Yaxenibeth Gutierrez Terrones

Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
16/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Yaxenibeth Gutierrez Terrones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. Dra. --------------en su carácter de Titular o Encargada del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud de los Trabajadores (SPPSTIMSS), que se encuentra en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de Durango, con domicilio en calle predio Canoas S/N de la Colonia Silvestre Dorador de esta ciudad. Jefe de Personal del Departamento y Recursos Humanos del Hospital de General de Zona con Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en calle predio Canoas S/N de la Colonia Silvestre Dorador de esta ciudad. Secretaría General del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social Sección XVI Durango, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en calle Fanny Anitua #1447 de la colonia los Ángeles de esta ciudad. 4.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades responsables reclamo la negativa de proporcionarme la licencia en la que otorgue se me exente de presentarme físicamente a desempeñar mi trabajo por la situación de vulnerabilidad en la que me encuentro, debido a la Contingencia Sanitaria declarada en el país, lo anterior por ser Enfermera Especialista 80, en el área de Terapia Intensiva con Base Definitiva, con número de matrícula ---------, con -------------de antigüedad con jornadas nocturnas los días lunes, miércoles y sábado de 20:30 a 8:10 horas, en el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 1, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, ya que me encuentro dentro del personal que por su condición de vulnerabilidad no debo atender en estar en contacto con enfermos del virus de SARS CoV2 (Covid-19) a que se refiere la Guía de Acción de Trabajo ante la Pandemia, emitida con fecha veinte de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contenido en la página 9, numeral 5.5, número 3, de la mencionada guía , el cual transcribo: ".5.5 Políticas Temporales. 3.- Reducir la asistencia del persona en condición de vulnerabilidad alta." Así mismo, reclamo de todas y cada una de las responsables el inminente riesgo en el que me encuentro por estar realizando labores con enfermos con SARS Covid-10, lo que vulnera mi derecho a la salud, siendo un inminente riesgo para mi persona y mi familia" El treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, en la otra, se concedió la protección de la Justicia Federal, por lo que hace a las autoridades denominadas directora del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango y Titular del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número uno de dicho instituto. Al efecto se destacó la postura a nivel federal en torno al grupo de personas vulnerables pertenecientes al sector salud considerado como actividad esencial, ante la contingencia provocada por el virus covid-9; que desde esa óptica, se estimaba que se encuentra acreditado el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el menor de edad quejoso, y, en consecuencia, el de su progenitora, por ser quien se encarga de procurarle los cuidados más esenciales; en este contexto, debían de tomarse medidas pertinentes para salvaguardar el interés superior de aquéllos. Se indicó que en el caso, la litis a resolver consistía en establecer si era más importante que la parte quejosa acudiera a laborar a un hospital que atiende a pacientes con COVID-19, para salvaguardar la salud de la población en general o proteger su salud, así como la del menor quejoso al pertenecer dicho menor a un grupo vulnerable; que la quejosa y su menor hijo estaban en inminente riesgo con motivo de la pandemia que aquejaba al país por el virus COVID-19, riesgo que, en caso de aquella reanudara sus labores, se potencializaba, si se tomaba en cuenta que labora en un centro de salud donde se atienden a personas con el padecimiento de COVID-19. Se precisó que tal conflicto debía resolverse a través del método de la ponderación, haciendo un juicio de valoración respecto de los derechos constitucionales que se encuentran en colisión, en aras de alcanzar una armonización entre ellos, de ser posible, o de definir cuál ha de prevalecer; que bajo esa línea, en el caso debía prevalecer el derecho humano a la salud tanto del menor como de su madre quien tiene a su cargo su cuidado y el cual está dentro del grupo considerado vulnerable, sobre el de la población en general. Que el sólo hecho de que la parte quejosa saliera de su domicilio, se trasladara a su centro de trabajo en donde estará en contacto con pacientes con el virus COVID- 19, la hacía más propensa a contraer el virus y por tanto portadora de contagio para su menor hijo, lo que se traducía en poner en riesgo tanto la salud de ella como la del menor de edad y, en consecuencia, su vida, la cual es irreparable; por tanto, se determinó privilegiar el derecho a la vida y salud del menor como el de la madre de éste, sobre el derecho de salud de la población en general; que por ello, las autoridades responsables no deben obligar a la progenitora del menor quejoso a asistir a su fuente de trabajo hasta en tanto no cambien las condiciones propiciadas por el virus SARS COVID 19; sin que ello impida que le puedan asignar labores que pudiera realizar desde su hogar, como se ha reiterado por parte del gobierno federal. Que en esa línea argumentativa, si la parte quejosa acreditó encontrarse dentro de un grupo vulnerable, además de trabajar como enfermera especialista 80 en el área de terapia intensiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General de la Zona con Medicina Familiar Uno con residencia en esta ciudad, quien hizo uso de su derecho a permanecer en resguardo domiciliario a través de la solicitud efectuada a ese instituto, entonces, la negativa de las autoridades responsables se contrapone con las medidas decretadas por el gobierno federal para mitigar la propagación del virus covid-19 y además pone en riesgo su derecho humano a la salud. Por ello, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a efecto de que las responsables emitieran un oficio en el que otorgaran el resguardo domiciliario a la progenitora del quejoso Yaxenibeth Gutiérrez Terrones, durante todo el tiempo que dure la pandemia, ocasionada por el virus SARS-COVID-19. Ello, mientras que subsistiera la emergencia sanitaria o bien hasta que se le aplique la vacuna o vacunas para prevenir el contagio, y no se suspendan, modifiquen o concluyan las medidas que privilegian el resguardo domiciliario, debiendo continuar cubriendo su sueldo y demás prestaciones ordinarias; y Deberán abstenerse de iniciarle procedimiento administrativo a la quejosa o algún otro, ante su inasistencia a su centro de trabajo con motivo del resguardo domiciliario ordenado. Sin que la protección constitucional implique que la quejosa no pueda realizar actividades laborales de naturaleza administrativa relacionadas con su función desde su domicilio, en caso de que sea posible y la dependencia en donde labora así lo estime conveniente. Oficio que deberá notificarse de manera personal a la parte quejosa. Que para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se podría vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hubieran sido señaladas como responsables en este juicio. La sentencia causó ejecutoria el veinte de mayo de este año, por lo que se requirió a las autoridades procedieran a cumplirla. Luego de diversos requerimientos, mediante oficios 22702 y 22703 recibidos el veinte de julio del año en curso, la Directora del Hospital General de zona número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jefa de los Servicios de Prevención y promoción a la Salud de los Trabajadores del indicado instituto, informaron que quejosa se encontraba en resguardo domiciliario desde el seis de enero de dos mil veintiuno, y que se le están pagando íntegramente su sueldo y prestaciones, además de que no aparece registro de entrada y salida en el biométrico. Con el cumplimiento se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que estuviera en aptitud de expresar lo que a sus derechos conviniera, por lo que en escrito recibido el veintiocho de julio de este año, la quejosa expuso que se encontraba en resguardo domiciliario sede el seis de enero de este año a la fecha; que está de acuerdo en que se le devuelva a su lugar de trabajo hasta en tanto se decrete por el Gobierno Federal el cese de la pandemia del virus Sars cov2 (Covid 19). En mérito de lo anterior, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso ni defecto; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de quien resuelve, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de quien resuelve, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Asimismo, en razón de que se concedió la suspensión de plano, se encuentra en la hipótesis prevista en el capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tambien se decretó la suspensión de plano, por lo que deberán conservarse las actuaciones por las que se concedió esa medida. En apoyo a esta determinación, se invoca el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE.- Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. En el caso particular, -----------, por derecho propio y en representación del menor ----solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: El Dr. -----------, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Durango, con domicilio en calle Juárez número 104 Sur de la zona centro de esta ciudad. La Dra. --------------, en su carácter de Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de Durango, con domicilio en calle predio Canoas S/N de la Colonia Silvestre Dorador de esta ciudad. Dra. --------------en su carácter de Titular o Encargada del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud de los Trabajadores (SPPSTIMSS), que se encuentra en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de Durango, con domicilio en calle predio Canoas S/N de la Colonia Silvestre Dorador de esta ciudad. Jefe de Personal del Departamento y Recursos Humanos del Hospital de General de Zona con Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en calle predio Canoas S/N de la Colonia Silvestre Dorador de esta ciudad. Secretaría General del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social Sección XVI Durango, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en calle Fanny Anitua #1447 de la colonia los Ángeles de esta ciudad. 4.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades responsables reclamo la negativa de proporcionarme la licencia en la que otorgue se me exente de presentarme físicamente a desempeñar mi trabajo por la situación de vulnerabilidad en la que me encuentro, debido a la Contingencia Sanitaria declarada en el país, lo anterior por ser Enfermera Especialista 80, en el área de Terapia Intensiva con Base Definitiva, con número de matrícula ---------, con -------------de antigüedad con jornadas nocturnas los días lunes, miércoles y sábado de 20:30 a 8:10 horas, en el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 1, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, ya que me encuentro dentro del personal que por su condición de vulnerabilidad no debo atender en estar en contacto con enfermos del virus de SARS CoV2 (Covid-19) a que se refiere la Guía de Acción de Trabajo ante la Pandemia, emitida con fecha veinte de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contenido en la página 9, numeral 5.5, número 3, de la mencionada guía , el cual transcribo: ".5.5 Políticas Temporales. 3.- Reducir la asistencia del persona en condición de vulnerabilidad alta." Así mismo, reclamo de todas y cada una de las responsables el inminente riesgo en el que me encuentro por estar realizando labores con enfermos con SARS Covid-10, lo que vulnera mi derecho a la salud, siendo un inminente riesgo para mi persona y mi familia" El treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, en la otra, se concedió la protección de la Justicia Federal, por lo que hace a las autoridades denominadas directora del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango y Titular del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número uno de dicho instituto. Al efecto se destacó la postura a nivel federal en torno al grupo de personas vulnerables pertenecientes al sector salud considerado como actividad esencial, ante la contingencia provocada por el virus covid-9; que desde esa óptica, se estimaba que se encuentra acreditado el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el menor de edad quejoso, y, en consecuencia, el de su progenitora, por ser quien se encarga de procurarle los cuidados más esenciales; en este contexto, debían de tomarse medidas pertinentes para salvaguardar el interés superior de aquéllos. Se indicó que en el caso, la litis a resolver consistía en establecer si era más importante que la parte quejosa acudiera a laborar a un hospital que atiende a pacientes con COVID-19, para salvaguardar la salud de la población en general o proteger su salud, así como la del menor quejoso al pertenecer dicho menor a un grupo vulnerable; que la quejosa y su menor hijo estaban en inminente riesgo con motivo de la pandemia que aquejaba al país por el virus COVID-19, riesgo que, en caso de aquella reanudara sus labores, se potencializaba, si se tomaba en cuenta que labora en un centro de salud donde se atienden a personas con el padecimiento de COVID-19. Se precisó que tal conflicto debía resolverse a través del método de la ponderación, haciendo un juicio de valoración respecto de los derechos constitucionales que se encuentran en colisión, en aras de alcanzar una armonización entre ellos, de ser posible, o de definir cuál ha de prevalecer; que bajo esa línea, en el caso debía prevalecer el derecho humano a la salud tanto del menor como de su madre quien tiene a su cargo su cuidado y el cual está dentro del grupo considerado vulnerable, sobre el de la población en general. Que el sólo hecho de que la parte quejosa saliera de su domicilio, se trasladara a su centro de trabajo en donde estará en contacto con pacientes con el virus COVID- 19, la hacía más propensa a contraer el virus y por tanto portadora de contagio para su menor hijo, lo que se traducía en poner en riesgo tanto la salud de ella como la del menor de edad y, en consecuencia, su vida, la cual es irreparable; por tanto, se determinó privilegiar el derecho a la vida y salud del menor como el de la madre de éste, sobre el derecho de salud de la población en general; que por ello, las autoridades responsables no deben obligar a la progenitora del menor quejoso a asistir a su fuente de trabajo hasta en tanto no cambien las condiciones propiciadas por el virus SARS COVID 19; sin que ello impida que le puedan asignar labores que pudiera realizar desde su hogar, como se ha reiterado por parte del gobierno federal. Que en esa línea argumentativa, si la parte quejosa acreditó encontrarse dentro de un grupo vulnerable, además de trabajar como enfermera especialista 80 en el área de terapia intensiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General de la Zona con Medicina Familiar Uno con residencia en esta ciudad, quien hizo uso de su derecho a permanecer en resguardo domiciliario a través de la solicitud efectuada a ese instituto, entonces, la negativa de las autoridades responsables se contrapone con las medidas decretadas por el gobierno federal para mitigar la propagación del virus covid-19 y además pone en riesgo su derecho humano a la salud. Por ello, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a efecto de que las responsables emitieran un oficio en el que otorgaran el resguardo domiciliario a la progenitora del quejoso Yaxenibeth Gutiérrez Terrones, durante todo el tiempo que dure la pandemia, ocasionada por el virus SARS-COVID-19. Ello, mientras que subsistiera la emergencia sanitaria o bien hasta que se le aplique la vacuna o vacunas para prevenir el contagio, y no se suspendan, modifiquen o concluyan las medidas que privilegian el resguardo domiciliario, debiendo continuar cubriendo su sueldo y demás prestaciones ordinarias; y Deberán abstenerse de iniciarle procedimiento administrativo a la quejosa o algún otro, ante su inasistencia a su centro de trabajo con motivo del resguardo domiciliario ordenado. Sin que la protección constitucional implique que la quejosa no pueda realizar actividades laborales de naturaleza administrativa relacionadas con su función desde su domicilio, en caso de que sea posible y la dependencia en donde labora así lo estime conveniente. Oficio que deberá notificarse de manera personal a la parte quejosa. Que para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se podría vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hubieran sido señaladas como responsables en este juicio. La sentencia causó ejecutoria el veinte de mayo de este año, por lo que se requirió a las autoridades procedieran a cumplirla. Luego de diversos requerimientos, mediante oficios 22702 y 22703 recibidos el veinte de julio del año en curso, la Directora del Hospital General de zona número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jefa de los Servicios de Prevención y promoción a la Salud de los Trabajadores del indicado instituto, informaron que quejosa se encontraba en resguardo domiciliario desde el seis de enero de dos mil veintiuno, y que se le están pagando íntegramente su sueldo y prestaciones, además de que no aparece registro de entrada y salida en el biométrico. Con el cumplimiento se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que estuviera en aptitud de expresar lo que a sus derechos conviniera, por lo que en escrito recibido el veintiocho de julio de este año, la quejosa expuso que se encontraba en resguardo domiciliario sede el seis de enero de este año a la fecha; que está de acuerdo en que se le devuelva a su lugar de trabajo hasta en tanto se decrete por el Gobierno Federal el cese de la pandemia del virus Sars cov2 (Covid 19). En mérito de lo anterior, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso ni defecto; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de quien resuelve, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de quien resuelve, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Asimismo, en razón de que se concedió la suspensión de plano, se encuentra en la hipótesis prevista en el capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tambien se decretó la suspensión de plano, por lo que deberán conservarse las actuaciones por las que se concedió esa medida. En apoyo a esta determinación, se invoca el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE.- Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    agréguese el escrito signado por la parte quejosa, y resérvese acordar al respecto, hasta en tanto se dé cumplimiento a la sentencia dictada. Notifíquese.

  4. Principal

    agréguense los oficios signados por la Jefa de los Servicios de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Directora General del Hospital General Zona número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que dan cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
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