Yazmani Velázquez Hernández

Expediente 1554/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 56 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1554/2021
Año
2021
Actuaciones
56
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Yazmani Velázquez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    COLEGIADO ADMITE RECURSO. la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******* en contra del proveído de trece de septiembre del año en curso, correspondiéndole el número ******. Notifíquese.

  2. Principal

    ENVIAR RECURSO. Vista la certificación de cuenta de la cual se desprende que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes a efecto de señalar las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de trece de septiembre de esta anualidad, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, por lo cual, dicho termino transcurrió del veintiocho de septiembre de dos de octubre de mil veintitrés. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de septiembre pasado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe, manifiesto: Es cierto que, en proveído de trece de septiembre último, no se acordó favorable nuevamente aperturar el incidente de liquidación de sentencia, envío el presente informe sobre la materia de la queja; el original del citado recurso y copia certificada de las constancias conducentes, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, lo anterior, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 101, de la Ley de Amparo. Finalmente, se recibe la copia del oficio de la Encargada de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y protección Ciudadana, por el que informa lo actuado en cumplimiento a la misiva 46470/2023, por el que se requiere remita copia certificada del expediente personal del quejoso donde conste la anotación, así como el correspondiente al Registro nacional de Seguridad Pública, el que se agrega para que obre como corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    REQUERIR CUMPLIMIENTO y RECURSO DE QUEJA. la Encargada de la Dirección Jurídica y representante del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, comunica lo actuado en relación a la ejecutoria dictada en autos y remite copia certificada de las misivas giradas para ello, además refiere que: ".me permito vincular para el cabal cumplimiento a los CC. Directora de Capital Humano de la Tesorería Municipal y Tesorera Municipal, para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos." Enseguida, se precisa que la dicha autoridad oficiante, carece de facultades para vincular a la referidas autoridad, pues es facultad exclusiva de este juzgador federal, en términos del diverso 197 de la Ley, vincular a determina autoridad para el cumplimiento de la ejecutoria, situación que no acontece en estos autos. Por lo que, atendiendo a esas consideraciones, corresponde precisamente a las autoridades responsables, agotar las medidas a su alcance a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban este comunicado, remitan copia certificada del expediente personal del servidor público, en el que conste la anotación, así como la correspondiente al Registro Nacional de Seguridad Pública, en términos de la ejecutoria. Recurso de queja. Por otra parte, el quejoso interpone recurso de queja en contra del proveído de trece de septiembre del año en curso, dictado dentro del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del escrito de queja, para que dentro del término de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolver ésta. Transcurrido dicho plazo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el original del escrito del recurso de queja, la copia certificada de las constancias conducentes, así como el correspondiente informe a que se refiere el numeral 101 de la ley de la materia, para la substanciación y resolución del medio de impugnación interpuesto. Notifíquese.

  4. Principal

    NO HA LUGAR y REQUERIR CUMPLIMIENTO. la parte quejosa ****** solicita se aperture el incidente de liquidación de sentencia, a efecto de determinar los conceptos y cantidades liquidas que se le deben entregar. Sin embargo, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición ya que el monto de la indemnización que debía pagarse en cumplimiento a la ejecutoria de amparo fue liquidado con efectos de cosa juzgada, mediante interlocutoria de 19 de junio del año en curso. Lo anterior es así, dado que la ejecutoria de amparo, a fin de restablecer al quejoso en el goce del derecho humano que se estimó violado, y ante la imposibilidad jurídica de reincorporarlo al servicio como policía no obstante de haber considerado injustificada la separación del cargo, estableció la obligación de las autoridades responsable, de efectuarle el pago de una indemnización. El pago al quejoso de la indemnización correspondiente, consistente, como mínimo, en tres meses de sueldo y veinte días más por cada año de servicio laborado, así como, en su caso, las demás prestaciones a que tenga derecho (contenidas dentro de algún ordenamiento legal o administrativo exactamente aplicable); Por ello, dado que el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, esto es sin exceso o defecto, durante el presente procedimiento de ejecución se ordenó aperturar el incidente de liquidación previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la ley de la materia, para precisar cuál sería el monto de la indemnización con la que, obtenido su pago, debía tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo. Tramitado el incidente de liquidación, se definió el monto de la indemnización materia del fallo protector, por lo que tal determinación constituye cosa juzgada. Luego, que si en el caso ya se encuentra definido, con la calidad de cosa juzgada, el monto a que debe concretarse la indemnización que las autoridades responsables debían pagar a la parte quejosa para lograr el cumplimiento puntal de la ejecutoria de amparo, esto es sin exceso o defecto; es inconcuso que no puede volverse a tramitar diverso incidente de liquidación, no obstante que la parte promovente lo denomine de actualización. Ello, dado que las prestaciones a que tenga derecho "hasta el momento del pago", debe considerarse materializado a "la fecha de la resolución que liquida tal indemnización", como aconteció en el caso, dado que mediante tal interlocutoria, se precisó, definió o concretó la forma y los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, respecto de tal concepto. Esto es así, dado que como se ha dicho, el incidente que contempla el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, está previsto para cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Este supuesto se actualiza cuando la materia de protección constitucional involucra el pago de una prestación periódica que, en principio, requiere establecer la mecánica de su base de cálculo e identificar el periodo que abarcará el pago, para así, determinar con certeza el monto con el que se considerará cumplido el fallo protector. Tal proceder es una condición previa a la apertura del incidente de inejecución de sentencia, pues de esto depende que las autoridades responsables o vinculadas al cumplimiento, puedan acatar la ejecutoria de amparo. Luego, si existiera en el procedimiento de amparo la posibilidad de actualizar el monto de esa liquidación, por el tiempo trascurrido entre el momento que se precisó, definió o concretó la forma y los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo (se cuantificó la indemnización materia del fallo protector) y la fecha en que materialmente se efectúe el pago, el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo sería interminable, dado que siempre existiría un lapso remanente, que sería susceptible de actualización, pues no obstante que se tramitara un incidente de actualización de liquidación, acontecería nuevamente otro lapso susceptible de actualización, como una cadena interminable. Lo anterior, toda vez que: en principio, siempre habrá que esperar a que la resolución de liquidación cause estado para poder requerir a la autoridad responsable su pago; y luego, al ser autoridades las encargadas de cumplir con ese pago, para poder materializarlo, ya que el mismo se efectuará con dinero público, deben de efectuar los procedimientos específicos que marca la ley y sus organigramas a fin de poder establecer la disposición de recurso, e incluso, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este pago, en algunos casos puede ser programático, y prolongarse en el tiempo, sin responsabilidad alguna para la autoridad responsable. Por tanto, la actualización de liquidación que pretende la parte quejosa, va en contra de la naturaleza y finalidad del incide que contempla el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, pues está previsto para precisar, definir o concretar la forma o los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y así lograr el cumplimiento cabal del fallo protector, sin exceso o defecto. Es así, que tramitar una actualización de liquidación generaría que nunca se precisara, definiera o concretara, "en definitiva", la forma o los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues como se ha dicho, no puede requerirse el pago de la cantidad liquidada sino hasta que cause estado la interlocutoria que lo cuantificó, pues para formular el requerimiento de cumplimiento respectivo en el procedimiento de ejecución de una ejecutoria de amparo, es necesario que esa determinación haya adquirido firmeza, toda vez que su incumplimiento genera responsabilidades a las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos y autoridades vinculadas al cumplimiento. Por lo que, entre la fecha de la resolución interlocutoria y la que cause firmeza, por lógica siempre existirá un remanente temporal, sea por simple trascurso del plazo que la ley otorga a las partes para inconformarse, o hecho valer ese derecho, recurrida la interlocutoria primigenia, se tramite el medio de impugnación y éste se resuelva por el tribunal encargado de ello; y luego, que se tramitara la actualización respecto del tiempo trascurrido entre que se emitió la interlocutoria y en que esta causó estado, esta ulterior interlocutoria, también tendría que causar estado, y requerir su pago; a lo que se suma el trámite y acciones normativas, para la disposición del dinero público por parte de las responsables, lo que volvería a generar la necesidad de otra actualización para considerar, la ejecutoria de amparo cumplida sin exceso o defecto. Por lo que el tiempo trascurrido a partir de que se emite la liquidación y se realice el pago, no es nuevamente actualizable, dado que este debe entenderse como que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, y las eventualidades reseñadas justifican la causa del retraso, en términos del párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Y el incumplimiento de pago de la cantidad determinada como indemnización, genera responsabilidad a la autoridad responsable, que puede llegar a su separación en el cargo y su consignación ante juez penal. Ello, se insiste, dado que conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplida la ejecutoria de amparo, sólo si una vez estando completamente definida la forma y términos en que debe cumplir, se efectúa el requerimiento relativo y la autoridad genera retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; pero no si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, pues el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo subsistiendo los apercibimientos efectuados, y es primordial, para requerir el cumplimiento de pago y que la autoridad este en aptitud material de iniciar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en relación a dicha erogación, que la liquidación adquiera firmeza. Sirve de apoyo, la jurisprudencia: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO INVOLUCRE EL PAGO DE UNA CANTIDAD QUE NO ES DE FÁCIL LIQUIDACIÓN DEBE ORDENARSE LA APERTURA DE UN INCIDENTE PARA CUANTIFICARLA. Registro digital: 2025141. Por tanto, al ya encontrarse definido, con la calidad de cosa juzgada, el monto a que asciende la indemnización a que tiene derecho el quejoso, con motivo de la sentencia de amparo, es imprudente modificar dicho monto. Luego, en relación a las manifestaciones formuladas relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se provee: Del estado de autos se tiene que el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, remitió el oficio de la Directora del Servicio Profesional de Carrera de la citada Secretaría, por el cual le informó que: "Luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran a resguardo de esta autoridad administrativa a mi cargo, hago de su conocimiento que no fue identificado expediente, ni documento alguno que acredite la identidad del C. ******, motivo por el cual con la finalidad de dar cumplimiento a los oficios 70368/2022 y 66143/2022, signados por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, bajo el índice ****; con esta fecha en que la suscrita tomé conocimiento del comunicado, procedí a integrar con los oficios antes citados el expediente del C. *****, dejando en el mismo expediente recién creado la anotación de que fue este separado o destituido de manera injustificada. Asimismo, por diverso oficio informó que: ".El Registro Nacional de Seguridad Publica es una instancia federal que no depende orgánicamente de la Secretaría que represento ni de cualquier otra del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, se buscara notificar a tal instancia ordenado por su Señoría, (.), o bien se tenga por suficiente que se ha iniciado el trámite correspondiente, para efectos de notificación a la autoridad responsable en el Registro Nacional de Seguridad Pública, señalo al Director General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.". Considerando que no obra en autos la constancia de que se haya realizado la anotación en el expediente personal, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que este fue separado o destituido de manera injustificada. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban este comunicado, remitan copia certificada del expediente personal del servidor público, en el que conste la anotación, así como la correspondiente al Registro Nacional de Seguridad Pública, en términos de la ejecutoria. En el entendido que subsisten los apercibimientos con los cuales se encuentran legalmente prevenidos, en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

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