Yatziri García Salgado

Expediente 1055/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1055/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Yatziri García Salgado
  • Nallely Marlet García Díaz
  • Selene Ramírez Aragón
  • Nadia Velazquez Brito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable Secretario de Educación Pública, Subsecretario de Educación Básica, Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a Yatziri García Salgado, representante común de la parte quejosa por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, Yatziri García Salgado (representante común), Selene Ramírez Aragón, Nallely Marlet García Díaz, César Alan Mendoza Rodríguez, Yazmín García Pinales, Claudia Elizabeth Sánchez Salgado, Enedina Velázquez Sánchez, Nadia Velázquez Brito, Azalea Velázquez Sánchez y Armando Said Vargas Díaz, por su propio solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Secretario de Educación Pública, Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, estos con residencia en la Ciudad de México y Secretario de Educación Pública del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".1.- Se reclama la expedición y ejecución del contenido de los "Lineamientos Generales del Proceso de Selección para la promoción a Ascender a Funciones de Inspector o Supervisión de Zona en Educación Básica", es decir, su ejecución (su materialización) como acto futuro inminente, es la publicación de la convocatoria para la promoción que el propio gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación. son los artículos entre otros 23. 24. 25. 26. ". 2.- La falta y omisión de incluir en los lineamientos a los asesores técnicos pedagógicos de secundaria, telesecundaria en el proceso de selección para promoción a inspector o supervisor de zona en educación básica. 3.- La falta y omisión de incluir en programa de promoción horizontal para niveles con incentivos en educación básica (promoción horizontal en la función). 4.- La falta de nombramiento para desempeñar la función de asesoría técnica pedagógica. 5.- La falta de otorgamiento del nombramiento definitivo derivado del proceso de selección de procesos inconclusos así como la clave correspondiente. 6.- el impedimento a participar en el proceso de selección para promoción a funciones de inspector o supervisor de zona en educación básica de manera vertical. 7.- La omisión de otorgar en la evaluación de desempeño ciclo escolar 2016-2017 y las seis horas de fortalecimiento de telesecundarias. 8.- Efectos y consecuencias de los actos reclamados por la omisión de la autoridad responsable." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el veintinueve de enero de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, desechó parcialmente la demanda y admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 15/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, declaró ser incompetente por razón de materia para seguir conociendo del asunto y declinó competencia a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la ciudad de México. CUARTO. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, recibió el juicio de amparo 15/2020, radicó su asunto con el número 1370/2020, y declaró ser incompetente para conocer del asunto, declinando competencia a un Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, y remitió el juicio de amparo 1370/2020, a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por oficio 1413-II. QUINTO. El veinte de noviembre de dos mil veinte, la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el expediente 1370/2020, y lo turnó, al día hábil siguiente, que correspondió conocer esta autoridad federal, quien aceptó la competencia planteada, lo radicó con el consecutivo 1055/2020, continuó con el procedimiento, sin necesidad de requerir los informes justificado pues ya obraban en autos, dio la intervención legal que le corresponden al Agente del Ministerio Público adscrito en materia de amparo, señaló fecha para la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: La expedición y ejecución de los Lineamientos Generales del Proceso de Selección para la promoción a Ascender a Funciones de Inspector o Supervisión de Zona en Educación Básica, como acto futuro inminente, la publicación de la convocatoria respectiva con aplicación de los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. SUBSCRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA: La elaboración y la ejecución de los Lineamientos Generales del Proceso de Selección para la promoción a Ascender a Funciones de Inspector o Supervisión de Zona en Educación Básica, pues refiere se les priva de participar en el proceso de selección para inspector o supervisor. TITULAR DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS. La elaboración y ejecución de los Lineamientos Generales del Proceso de Selección para la promoción a Ascender a Funciones de Inspector o Supervisión de Zona en Educación Básica, de incluir a los asesores técnicos pedagógicos de secundaria y telesecundaria y media superior en el proceso de selección. DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. La falta de otorgamiento de nombramiento definitivo derivado del proceso de selección por procesos inconclusos, de doble plaza, clave, de incluir en programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica, por resultados destacados en evaluación de desempeño, y efectos y consecuencias. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretario de Educación Pública, Subsecretario de Educación Básica, estos con residencia en la Ciudad de México, Secretario de Educación del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado cada cual, en el ámbito de su respectiva competencia, negaron el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado la negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Asimismo, la responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a los actos omisivos negó el acto reclamado. Al contrario, de las documentales exhibidas con la demanda (fojas 30 a 45 de autos), consistentes en copia certificada ante Notario Público del nombramiento de cada uno de los quejosos como asesor técnico pedagógico, por tiempo determinado especificado en el nombramiento, documentos públicos que cuentan con valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el patrón de los inconformes es el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y no las dependencias federales y local citadas; luego, es a aquélla a quien corresponde ejecutar las disposiciones derivadas de las normas reclamadas. Es así, en razón de que, en principio la parte inconforme no señala la norma constitucional específica, que en su caso, imponga al legislador federal el deber u obligación de subsanar las omisiones que se le imputan, como es incluir al Asesor Técnico Pedagógico en las leyes federales que reclaman, relacionadas con la Educación, en las que se le reconociera tanto esa figura como su función directiva, su promoción con clave y categoría, escalafón dentro del sistema educativo y las disposiciones que protejan sus derechos adquiridos, el de ascenso a la figura inmediata superior y a la doble plaza en educación básica, entre otros. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobresee por lo que a los mismos corresponde. Cobra aplicación, por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 284, registro 917818, del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 236, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la Secretaría de Educación Pública, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado consistente en la expedición de los Lineamientos Generales del Proceso de Selección para la Promoción a Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica. Al respecto se cita la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de Improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional advierte de oficio, que respecto de la elaboración y ejecución de los Lineamientos Generales del Proceso de Selección para la promoción a Ascender a Funciones de Inspector o Supervisión de Zona en Educación Básica, de incluir a los asesores técnicos pedagógicos de secundaria y telesecundaria y media superior en el proceso de selección, se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: . II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilaterial y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señala como acto reclamado destacado la expedición y aplicación de los Lineamientos Generales del Proceso de la Selección para la Promoción a Ascender a Funciones de Inspector o Supervisor de Zona en Educación Básica (promoción vertical), así como la falta de otorgamiento definitivo, derivado de los procesos de selección correspondientes. Ahora bien, los actos que se reclaman en la instancia constitucional tienen una naturaleza particular y no laboral, la cual no se genera por un vínculo jurídico que se mantenga entre trabajador y patrón, ya que en este caso las autoridades señaladas como responsables; no actúan con una potestad de imperio, puesto que los actos en que incurren, son meramente particulares e internos de las citadas autoridades y los peticionarios de derechos fundamentales. Por tanto, el juicio de amparo no es el medio idóneo para poder combatir el acto que se reclama, en virtud que los impetrantes tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre la parte quejosa y a quien señala como autoridades responsables, revistiendo en tales circunstancias de carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que expone, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), con registro 2011298, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Página 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así como la tesis I.6o.T.26 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Página 347, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." También la jurisprudencia, 16, Época: Quinta Época, Registro: 393972, Instancia: Pleno, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página: 12, del tenor siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." Tesis I.7o.A.15 K (10a.), registro 2006083, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Página: 1947, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos." También la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), Registro: 2000365, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Página: 1167, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por tanto, con fundamento en los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y demás relativos y aplicables de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 15/2020 de su indice; acusese recibo en el correo electronico que refiere; atento a lo anterior, se tiene por hecha la comunicación vertida de la autoridad homologa, ordenandose colocar la caratula correspondiente a los mismos, relativos al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano