Yasmin Velazquez Flores

Expediente 1885/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1885/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Adminitrativa del Estado de Morelos
  • Yasmin Velazquez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 48), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: ".En efecto, en tanto que el numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos permite al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Morelos destituir a los miembros de un ayuntamiento -aunque la Corte ya clarificó que con una interpretación conforme a la Constitución no es así-; y en las normas invocadas en el presente asunto, permiten al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos destituir a los miembros de un ayuntamiento, incluso inhabilitarlos, como medida de apremio para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, porque textualmente el artículo 11, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos incluye a los servidores públicos de elección popular como susceptibles de ser destituidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro de los que claramente se encuentran los miembros de los ayuntamientos. Por consiguiente, conforme al marco constitucional que ha quedado establecido, se pone de manifiesto que corresponde a las legislaturas locales la facultad de revocar o suspender el mandato de miembros de los Ayuntamientos que son electos popularmente, y que los únicos mecanismos para poder separarlos de su encargo son los que se prevén en el artículo 115 constitucional, a saber: suspensión o revocación de su mandato; procedimientos en los cuales el órgano legislativo es competente para conocer de ellos y resolverlos, y, por ende, se concluye que la sanción a que se hace referencia los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, no es aplicable a los miembros del Ayuntamiento que son electos popularmente, sino a aquellos funcionarios de libre designación. En consecuencia, se determina que la destitución de la quejosa en su carácter de Síndico Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, al ser éste un cargo de elección popular, no le resultaba aplicable la sanción establecida en los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, por lo cual la decisión de la responsable no fue debidamente fundada y motivada y por consiguiente transgrede los derechos de la promovente. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, deje sin efectos la orden de destitución del cargo de Síndico Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, que le fue impuesta en resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo TCA/3AS/222/2014; sin perjuicio de que, con plenitud de jurisdicción pueda continuar con la ejecución de la sentencia correspondiente." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria y se requirió a las autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante oficio TJA/3AS/213/2018 de uno de junio de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado en el expediente TCA/3ªS/222/2014 (foja 46), del que se advierte que dejó sin efectos la orden de destitución a cargo del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, impuesta mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por lo que este Juzgado Federal, dio vista a las partes con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó sin efectos el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en el que ordenó la destitución del cargo que ocupa el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara sin efectos la orden de destitución del cargo del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, que le fue impuesta mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente TCA/3ªS/222/2014. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, la responsable dejó insubsistente la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete dentro de los autos del expediente TCA/3ªS/222/2014, misma que ordenó la destitución del quejoso Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos del cargo que ocupa, tal como se analizó en párrafos que anteceden. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se concedió. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase por recibida la razón de cuenta, signada por la Actuaria de la adscripción de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la tercero interesada, el proveído y la resolución de veinticuatro y veinte de los actuales, respectivamente, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el proveído y la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado Federal; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. ---- Se notifica a la parte tercero interesada Dalia Ayala Reyes, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintiséis, veinticuatro y resolución veinte, todos de abril de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señalan: "Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase por recibida la razón de cuenta, signada por la Actuaria de la adscripción de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la tercero interesada, el proveído y la resolución de veinticuatro y veinte de los actuales, respectivamente, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el proveído y la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado Federal; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese." "Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; por medio del cual, remite el expediente original del juicio de amparo 1885/2017, once tomos de pruebas, así como la resolución de veinte de abril del actual, dictada en el cuaderno auxiliar 122/2018, del índice de ese Juzgado; atento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, en acatamiento a los puntos primero y quinto incisos 2), 5) y 7), del acuerdo 10/2008, notifíquese a las partes la resolución de mérito, y de manera personal a la quejosa, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente." "Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo establecido por los artículos 8°, 17, segundo párrafo, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, y 217, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yasmin Velázquez Flores, por propio derecho y en su carácter de Síndico Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto de este fallo y por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Yasmin Velázquez Flores, por propio derecho y en su carácter de Síndico Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto del Acuerdo General 54/2008, modificado por el diverso 53/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 122/2018, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma el licenciado Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante la licenciada Karla Martínez Estrada, Secretaria que autoriza, firma y da fe, el veinte de abril de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado."

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