Yasser Emiliano Freyssinier Gomez

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Yasser Emiliano Freyssinier Gomez
  • Juan Ignacio Noyola Rios
  • Juan de Dios Castilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la consulta del expediente, particularmente de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno contra el proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida resolución relativa a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, se tiene por consentida la misma. Archivo Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 17 fracción III inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se declaró fundada la denuncia relativa, este expediente es susceptible de conservación. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su conservación, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se informa. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 34, del Acuerdo General en cita. Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento Se tiene por recibido el escrito signado por Carlos Jhove Barrera Salinas, autorizado de la parte denunciante en este asunto. Determinación I. Queja administrativa y remitir copia certificada de este expediente al CJF Sobre su intención de interponer queja administrativa en contra de este juzgado y remitir copia certificada de este expediente al Consejo de la Judicatura Federal, se le reitera que queda expedito su derecho para que sea su persona quien inste tal inconformidad, en tanto que el presente asunto sólo tiene por lugar dar cauce a un trámite jurisdiccional -en el caso, una denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad-. II. Fecha de persona visitadora en este órgano jurisdiccional En cuanto a que se le informe la fecha en que: ".estará personal Visitador del Consejo de la Judicatura Federal a efectos (sic) de hacer una cita."; se hace de su conocimiento que tal información puede ser consultada en el siguiente enlace: http://visitaduria.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelev ante.htm?pageName=informacion%2FprogramaVisitas.htm No pasa inadvertido que el letrado hace su solicitud sobre los aspectos disciplinarios, justificándola conforme al artículo 1° Constitucional. Al respecto, refiere que: ".Sabemos que podemos llegar al CONSEJO DE LA JUDICATURA (sic), sin embargo otra vez invoco el artículo 1 (sic) constitucional y le pido que haga su máximo esfuerzo por impartir justicia a la mujer (sic) denunciante.". Luego, si bien es cierto que dicha disposición, en su párrafo segundo, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para prescindir de aspectos técnicos legales; lo cual, como ha quedado explicado, no puede tener lugar dentro de una denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es así, porque la denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene por objeto denunciar la aplicación de una norma general que ya fue declarada inconstitucional. Esto es, la creación de esta institución se deriva con la intención de prever un mecanismo que garantice la expulsión de una norma o sistema de normas del orden jurídico nacional, siempre que hayan sido calificadas como inconstitucionales a través de jurisprudencia. Sin embargo, de manera alguna, el contenido del artículo 1° Constitucional puede traducirse en la obligación de este juzgado en cuanto a substanciar o dar inicio a procedimientos disciplinarios en contra del propio órgano. Precisamente, para ello se encuentran las instancias ante quienes deben interponerse y substanciarse. Así, las circunstancias personales a que alude el promovente, no pueden ser invocadas como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de trámites o inconformidades en materia de disciplina. Aspectos que, como se dijo, no son susceptibles de tener origen ni encausarse en este expediente. Más aún, tomando en consideración que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2013, particularmente, el artículo 86, es atribución de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entre otras, la de tramitar los procedimientos administrativos disciplinarios, en términos del Título Octavo de la Ley y de lo dispuesto en los acuerdos generales que emita el Pleno en la materia. Lo anterior revela que no está dentro del ámbito de las atribuciones de un juzgado de Distrito, ni tampoco de ningún órgano jurisdiccional, el proceder que pretende el ocursante. III. Diversas manifestaciones Relativo a las diversas manifestaciones que vierte, sobre la forma de impartir justicia de la suscrita, las cuestiones de control constitucional, progresividad de los derechos humanos, el deber de cumplir con la Constitución y sus leyes reglamentarias, los plazos y términos en que se verificaron las actuaciones en este asunto, el sentido en el que se emitieron las determinaciones, se le recuerda lo dicho por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver su recurso de inconformidad: ".la decisión de la juez no supone un desconocimiento sobre este tipo de asuntos, por el contrario, se traduce en el criterio jurídico a través del cual, a su juicio, no resultó procedente la denuncia y si bien otros juzgados de distrito han resuelto en forma contraria, eso no significa que esas decisiones deban acogerse como absolutas y universalmente válidas, dado que su resolución depende de muchos otros factores que fijaron su análisis, de ahí que la aserción formulada por el disidente resulta totalmente inadmisible, por el contrario, la manifestación que se hace en el sentido de que no vendría mal que la jueza obtuviera una actualización sobre tema, resulta descortés y denostativa, razón por la cual, con fundamento en los artículos 54 y 55, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngase al recurrente para que en lo sucesivo se abstenga de realizar, ese -tipo de afirmaciones, apercibido que de no hacerlo se procederá a imponerle alguna otra corrección disciplinaria. De manera que este órgano jurisdiccional entiende que la parte denunciante pueda no ser conforme o compartir lo que aquí se decide y provee, pero de ninguna forma esto implica que la suscrita se aparte del control constitucional, la progresividad de derechos humanos, ni mi obligación de cumplir con la Constitución. En todo caso, las determinaciones adoptadas por este órgano jurisdiccional, forman parte, como lo dijo en su oportunidad la superioridad, de un criterio jurídico; el cual, de no estar conforme, puede ser controvertido vía los recursos en la materia. IV. Solicitud de copias certificadas gratuitas porque no cuenta con recursos económicos suficientes e "informe detallado en calidad de Víctima de Violación a los derechos humanos" Correspondiente a esas solicitudes, también se reitera que en acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, quedaron autorizadas copias certificadas del expediente, bajo la dinámica ahí establecida. Este juzgado no soslaya su expresión en cuanto a no contar con recursos económicos suficientes, sin embargo, es posible que a través de la consulta al expediente electrónico con que cuenta habilitado, a través del usuario con el que hace llegar sus escritos, pueda también hacerse de las copias certificadas de lo que obra en autos, pues tal como se le indicó en el acuerdo de cuatro de los actuales, las actuaciones que ahí se encuentran, cuentan con evidencia criptográfica que les equipara a copias certificadas. Es así, pues de conformidad con el artículo 22, párrafo segundo del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Por último, en cuanto a su diversa solicitud de emitir por parte de este órgano jurisdiccional, "informe detallado en calidad de Víctima de Violación a los derechos humanos", se le reitera que el trámite que nos ocupa se trata de una denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad. De ahí que no resulte posible proveer de conformidad dicha petición. Luego, al no ser acordada de conformidad tal petición, esto se hace extensivo a los extremos que indica, en cuanto a que este juzgado le indique desde cuando se indica que se dieron violaciones a los derechos humanos del denunciante y en qué momento se detendrán, así como cuando se restituirá a aquél en el goce de lo que aduce como sus derechos violentados. La misma consideración se externa sobre analizar sobre el cumplimiento que la autoridad denunciada dé a la sentencia, pues tal como se precisó en diverso acuerdo de seis de los actuales, en consideración y criterio jurídico de este juzgado de Distrito, la resolución sobre la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, se encuentra cumplida. Notifíquese

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte denunciante con el cumplimiento dado a la sentencia correspondiente a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; con fundamento en los artículos 196 y 210 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. Mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se declaró procedente y fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, para el efecto de que: ".se ordena a la autoridad denunciada Directora ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el oficio 223300EL353723 de fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós; 2. En términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018; le otorgue la autorización sanitaria al denunciante para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina,preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Se precisa que los efectos de esta denuncia no suponen una autorización para que el denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa." Marco jurídico. Es oportuno reflexionar que la autoridad denunciada se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo en cuestión, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad denunciada no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la sentencia. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la sentencia, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad denunciada realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad denunciada sobrepasa lo que manda la misma, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad denunciada ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2 . Acciones de cumplimiento. 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. Bien, del análisis de las constancias que integran el presente asunto se desprende que en acatamiento a la ejecutoria, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, remitió por vía electrónica el oficio No. COFEPRIS-CAS-17406-2023, del que se desprende que: EFECTOS DE LA SENTENCIA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA 1. Deje sin efectos el oficio 223300EL353723 de fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós; 2. En términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018; le otorgue la autorización sanitaria al denunciante para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Se precisa que los efectos de esta denuncia no suponen una autorización para que el denunciante siembre las semillas de marihuana, cultive y coseche su producto en lugares públicos, realice actos de comercio, suministro, transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de En el oficio COFEPRIS-CAS-17406-2023, la autoridad denunciada refirió: ".PRIMERO.- El presente deja insubsistente el oficio 223300EL353723 del 08 de septiembre de 2022. Además, en la propia misiva, la autoridad denunciada, en cumplimiento a la sentencia, dispuso: ".TERCERO.- Se emite la presente Autorización Sanitaria, para realizar las siguientes actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: . y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido comúnmente como "marihuana": sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias ni para que ejerza tal derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa." Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria que nos ocupa. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria en cuestión, se advierte que la autoridad responsable: 1. Dejó insubsistente el oficio 223300EL353723, de ocho de septiembre de dos mil veintidós; 2. En términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, otorgó al denunciante la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Se tiene por cumplida. Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplido el fallo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, toda vez que la autoridad denunciada acató la totalidad de los lineamientos precisados en dicha sentencia, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir el cumplimiento relativo, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo mencionado y no sobrepasó lo establecido en la decisión que nos ocupa. Manifestaciones de la parte denunciante. En ocurso recibido en este juzgado el tres de los actuales, el letrado del denunciante hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que a su consideración, no debe tenerse por cumplida la sentencia dictada en este asunto. En lo sustancial, expresó: ".Ahora bien, la cantidad de semillas a adquirir deberá quedar establecida obedeciendo a derechos humanos MÁXIME QUE NO EXISTE LEGISLACIÓN AL RESPECTO, POR LO QUE LA AUTORIDAD, AL ESTABLECER EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, PROCEDIMIENTOS ILEGALES, VIOLA MIS DERECHOS HUMANOS, SITUACIÓN QUE DEBE DETENERSE INMEDIATAMENTE, MEDIANTE LA EMISIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN SANITARIA NUEVA, GARANTE DE DERECHOS HUMANOS, MISMA QUE DEBERÁ GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE CANNABIS SATIVA O MARIGUANA ASI COMO LA ADQUISICIÓN LEGAL DE LA SEMILLA SIN LIMITARLA POR SER DERECHO HUMANO y así lo estableció la Suprema Corte de Justicia, también estableció que PUEDE HACERSE MEDIANTE INCIDENTE ESPECIAL lograrlo. (.) Por lo que la Responsable debe otorgarme una AUTORIZACIÓN SANITARIA que me permita adquirir EL ESTUPEFACIENTE CANNABIS SATIVA INDICA O AMERICANA Y GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN legal de las semillas, esto es GARANTIZARLO, NO LIMITARLO O REGLAMENTARLO POR SER EL PRIMER ESLABÓN DEL EJERCICIO DE MI DERECHO HUMANO. Así mismo, la Corte resolvió que la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, mi autorización no es el cuerpo normativo para ello, pues dicho procedimiento deberá diseñarlo, que sea legalmente válido y después aplicarlo, no como pretende la Autoridad administrativa COFEPRIS, INVENTANDO un procedimiento EXTRALIMITANDOSE EN SUS FUNCIONES pues pone una serie de reglas ilegales en la autorización sanitaria que exhibe, pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria. En atención a mis derechos humanos resulta indispensable analizar lo siguiente: En lo que respecta al punto TERCERO del oficio de referencia, la Autoridad Responsable INCORRECTAMENTE "me autoriza" a realizar todas las actividades relacionadas con fines "lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis... en conjunto conocido comúnmente como "marihuana": Sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa indica y americana)", ALEJANDOSE DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SUPREMA CORTE EN LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018, PUES OMITE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE CANNABIS O MARIHUANA y prefiere hacer un trabalenguas difícil de entender, muy diferente a lo declarado por la suprema corte de Justicia de la Nación El cultivo y la adquisición de cannabis así como de su semilla SON UN CONJUNTO DE Derechos Humanos reconocidos, derivado de una serie amparos y jurisprudencias emitidas por LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por lo que es mi derecho humano acceder a la cannabis y a su semilla y la Corte ha establecido que la adquisición de la semilla constituye el primer eslabón de la cadena de autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos, por lo que cualquier reglamentación, lineamiento, o instrucción que pretenda limitar o acotar el uso o goce de cualquier derecho humano, mediante reglas o procedimientos ilegales que son contrarios a los derechos humanos, deben suspendidos de forma inmediata ya que cualquier limite o prohibición resulta desproporcionada al generar una protección mínima a la salud y orden público, frente a la intensa intervención al derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho humano a la salud y a una vida digna, derechos básicos de quien suscribe. La Corte también precisó clara y categóricamente que al permitirse recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al efectuar estas actividades la parte quejosa no incurrirá en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal, lo cual no queda a la interpretación o juicio de la autoridad responsable, muestra del reconocimiento de derechos humanos y protección a los derechos del suscrito, ante esto, cualquier regla o norma que quiera establecer la responsable, viola la legalidad, pues no puede establecer normas o reglas, pues carece de facultades para ello, ya que esta es facultad exclusiva del Poder Legislativo y en tanto no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas). La Suprema Corte precisó que lo descrito en el párrafo anterior puede lograrse por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales, con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando, a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho, es decir GARANTIZAR NO ES LIMITAR y la responsable, COMO SUJETO PASIVO DE MIS DERECHOS HUMANOS, ESTA OBLIGADA A OBSERVARLOS SIEMPRE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1 CONSTITUCIONAL Y DEMÁS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE, como interpretación mas favorable a mis derechos humanos. La Suprema Corte instruyó a la responsable a establecer los lineamientos que garanticen el efectivo ejercicio del derecho humano, que describa la cantidad de semillas que el quejoso puede adquirir o importar y la periodicidad para ello, SIN EMBARGO LA RESPONSABLE NO EXPLICA PORQUE pretende permitirme solo 20, así como los términos y condiciones bajo los cuales puede sembrar esas semillas, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas y transportar la marihuana resultante, bajo el entendido de que esas actividades son sólo para consumo personal y que en su desarrollo no deben afectarse derechos de terceros, Y DEBERÁ HACERLO SIN VIOLENTAR DERECHOS HUMANOS. La Responsable me está estableciendo un procedimiento ilegal sin fundamento y con esto viola mis derechos humanos. La Responsable debe emitir una autorización apegada a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, SIN LIMITAR EL ACCESO A LA SEMILLA, PUES ES EL PRIMER ESLABÓN DE MI DERECHO HUMANO AL AUTOCULTIVO, ELEMENTO SIN CUAL NO POSIBLE ACCEDER AL OTRO, ADEMÁS DEBE GARANTIZAR EL LEGAL ACCESO A LA SEMILLA, POR LO QUE SOLICITO SE LE REQUIERA UN DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE SEMILLAS AUTORIZADOS Otorgando PERMISO al quejoso PARA adquirir de ESOS PROVEEDORES, PUES YA CUENTO CON UNA AUTORIZACIÓN SANITARIA, TOMANDO EN CUENTA QUE NO TODAS LAS SEMILLAS GERMINAN Y NO TODAS LAS SEMILLAS QUE GERMINAN DAN FLORES, QUE ES LA PARTE DE LA PLANTA DONDE SE CONCENTRAN LOS CANNABINOIDES COMO EL THC, CBD, CBG, CBN, ETC, TODOS NECESARIOS PARA MI SALUD, además de que desde este momento me opongo al pago de derecho alguno para ejercitar mi derecho humano, POR LO QUE DEBERÁ REQUERIR A LA DENUNCIADA A CUMPLIR CON EL MANDATO JUDICIAL SIN IMPONER PAGO DE DERECHO ALGUNO, por tratarse del acceso al derecho humano." (el énfasis es propio). De lo anterior puede afirmarse que, la parte denunciante, considera que, la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional no se encuentra cumplida, sustancialmente, en la medida que la autoridad denunciada le ha impuesto una serie de límites, cargas y exigencias para la operatividad de la autorización que le ha sido otorgada, por ejemplo, respecto del concepto "adquirir", así como en lo relativo al número de semillas, e incluso, hasta por lo que corresponde a un directorio autorizado de proveedores de semillas, con lo cual considera se ven transgredidos y limitados sus derechos humanos. Sobre tales consideraciones, debe decirse que no asiste razón a la parte denunciante. Es así, pues en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció expulsar del sistema jurídico nacional los artículos que fueron analizados; asimismo, ordenó vincular a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que mientras el Congreso de la Unión no legislara al respecto, esta última emitiera los lineamientos y autorizaciones para autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol con fines recreativos bajo las condiciones y supuestos previstos en la ejecutoria respectiva, como se advierte de los párrafos noventa y uno a noventa y tres los cuales para mayor certeza se transcriben: ".91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. (...)" De lo anterior se hace patente que es la propia autoridad denunciada, al emitir la autorización correspondiente -en este caso, la del denunciante-, quien debe establecer los lineamientos y modalidades sobre la dinámica de ese permiso. Sin que en el caso, esto resulte una carta abierta para que, como lo pretende el denunciante, a través del cumplimiento a la sentencia, se establezca un procedimiento por separado que dote a su convenir el número de semillas y todos los aspectos propios que en su interpretación hace sobre lo resuelto en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Lo que es más, tales consideraciones no formaron parte de los efectos de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Sino que los efectos se concretaron a: 1. Deje sin efectos el oficio 223300EL353723 de fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós; 2. En términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018; le otorgue la autorización sanitaria al denunciante para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente al denunciante.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil veintitrés. No fue interpuesta inconformidad. Vista la certificación que antecede y consultado el expediente, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de inconformidad, contra la sentencia dictada en autos, en la que se declaró procedente y fundada la denuncia de incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad; por tanto atento a lo establecido por el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del dispositivo 2° de la Ley de Amparo, se declara ejecutoriada la misma para todos los efectos de ley. Recepción de documento Se tiene por recibido y se agrega al expediente, el ocurso de cuenta signado por Carlos Jhove Barrera Salinas, autorizado del denunciante Yasser Emiliano Freyssinier Gómez. Determinación I. Sobre dar vista al Consejo de la Judicatura Federal y hacer llegar copia de este expediente. Hágase del conocimiento del promovente, que respecto de tal solicitud, es al ente que menciona, a través de sus instancias, a quien corresponde en todo caso substanciar un procedimiento disciplinario y requerir a este órgano jurisdiccional en los términos que considere pertinentes. Además, ante la expresión que realiza, en el sentido de: ".la Queja Administrativa que EN ESTE ACTO se hace valer."; por tanto, se le hace saber que tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante las autoridades substanciadoras de procedimientos disciplinarios. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte denunciante copia certificada de todo lo actuado en este asunto, a efecto de que, si es su deseo, pueda aportarlas a los trámites administrativos que indica insta y preparara en contra de este órgano jurisdiccional; lo anterior, previa toma de razón que por su recibo se deje en este expediente. En la inteligencia de que ello se podrá realizar una vez que sea materialmente posible atender dicha petición; pues en atención a los artículos 253 y 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con la fecha específica de reapertura de dicho centro. De esta manera, se le hacen saber las opciones que, al momento, se pueden implementar, a fin de satisfacer su solicitud; esto es, proporcione un correo electrónico que designe para su envío vía electrónica, (autorizadas mediante el uso de la firel del secretario de este Órgano Jurisdiccional); o bien, exhiba las copias físicas que obtenga del expediente electrónico del presente asunto, para que sean compulsadas y certificadas por parte de este Juzgado. Diversa precisión Con la finalidad de no pasar por alto las manifestaciones hechas por el ocursante, respecto a la dilación o retraso en este expediente, se destaca que: a) La denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad se presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós y se acordó su desechamiento el veintidós siguiente, esto es, dentro de las veinticuatro horas hábiles posteriores. b) Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, el denunciante interpuso recurso de inconformidad, el cual se acordó el nueve siguiente. Esto es, en las veinticuatro horas hábiles posteriores. c) Ese propio recurso, fue remitido y entregado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. O sea, dentro de las veinticuatro horas hábiles posteriores al dictado del acuerdo referido. d) El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito remitió la ejecutoria que resuelve el recurso de inconformidad y el veinte siguiente, este juzgado admitió a trámite la misma. Esto es, veinticuatro horas hábiles posteriores a la recepción del oficio relativo. e) La autoridad denunciada no pudo ser notificada por correo ordinario -cuestión ajena a este órgano jurisdiccional-, y, precisamente, una vez que se tuvo noticia de ello, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se dictó un acuerdo donde en aras de una justicia pronta y expedita, así como resolver oportunamente el presente asunto, se ordenó notificar la autoridad con residencia en la Ciudad de México, a través de exhorto. Esa comunicación oficial, fue remitida el treinta siguiente. f) El cuatro de abril de dos mil veintitrés, el órgano exhortado emplazó a la autoridad denunciada. Y el catorce siguiente, la autoridad remitió oficio por el que se pronunció en cuanto a la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Sin embargo, la circunstancia sobre cuando fue notificada y la posibilidad de conocer el término de los tres días a que se refiere el artículo 210 de la Ley de Amparo, sucedió el veinticinco de abril del año en curso, fecha en que el órgano exhortado devolvió diligenciada la comunicación oficial a que nos hemos referido. g) El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, es decir, dentro de los tres días a que se tuvo conocimiento de que la autoridad denunciada se encontraba notificada, se dictó sentencia. Lo anterior hace patente que la decisión en cuestión, fue emitida de forma oportuna, en términos de lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. h) Tanto el quince de mayo, como el diecinueve de junio, ambos de dos mil veintitrés, se recibieron oficios de la autoridad denunciada, solicitando prórrogas para poder cumplir con la sentencia. Ambas fueron concedidas. La posibilidad de otorgar prórroga se encuentra autorizada en la propia Ley de Amparo, particularmente, donde se regula el trámite del cumplimiento a las ejecutorias y que es subsidiario con el cumplimiento de asuntos como el que nos ocupa. Además, las prórrogas no fueron solicitadas por este órgano jurisdiccional, sino por la autoridad denunciada. Y, no tuvieron como fin retrasar el asunto, por el contrario, fueron peticionadas para poder cumplir. En la solicitud de ambas prórrogas, la autoridad externó: ".ésta Unidad Administrativa ha solicitado al área competente de COFEPRIS por medio de correo electrónico, realice las acciones necesarias para brindar respuesta y atención a lo ordenado, a efecto de que dé cabal cumplimiento al oficio de referencia a la brevedad, ya que contamos con domicilios diferentes y esto retrasa la entrada y salida de documentos. En términos de ello y debido a que se requiere de su atención técnica especializada, es imprescindibles solicitar una prórroga de QUINCE DÍAS HÁBILES, en razón a que existe imposibilidad para desahogar el cumplimiento solicitado en el oficio previamente mencionado Esta Comisión Federal se encuentra dentro de lo humanamente posible atendiendo los requerimientos de ese H. Órgano Jurisdiccional, sin embargo el término concedido no resulta suficiente, por lo que se solicita encarecidamente otorgar la prórroga en mención para solventar lo requerido por su señoría." ".En referencia a su oficio previamente mencionado tengo a bien hacer del conocimiento de ese H. Órgano Jurisdiccional que esta Unidad Administrativa ha solicitado al área competente de COFEPRIS por medio de correo electrónico, realice las acciones necesarias para brindar respuesta y atención a lo ordenado, a efecto de que dé cabal cumplimiento al oficio de referencia a la brevedad, ya que contamos con domicilios diferentes y esto retrasa la entrada y salida de documentos. En términos de ello y debido a que su cumplimiento requiere de su atención técnica especializada, es imprescindible solicitar una prórroga de SIETE DIAS HÁBILES, en razón a que existe imposibilidad para desahogar el cumplimiento solicitado. Esta Comisión Federal se encuentra dentro de lo humanamente posible atendiendo los requerimientos de ese H. Órgano Jurisdiccional, sin embargo el término concedido no resulta suficiente, por lo que se solicita encarecidamente otorgar la prórroga en mención para solventar lo requerido por su Señoría." i) El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se recibió oficio donde la autoridad denunciada se pronuncia sobre el cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Lo cual se acordó en las veinticuatro horas siguientes, esto es, el veintiocho subsecuente. j) El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la parte denunciante quedó notificada del acuerdo referido en el inciso i), siendo que conforme a las disposiciones subsidiarias para el trámite del cumplimiento, con posterioridad a los tres días, debe hacerse el pronunciamiento correspondiente. Así, si el denunciante fue notificado electrónicamente, esos tres días transcurren del treinta de junio al cuatro de julio de dos mil veintitrés, debiendo descontarse uno y dos de los corrientes, por ser inhábiles. II. Sobre las manifestaciones respecto del cumplimiento Con fundamento en los artículos 192 a 198 y 210 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente por haciendo manifestaciones en torno al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, las cuales se atenderán al calificar si la misma se encuentra cumplida o no, situación que acontecerá una vez que se agote el término de tres días, esto es, como se le ha explicado a lo largo de este auto, con posterioridad a esta data. Notifíquese personalmente.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano