Yazmin del Carmen Méndez Ñeco
Expediente 1972/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1972/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Yazmin del Carmen Méndez Ñeco
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente juicio concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria que autoriza y da fe.Jesús
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda que promueve por comparecencia ********************, en nombre y representación de su hermana ********************, contra actos del Comandante, Jefe o Subdelegado de la Guardia Nacional (antes policía Federal), con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV y 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1972/2023-II. Luego, de la comparecencia se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La desaparición forzada de la directa quejosa ********************. En consecuencia, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y malos tratos o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en su caso, para el efecto de que cesen de inmediato. Por otra parte, en relación a la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada, de que se dice es objeto ********************, se decreta la suspensión de plano bajo los términos siguientes. Lo anterior, para el efecto de que la nombrada quejosa quede a disposición de este Juzgado Federal, por lo que a su libertad personal se refiere, en la inteligencia que, si la detención proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, con motivo de la comisión flagrante de algún delito, la referida agraviada deberá ser inmediatamente remitida al Agente del Ministerio Público que corresponda, en caso contrario, deberá ser puesta en libertad de inmediato, lo cual deberán informar en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora en que reciban el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, precisando la fecha y hora exacta de la detención, libertad o puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, en su caso. De igual forma, si el acto reclamado emana de algún Agente del Ministerio Público, la agraviada podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial u ordenar su libertad según proceda. Asimismo, en la hipótesis de que la detención de la directa quejosa no esté ordenada por autoridad judicial, ni se trate de flagrancia o urgencia, la autoridad responsable deberá ordenar su inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente; por lo que se requiere a la autoridad responsable que remita con su informe, copia certificada de las constancias de las que se desprenda la flagrancia o urgencia, mismas que deberán remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que reciban el oficio que al efecto se les envíe, en la inteligencia que de no hacerlo así se procederá a dejar a la agraviada en inmediata libertad. Igualmente, para el caso de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, la autoridad responsable deberá poner a la quejosa a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, en la inteligencia que, la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, esto de conformidad con el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 163 de la Ley de Amparo. Esta medida cautelar sólo tiene efectos si la quejosa no se encuentra compurgando una pena impuesta por autoridad judicial, o bien, fue detenida o internada por motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión emitida por autoridad judicial. Sin perjuicio de que esta suspensión surtirá sus efectos, respecto de los actos que se atribuyen a la autoridad señalada en su comparecencia de demanda, o en su caso también, en contra de aquellas autoridades que tengan a su disposición a la nombrada quejosa. Ahora, para en el supuesto de que la quejosa presente lesiones, requiérase a la autoridad que la tenga a su disposición, que de inmediato proceda a proporcionar la atención médica que requiera, atendiendo al tipo de lesión que en su caso presente y dentro del término de veinticuatro horas, remita a esta autoridad el dictamen médico integral practicado a la agraviada; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo, en los términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, quien deberá informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas sobre el cumplimiento de esta determinación y de la situación jurídica de la directa quejosa, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se instruye al Actuario Judicial de este Juzgado Federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Comandante, Jefe o Subdelegado de la Guardia Nacional (antes Policía Federal), con residencia en esta ciudad, o de no encontrarse ahí, en todos aquellos lugares en que a su criterio pudiera encontrarse detenida la directa quejosa por autoridades judiciales o administrativas en esta ciudad, a efecto de que la localice, y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra, asimismo, en el acto de la notificación del presente auto la requiera que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la misma quedando sin efectos las providencias que se hayan dictado. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por el último párrafo de la fracción y numeral referido en segundo término. Por otro lado, en cuanto a la desaparición forzada que se dice es objeto de la directa quejosa, cabe destacar que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que cuando se trate de la posible comisión de desaparición forzada, el Juzgador dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la agraviada; en tal virtud, con apoyo en el citado numeral, con copia de la demanda de amparo, REQUIÉRASE al DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con residencia en esta ciudad, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, ordene de inmediato las diligencias e investigación que estime pertinentes a efecto de lograr la localización de la directa quejosa ********************, una vez que la haya localizado lo informe de inmediato a esta autoridad a efecto de proceder en términos de dicho numeral. Apercibido que de no hacerlo o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo se le impondrá una multa de equivalente a cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero del año en curso. La medida antes abordada se estima necesaria, atento a que el promovente del amparo refirió que la agraviada se encuentra en calidad de desaparecida, o bien es víctima de desaparición forzada, y hasta el momento no se ha logrado su localización, por lo que se infiere que podría configurarse el tipo penal de desaparición forzada de personas a que refiere el artículo 27, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; además que conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, compete a la institución del Ministerio Público la persecución de los delitos; por lo que, sin ánimo de prejuzgar de que en la especie se actualice dicha figura típica, se justifica la medida aquí determinada, esto con base en que, se trata de una persona relacionada con un juicio de amparo del conocimiento de este órgano de control constitucional, respecto del cual se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, cometidos en su agravio, y que la institución a la que se solicita realice las investigaciones correspondientes, tiene personal a su mando, experta en actos de investigación; en la inteligencia que de la Delegación requerida deberá realizar todo lo legalmente necesario para la localización de la quejosa de trato. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.60 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2392, registro 2007426, del siguiente contenido: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." Téngase como domicilio de la parte promovente para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su comparecencia; asimismo, se le tiene proporcionando el número telefónico que indicó en su comparecencia; no obstante lo anterior, no es medio oficial de notificación, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Luis Roberto Pérez Franco, quien autoriza y da fe.
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