Yasmin Sampedro León

Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
224/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Yasmin Sampedro León

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Yasmín Sampedro León, contra actos del Juez Primero Mixto del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 224/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente precisar que de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que esencialmente el acto reclamado, lo constituye: "[.] la omisión de dictar acuerdo a mi escrito de demanda de paternidad presentada con fecha quince de febrero del año dos mil veintiuno, dentro del expediente familiar 040/2021 del índice del Juzgado Primero Mixto de Huajuapan, Oaxaca; que se sigue en contra del señor JESÚS ROSALES FLORES [.]". Expuesto lo anterior, se estima que en el presente asunto, del análisis del escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la hipótesis establecida por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Para demostrar esta afirmación, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, se tiene presente que los artículos 697, fracción IV, 699 y 701, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, señalan: "Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia." "Artículo 699. El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." "Artículo 701. El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia." En congruencia con lo antes referido, resulta conveniente precisar que la parte quejosa se duele en específico de la omisión de admitir su escrito de demanda de paternidad presentada con fecha quince de febrero del año dos mil veintiuno, dentro del expediente familiar 040/2021 del índice del Juzgado Primero Mixto de Huajuapan, Oaxaca; que se sigue en contra del señor Jesús Rosales Flores. De lo anterior, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia en estudio; toda vez que antes de promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de queja, previsto por los artículos 697, fracción I, 699 y 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Esto es así, en atención a que, como se dijo, la parte quejosa reclama la omisión de admitir su escrito de demanda de paternidad presentada con fecha quince de febrero del año dos mil veintiuno, dentro del expediente familiar 040/2021 del índice del Juzgado Primero Mixto de Huajuapan, Oaxaca; que se sigue en contra del señor Jesús Rosales Flores; lo que evidencia que la autoridad responsable se niega a admitir su demanda y ello conlleva una denegación de justicia, toda vez que como lo narra en sus antecedentes bajo protesta de decir verdad: "[.] han pasado los días y el acuerdo respectivo no ha sido dictado y mucho menos ha sido notificado a pesar de que le he pedido de manera verbal al Secretario de Acuerdos para que dicte el acuerdo que en derecho proceda, me dice que tiene mucho trabajo que me espere y así ha pasado días tras día sin que hasta la fecha dicte acuerdo alguno, es por este motivo que me veo en la necesidad de interponer el presente juicio de garantías [.]" Por lo anterior, es claro que no se ha emitido pronunciamiento alguno relacionado con demanda presentada por paternidad en contra de Jesús Rosales Flores; lo que sin duda se traduce en que la autoridad responsable - Juzgado Primero Mixto de Huajuapan, Oaxaca-, se niega a admitir la demanda de que se trata, y ello conlleva una denegación de justicia. En esas condiciones, se colige que la parte quejosa omitió agotar el recurso de queja correspondiente; que constituye un medio de defensa ordinario, en virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado el actuar de la autoridad responsable que en esta instancia constitucional reclama. Con lo que opera de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que con dicho recurso ordinario, la parte quejosa podría lograr vencer la dilación que alude dentro del procedimiento de origen, la cual conforme al principio de impartición de justicia pronta y expedita incluso, sin prejuzgar, también afecta a su contraparte. Resultan de apoyo las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 2a./J. 116/99 y 2a./J. 115/99, visibles en las páginas 447 y 448, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros 193141 y 193142, que dicen: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que la parte quejosa señale que su reclamo es por violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues se estima que ello constituyen calificativas relacionadas con lo mencionado por la parte quejosa en su escrito de demanda. De igual manera, también conviene precisarle a la parte quejosa que en el caso concreto se estima que el acto reclamado produce una violación a la norma secundaria de manera directa, y a la Constitución en forma indirecta. Sumado a lo anterior, se estima que el acto reclamado no no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de acuerdo del escrito de demanda, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, por tratarse de omisiones en el procedimiento, pues del escrito de demanda no se advierte una abierta dilación de dicho procedimiento o su paralización total, si se toma en cuenta tal como lo refiere la parte promovente en su demanda de amparo que el escrito del que se duele de la falta de acuerdo, fue presentados ante la responsable el quince de febrero del año en curso. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.." Asimismo, orienta al caso, por analogía de razón, la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, si la parte quejosa se duele como ya se vio, de la omisión de la autoridad responsable para acordar su escrito de demanda, dentro del expediente 040/2021 del índice del Juzgado Primero Mixto de Huajuapan, Oaxaca, esto es, habiendo transcurrido menos de cuarenta y cinco días naturales a la fecha de presentación de la demanda de amparo. En efecto, como lo analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada Jurisprudencia 33/2019, el amparo indirecto procede contra las dilaciones presuntamente excesivas -aunque en ese caso en estudio fue en materia laboral-, en el dictado de sus determinaciones, si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales correspondientes. Ahora, si bien, los actos que se reclaman en la demanda de cuenta, derivan de un expediente en materia familiar, lo cierto es que también se advierte que la Corte ha determinado que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, para lo cual, en la jurisprudencia de que se habla, estableció un lapso mínimo objetivo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, el cual a la letra dispone: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente." "Artículo 773.- El Tribunal, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento." En esa línea de pensamiento, en el particular el artículo 127 Bis del Código de Procedimientos Civiles, disponen lo siguiente: "Artículo 127 Bis.- La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del último acuerdo judicial, no hubiere promoción por escrito de cualquiera de las partes, necesaria para impulsar el procedimiento, los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas". Esto es, tolera mayor lapso de tiempo para que el juicio permanezca inmóvil, en relación con la materia laboral; entonces, de una interpretación más benéfica se estima si en el caso, aún no ha transcurrido el tiempo suficiente determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer procedente el juicio de amparo, pues apenas han transcurrido aproximadamente veinticuatro días naturales a partir de escrito; y, por ello, es que no puede considerarse que el acto combatido, hasta este momento depare perjuicio alguno a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior sumado al hecho de que a la fecha aún los órganos jurisdiccionales se encuentran laborando bajo las medidas de seguridad para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID), en donde incluso se han suspendido los plazos y términos procesales, o trabajando de manera remota o incluso con un porcentaje menor al de la plantilla del juzgado, de ahí que, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta el momento. En estas condiciones, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Yasmín Sampedro León, contra actos del Juez Primero Mixto del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida. Además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en la página 921, Julio de 2006, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Así como, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), visible en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Domicilio y autorizados, correo electrónico y número telefónico. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la parte promovente del amparo el que indica; así como autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elfego Teodulo Olarte García, Julián Filiberto Gandarillas Hernández y Sergio Gerardo Olarte Feria, al no haberse encontrado registrada cédula profesional a su nombre en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Ahora, respecto del correo electrónico y número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. Sin embargo, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Razón. En la misma fecha se hace constar que esta hoja corresponde a la última parte del acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 224/2021. Conste.

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