Yazmin Aguilar Quintero

Expediente 1056/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1056/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Ariana Pacheco y Otros.
  • Yazmin Aguilar Quintero
  • Leonel Buenfil Godoy
  • Baltazar Aguilar Quintero
  • Leonel Buenfil Godoy y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el quince de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental; sin embargo, por lo que respecta a los actos que consistieron en la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención) atribuido al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director de la Secretaria de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, e incomunicación y malos tratos que se adujo sufría los directos quejosos a tribuido a todas las autoridades señaladas como responsables, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecinueve, Rodrigo Zapata Sulub a favor de los directos quejosos Jazmín Guadalupe Aguilar Quintero (o) Yazmín Aguilar Quintero (o) Yazmín Guadalupe Aguilar Quintero, Leonel Eliezer Buenfil Godoy (o) Leonel Buenfil Godoy, Baltazar Alberto Aguilar Quintero (o) Baltazar Aguilar Quintero y Ariana Jasibi Pacheco Coba (o) Ariana Pacheco (o) Ariana Pacheco Coba solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del Estado autoridades señaladas como responsables en este asunto, el cual hizo consistir en la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación y malos tratos que aduce sufren los directos quejosos. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de uno de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se realizó en el acta que antecede. Tercero. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado advirtió la participación de una diversa autoridad responsable, siendo ésta el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto que motivo la detención, por tanto, se le requirió a Ariana Pacheco Coba parte quejosa para que dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el uno de agosto de dos mil diecinueve por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolvería únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas en la demanda de amparo como responsables. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento hecho a Ariana Pacheco Coba parte quejosa en acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo por la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el uno de agosto de dos mil diecinueve por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al no hacer manifestación alguna la parte quejosa en el presente asunto, por lo que se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas en la demanda de amparo como responsables. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque los actos reclamados tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. La Privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento (detención). La incomunicación. Malos tratos que aduce sufren los directos quejosos. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir sus informes justificados todas las autoridades responsables negaron los actos reclamados respectos a la incomunicación y malos tratos. de los directos quejosos; El Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, autoridades señaladas como responsables en este asunto, en sus informes justificados señalaron que no es cierto el acto reclamado por la quejosa Ariana Pacheco (o) y Ariana Jasibi Pacheco Coba consistente en su detención. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por los quejosos respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, autoridad señalada como responsable, manifestó que sí es cierto el acto reclamado consistente en la detención de la quejosa Ariana Pacheco (o) y Ariana Jasibi Pacheco Coba. Por su parte, el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en sus informes justificados admitieron el acto reclamado en este asunto, únicamente en cuanto a la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial (detención) de los directos quejosos Jazmín Guadalupe Aguilar Quintero (o) Yazmín Aguilar Quintero (o) Yazmín Guadalupe Aguilar Quintero, Leonel Eliezer Buenfil Godoy (o) Leonel Buenfil Godoy y Baltazar Aguilar Quintero (o) Baltazar Alberto Aguilar Quintero. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que toca a la detención del que fue objeto la quejosa Ariana Pacheco (o) y Ariana Jasibi Pacheco Coba y Baltazar Aguilar Quintero (o) Baltazar Alberto Aguilar Quintero, surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que ha cesado en sus efectos, porque si bien la autoridad responsable, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe justificado (foja 74) manifestó que el primero de agosto de dos mil diecinueve, la hoy quejosa Ariana Pacheco (o) y Ariana Jasibi Pacheco Coba fue detenida por elementos de dicha dependencia y recluida en la cárcel pública; sin embargo, también expuso que en cumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados en el amparo indirecto, fue puesta en libertad a las 01: 35 horas del dos de agosto de dos mil diecinueve, cumpliendo un arresto administrativo de trece horas de las treinta y seis horas que se le determinó en su acta de sanción. Por otra parte de las constancias remitidas por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que ha cesado en sus efectos, ellos es, porque se advierte que por acuerdo de tres de agosto de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta de investigación N1-N1/250/2019, se ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Baltazar Aguilar Quintero (o) Baltazar Alberto Aguilar Quintero en virtud de que por el momento no se cuentan con datos suficientes que pueda acreditar su probable participación en los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación relacionada líneas arriba. De lo anterior se colige que el acto reclamado consistente en la detención de los quejosos, ha cesado en sus efectos, toda vez que el directo quejoso fue puesto en libertad el tres de agosto de dos mil diecinueve. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitieron las autoridades responsables con sus respectivos informes justificados, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo, se aprecia que efectivamente fue así. Bajo ese orden, y partiendo de la base de que el acto reclamado, consistente en la detención de los impetrantes es de carácter positivo, y que implicó una restricción a la facultad deambulatoria; es claro que esa actuación produjo sus efectos mientras duró, de modo tal que al decretarse la libertad, las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se ejecutara esa limitación al derecho, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, precisamente porque los directos quejosos Ariana Jasibi Pacheco Coba (o) Ariana Pacheco (o) Ariana Pacheco Coba y Baltazar Alberto Aguilar Quintero (o) Baltazar Aguilar Quintero volvieron a disfrutar del goce del derecho fundamental que les fue afectado. Es aplicable, la jurisprudencia que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, por lo que atañe a la detención reclamada de los quejosos Leonel Eliezer Buenfil Godoy (o) Leonel Buenfil Godoy y Jazmín Guadalupe Aguilar Quintero (o) Yazmín Aguilar Quintero (o) Yazmín Guadalupe Aguilar Quintero, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". De lo manifestado en los informes remitidos por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, se aprecia que el tres de agosto de dos mil diecinueve a las dieciséis horas con treinta minutos, los directos quejosos Leonel Eliezer Buenfil Godoy (o) Leonel Buenfil Godoy y Jazmín Guadalupe Aguilar Quintero (o) Yazmín Aguilar Quintero (o) Yazmín Guadalupe Aguilar Quintero fueron puestos a disposición del Juez de Control en Turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, como probables responsables del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio en su connotación de venta del narcótico denominado Cannabis y Cocaína, respecto a los hechos que dieron origen en la carpeta de investigación N1-N1/250/2019. Por tanto, en el presente caso las citadas autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención que se les atribuye, desde el momento en que la autoridad administrativa Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, puso a Jazmín Guadalupe Aguilar Quintero (o) Yazmín Aguilar Quintero (o) Yazmín Guadalupe Aguilar Quintero, Leonel Eliezer Buenfil Godoy (o) Leonel Buenfil Godoy, directos quejosos a disposición del Juez de Control en Turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y en ese sentido procede sobreseer el presente asunto. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse las causales de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto en relación a los actos reclamados consistente en la incomunicación, malos tratos y detención de los directos quejosos. con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rodrigo Zapata Sulub a favor de los directos quejosos Jazmín Guadalupe Aguilar Quintero (o) Yazmín Aguilar Quintero (o) Yazmín Guadalupe Aguilar Quintero, Leonel Eliezer Buenfil Godoy (o) Leonel Buenfil Godoy, Baltazar Alberto Aguilar Quintero (o) Baltazar Aguilar Quintero y Ariana Jasibi Pacheco Coba (o) Ariana Pacheco (o) Ariana Pacheco Coba contra actos de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaria en la razón de cuenta que antecede y toda vez que por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado requirió a la quejosa Ariana Pacheco Coba para que dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el uno de agosto de dos mil diecinueve por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolvería únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas en la demanda de amparo como responsables. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte quejosa en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo por la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesta el uno de agosto de dos mil diecinueve por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al no hacer manifestación alguna la parte quejosa en el presente asunto, por lo que se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas en la demanda de amparo como responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe.

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