Yazkari Raquel Bernal García
Expediente 1703/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1703/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Yazkari Raquel Bernal García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Escrito Intégrese el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual, designa autorizados (sin revocar los señalados con anterioridad); asimismo, solicita copia certificada y copia simple de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Copias Por otra parte, de conformidad con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, expídase en un tanto la copia certificada y copia simple solicitadas; previa razón de recibo obre en autos por conducto de la persona autorizada para tal efecto.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Yazkari Raquel Bernal García, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1703/2022-III-C. DESECHAMIENTO En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que, del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Comisión para la Protección Contra riesgos Sanitarios del Estado de México. Instituto de Salud del Estado de México. Coordinación de Regulación Sanitaria de la Comisión para la Protección Contra riesgos Sanitarios del Estado de México. Joaquín Flores Estrada, en su carácter de Subdirector de Normatividad Sanitaria de la Coordinación de Regulación Sanitaria de la Comisión para la Protección Contra riesgos Sanitarios del Estado de México. Nayeli Guadalupe Flores García, Verificadora adscrita a la Coordinación de Regulación Sanitaria de la Comisión para la Protección Contra riesgos Sanitarios del Estado de México. José Arturo Colín Serrano, Verificador adscrito a la Coordinación de Regulación Sanitaria de la Comisión para la Protección Contra riesgos Sanitarios del Estado de México. De las que reclama: La emisión de la orden de verificación número 15-106-SIPS-P-CM-025748-2022, de once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022). Todos los actos tendentes a dar cumplimiento a la orden de verificación número 15-106-SIPS-P-CM-025748-2022, de once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022). En CONSULTORIO PODÓLOGO, ubicado en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 18, INTERIOR A, COLONIA SAN BUENA AVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. El acta de verificación Sanitaria General de fecha once (11) de octubre del año dos mil veintidós (2022). En CONSULTORIO PODÓLOGO, ubicado en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 18, INTERIOR A, COLONIA SAN BUENA AVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. Suspensión total Temporal de Trabajos y Servicios con colocación de fajilla con número 208CO101200000L-15-106-SIPS-P-CM-025748-2022-3974-SUT1, en CONSULTORIO PODÓLOGO, ubicado en calle MIGUEL HIDALGO, NÚMERO 18, INTERIOR A, COLONIA SAN BUENA AVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. Hecha tal precisión, respecto de los citados actos reclamados este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Al respecto es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra de los actos reclamados, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c), de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). d) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, e) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo). f) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d) fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 191539, de título, subtítulo y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Para robustecer lo anterior, debe decirse que el precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX, de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Además, resulta importante destacar que el numeral en comento, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al respecto, conviene citar los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mismos que establecen: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.)" Artículo 194. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad. "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; (.)" Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda". De lo anterior se advierte que los preceptos transcritos establecen la procedencia del recurso administrativo de inconformidad o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra de actos dictados por autoridades administrativas y fiscales, siendo optativo para los particulares agotar el recurso de inconformidad en contra del acto administrativo combativo o bien acudir en juicio de administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ello, ya que si bien el recurso de inconformidad es optativo, el juicio contencioso administrativo no lo es, pues es un mecanismo de defensa previsto en ley, el cual es apto para nulificar los actos de los que se duele la quejosa y no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo I, página 933, de la Décima Época, con rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Actos contra los cuales, procede el recurso administrativo de inconformidad y/o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 186, 187, fracción II, y 229, fracción II, del código de procedimientos administrativos de la mencionada Entidad Federativa, los cuales disponen: En ese contexto, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por las siguientes razones: Los artículos 128, 131 y 138, de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: Que la solicite el agraviado (fracción I); Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); Que se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y Que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada. (Artículo 138). Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, según lo previsto . De igual manera, el artículo 139, de la Ley de Amparo, prevé que cuando con la concesión de la suspensión de los actos se puede ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual es previsto de la misma forma en el párrafo primero del artículo 257 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Cabe mencionar, que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía. En el caso de la Ley de Amparo dicha institución se encuentra regulada en el artículo 125 al 158; en tanto que en la Ley procesal se regula en igualdad de circunstancias, en el párrafo segundo del citado artículo 257. La comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión Máxime, que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior se transcribe la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Ello es así, pues en la especie, a la quejosa no reviste el carácter de tercero extraño, pues como se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento administrativo de origen. Asimismo, la ley por la cual se puede nulificar el acto reclamado no exige mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; los actos reclamados no son del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; además que no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley. Ahora, no pasa inadvertido el reiterado criterio en el sentido de que cuando exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución en un juicio de amparo, los quejosos no se encuentran obligados a agotar previamente los recursos ordinarios; pues, en el caso, no surte esa excepción ya que de la lectura de los conceptos de violación, se advierte que la quejosa esencialmente se duele de la legalidad del acto de molestia en su contra, en el cual se afectó su derecho de posesión respecto del local que defiende en esta sede constitucional, por tanto, es evidente que en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad y, se debe agotar el medio ordinario de defensa. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario DIGA.S.C; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrase registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. CONSULTA EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.
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