucional que nos ocupa, deviene inconcuso que la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la orden de entrega del inmueble que es materia de controversia en el expediente generador de los actos reclamados. Para una mayor comprensión del asunto en estudio, es menester precisar que de la documental allegada por el tribunal agrario responsable, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, consistente en copia certificada de diversas actuaciones que obran en el expediente agrario 225/2015, promovido por *********, en contra de ******, en el que se llamó a juicio a la Asamblea de Ejidatarios del Poblado de San Agustín Tetlama, Municipio de Temixco, Morelos, se dictó sentencia el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se resolvió que el actor en lo principal no acreditó su acción, y el actor reconvencionista, si demostró sus pretensiones, por lo que se declaró que éste tiene mejor de derecho a poseer la parcela 107 Z-1 P-1, del ejido precisado, con las medidas y colindancias: "*******Asimismo, se obtiene de dichas actuaciones que el seis de marzo de dos mil veinte, tuvo lugar la diligencia de ejecución de sentencia, en la que las partes expusieron los términos en que acontecería la entrega física de una parte del predio controvertido y recibiendo otra, declarando el Actuario actuante la entrega "real, material y jurídica" de la parcela mencionada. Ahora bien, es necesario tomar en consideración que a efecto de que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse el origen de la misma, esto es, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional que se solicita; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete el derecho fundamental de audiencia; en ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si la impetrante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tiene efectos para el juicio de amparo y no tiene la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. En la especie, *********, invoca el derecho a poseer parte del bien inmueble de referencia, porque dice ser propietaria del inmueble ubicado *********, invocando como causa generadora de esa posesión el contrato de cesión de derechos posesorios que celebró con *******, actor principal en el juicio agrario en mención. Para acreditar su aseveración y por ende el interés jurídico respecto del bien inmueble que dice poseer, allegó: 1.- Contrato de cesión de derechos que celebró la quejosa con*********** (actor en el juicio agrario de donde emana el acto reclamado) el diez de enero de dos mil. 2.- Como antecedente de la anterior, presentó constancia de cesión de derechos otorgada ante el Comisariado Ejidal de San Agustín Tetetlama, Municipio de Temixco, Morelos, por ********, de trece de junio de mil novecientos noventa y nueve. Ambas en copia certificada por el Titular de la Notaría Pública número Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, conforme a la certificación de trece de marzo de marzo de dos mil veinte. Sin embargo, tales medios probatorios resultan insuficientes para acreditar los extremos hechos valer por la impetrante del amparo. En efecto, esa documental, valorada de conformidad a lo dispuesto por los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, no es suficiente para acreditar la posesión derivada que la quejosa dice tener respecto al inmueble que defiende en esta instancia constitucional; porque la fecha cierta del documento la adquirió con posterioridad a la en que se emitió el acto reclamado, pues de las constancias que obran en autos, relativas al procedimiento natural, se advierte que la orden se contiene precisamente en la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en donde se condenó a *********, a la desocupación y entrega del inmueble que ha sido descrito en el apartado de antecedentes. Sentencia que, como quedó precisado con antelación ya se ha ejecutado el seis de marzo de dos mil veinte. Ahora, en torno a la "fecha cierta" de un documento, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." (Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 63). De lo expuesto se advierte, que el Alto Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: 1. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. 2. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio porque el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. 3. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. En el presente caso, se estima necesario establecer cuándo el documento exhibido por la quejosa, adquirió fecha cierta. La impetrante de garantías sustenta su interés jurídico para acudir al amparo, principalmente en el contrato de cesión de derechos que celebró con *********(actor en el juicio agrario de donde emana el acto reclamado) el diez de enero de dos mil, documento que fue presentado para su certificación, ante la fe del Titular de la Notaría Pública número Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, el trece de marzo de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, un documento privado adquiere fecha cierta, a partir de que es presentado ante un funcionario público con facultades para dar fe de la existencia del documento, es decir, al cumplir con uno de los requisitos para tenerlo como tal. Acorde a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 44/2005 (Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Junio de 2005, página: 77) sostuvo, en esencia, que un documento adquiere fecha cierta cuando se presenta ante notario público; criterio cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". En esa tesitura, y por identidad sustancial, es inconcuso que el documento con el que la quejosa pretende acreditar sus derechos posesorios (arrendamiento) respecto del inmueble que dice tiene en posesión, adquirió fecha cierta el trece de marzo de marzo de dos mil veinte, cuando fue presentado para su certificación ante el notario público mencionado, es decir, posterior a la fecha en que se emitió la orden de desocupación en el expediente generador de los actos reclamados, ya que ésta, como se expuso, se verificó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, lo que se puede apreciar de las copias certificadas que remitió la magistrada responsable a su informe justificado; de ahí que su reclamo se deriva de actos anteriores a que adquiriera fecha cierta el contrato de cesión de derechos posesorios con el que la impetrante pretende acreditar la posesión del inmueble que defiende; habida cuenta que incluso la sentencia aludida se ejecutó el seis de marzo de dos mil veinte. Robustece lo anterior, la tesis VI.2o.162 C, publicada en la página 871, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual, a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE NO FUESE OBJETADO. Si quien se quejó en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, exhibió un contrato privado de compraventa; es correcto concluir que con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurra resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, pues en caso contrario tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de que se duele el peticionario de garantías, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos". También apoya la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tesis: 2ª./J. 16/94 Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Entonces, al estar probado en autos que para cuando el documento exhibido por la quejosa en su demanda de amparo adquirió fecha cierta (trece de marzo de marzo de dos mil veinte), el acto reclamado ya existía, no cabe duda que el mismo es insuficiente para tener por demostrado los extremos pretendidos por aquella; pues adquirió el carácter de fecha cierta cuando ya se había dictado sentencia en el juicio de origen, incluso después de haberse ejecutado la misma. Conviene señalar que no es inusual ni difícil que dos personas emitan un documento privado en el que, quizá celebrando un acto válido de traslación, señalen en el mismo una fecha diversa a la que corresponde a la fecha de celebración del acto; con lo que pueden llevarse a cabo actos fraudulentos en perjuicio de terceros; es por ello que se ha considerado que, por razón de seguridad jurídica y para evitar la posibilidad de que se trate de un acto fraudulento, los documentos privados no son suficientes por sí mismos para acreditar que el derecho de que se trata existió con anterioridad al acto reclamado en un juicio de amparo, sino que tienen que ser de fecha cierta, esto es, debe existir certeza respecto de la fecha de emisión de ese documento y, por tanto, de la celebración del acto jurídico que en el mismo se contiene, pues de lo contrario no puede tenerse por acreditado el interés jurídico. En el contexto apuntado, si con la prueba aportada por la parte quejosa no se justificó el derecho que dice tener respecto del inmueble de trato, ni que exista una afectación a sus derechos subjetivos, resulta claro que no demostró el interés jurídico que se requiere para solicitar la protección de la Justicia Federal contra actos de una autoridad judicial, pues ya se dijo que lo anteriormente establecido es un requisito indispensable para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña en un juicio civil. En el entendido de que los razonamientos que han quedado establecidos, en relación con el contrato de arrendamiento, en modo alguno prejuzgan sobre su validez, existencia o nulidad que pudiera resultarle a dicho acuerdo de voluntades, ya que tales ponderaciones se hicieron con el exclusivo propósito de evidenciar lo improcedente que resulta el presente juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público como se precisó al inicio de este considerando. Por las razones que informa, se cita la Tesis 2a. LII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Página 333, tomo V, Mayo de 1997, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AÚN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". A mayor abundamiento, deviene inconcuso que la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la orden de desocupación del bien que dice tiene en posesión y que afirma se trata de aquel que fue materia de la litis en el juicio agrario 225/2015, esto es, el que en la demanda de amparo identifica como el ubicado en ******. Mientras que el inmueble involucrado en el juicio ********* De ahí que, resulta evidente que no se demostró la afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues no se acreditó que el bien que aduce posee, sea el mismo que se ordenó poner en posesión de la parte vencedera en el juicio agrario 225/2015, pues en su caso, debió aportar diversos elementos de prueba tendentes a justificar la identidad del inmueble del que se ostenta con derecho de poseer, con aquél en que se involucra en el citado expediente, en particular, la prueba pericial asociada de otros elementos de convicción que demostraran el extremo que se aduce, dado que sólo los peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los elementos idóneos, en la que se precisara que el inmueble arrendado por la impetrante, es el mismo en el que se ordenó la diligencia de la que deriva el acto reclamado, pues de una simple comparación de los datos proporcionados por la quejosa, los obtenidos de las pruebas ofrecidas y las que obran en el expediente generador del acto reclamado, se deduce que no existe coincidencia en la superficie, medidas, colindancias y diversos datos de ubicación. No basta la simple y presunta ubicación de los inmuebles en comento, para demostrar su identidad, toda vez que, se reitera, era necesario que se ofrecieran diversos medios de convicción para tal fin, de ahí que sea incuestionable que la quejosa no acreditó su interés jurídico. Este criterio encuentra apoyo en la jurisprudencia identificada con el número VI.1o.C. J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable a página 1606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado". Así como la diversa identificada con el número VI.3o. J/2, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 327 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, cuyo titulada y rubro son del tenor siguiente: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías." Así pues, al no haberse acreditado el extremo pretendido, la suscrita juzgadora se encuentra imposibilitada para hacer declaración alguna al respecto, pues no es jurídicamente correcta la acreditación de aquél con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales o documentales de dependencias como la catastral, siendo que la probanza de mérito era necesaria para que la peticionaria de amparo, acreditara su interés jurídico. En tal virtud, si la impetrante, como tercera extraña al juicio natural, no demostró la identidad del inmueble, es evidente que los actos controvertidos, emanados del juicio agrario 225/2015, no le causan perjuicio y, por ende, debe concluirse que no afectan su interés jurídico. Robustece lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis número VI.1o.31C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 323 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, cuyo rubro texto a la letra dice: "EMBARGO. EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DEBERÁ ACREDITAR LA IDENTIDAD ENTRE EL BIEN DE SU PROPIEDAD Y EL QUE FUE SECUESTRADO. Cuando el quejoso reclama el embargo o su indebida ejecución llevada a cabo en bienes de su propiedad en un juicio ejecutivo mercantil, donde es tercero extraño, debe acreditar, con prueba fehaciente la identidad del inmueble que le pertenece con el que fue materia del embargo, o bien su inclusión en la diligencia respectiva, pues de no ser así, ello da motivo a que se niegue el amparo, por no demostrar la violación a sus garantías individuales." Por lo anterior, al no haberse acreditado la identidad del bien inmueble, lo que se traduce en la falta de comprobación de un interés jurídico, legalmente protegido es incuestionable que no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Esto, porque resulta importante contar con plenitud de certeza de que, quien pide la anulación por esta vía de un acto autoritario sobre un bien cualquiera, alegando ser ajeno a la controversia de donde dicho acto emana y afirmando ser el poseedor o propietario legítimo del bien materia del litigio, efectivamente cuente con tal carácter y que, a él, corresponda la titularidad efectivamente de ese derecho, cuya afectación ataca, no siendo suficiente para ello, se insiste, los documentos exhibidos en autos, porque como ya se dijo, no son de fecha cierta y tampoco acreditan la titularidad de la quejosa respecto a ese inmueble. Es menester precisar que no basta para tener por acreditado el interés jurídico de la impetrante de amparo, la sola presentación de la demanda, pues ello implica únicamente la pretensión de poner en movimiento el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que el acto reclamado lesiona su interés jurídico, tampoco las manifestaciones contenidas en ella bajo protesta de decir verdad, en razón de que, dicha fórmula únicamente se trata de un requisito meramente formal que la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo exige en el contenido del escrito inicial de demanda, pero esta declaración no entraña el acreditamiento de un derecho, ni el interés jurídico para el ejercicio de la acción constitucional, sino la satisfacción por parte del inconforme de los requisitos exigidos por el numeral en mención que deberá encontrarse robustecida con elementos de convicción que hagan prueba plena. Sobre el particular, es aplicable el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número doscientos noventa y ocho, consultable en la página doscientos cuarenta y seis, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que textualmente dice: "INTERES JURIDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Asimismo, resulta oportuno invocar la jurisprudencia número doscientos noventa y siete, sustentada por la referida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cinco, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que es del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." De igual forma, resulta pertinente aclarar que, tampoco es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la peticionaria de amparo, el hecho de que la autoridad responsable ordenadora haya aceptado el acto reclamado, pues una cosa es tener por existentes los actos de molestia, y otra, el perjuicio que éstos puedan depararle a la quejosa, luego entonces, le correspondía a ella comprobar el interés jurídico con algún elemento de prueba que acredite que efectivamente le causa perjuicio los actos impugnados y, por lo mismo, tenía la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías, misma que no satisfizo. Al caso concreto, es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Congruente con lo anterior, al carecer de interés jurídico la peticionaria del amparo y, por ende, actualizarse la causal de improcedencia que se ha analizado, impone sobreseer en el asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a las ordenadoras. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690 del Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Ahora bien, los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente; sin embargo, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías, como ocurrió en la especie, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sustenta lo aquí resuelto, la tesis 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe decir que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63 fracciones IV y V, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******, atento a las razones y fundamentos legales plasmados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito del tercero interesado ********, mediante el cual, se apersona al presente juicio de amparo, formula manifestaciones, señala domicilio, designa autorizados, solicita se le de vista al Ministerio Público y ofrece pruebas. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestación que en vía de alegatos formula, la que, de ser procedente, será tomada en consideración en la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que proporciona, y por autorizados para esos únicos efectos a las personas que refiere incluso a -*******, toda vez que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con amplias facultades en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, quienes sí cumplen con ese requisito. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que refiere que obran en autos; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público. Por cuanto a la petición que formula en el sentido de que se de vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, dígase que si en el caso estima que se está ante la comisión de probables ilícitos, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad e instancia que corresponda; ello con independencia que de considerarse procedente, se actué en los términos solicitados, habida cuenta que ello es una facultad de los juzgadores de amparo y no un derecho que puedan invocar las partes. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo de este asunto, se impuso a la parte quejosa*******, como obligación para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió, otorgar una garantía por la cantidad $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, dentro de los cinco días siguientes al en que le surtiera efectos la notificación relativa; sin que obre constancia en autos de que haya cumplido con dicha obligación. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de mérito y con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva de los actos reclamados ha dejado de surtir efectos, motivo por el cual deberá girarse oficio a las autoridades responsables, para hacer de su conocimiento que quedan expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado, ello con la salvedad de que los efectos de la paralización concedida, son susceptibles de recobrarse si se cumple con la exigencia impuesta antes de que la ejecución del acto se lleve a cabo, habida cuenta que en ese supuesto subsiste la materia de la suspensión. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia I.5o.C.122 K, visible en la página 544, Tomo XIII, mayo de mil novecientos noventa y cuatro de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados.". Notifíquese.
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