Yasmin Morales Flores
Expediente 1402/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yasmin Morales Flores
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró la imposibilidad jurídica de cumplir con la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el proveído de la imposibilidad jurídica ante la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por la quejosa ********************presentado con siete copias y sin anexos, con el que cumple con la prevención que le fuera efectuada en proveído de uno anterior, indicando que el controvertido 712/2021 aún se encuentra en trámite, por no haberse celebrado la audiencia principal en la que se dictará sentencia, en tanto que en la diversa audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós únicamente tuvo verificativo el desahogo de pruebas en dicho proceso oral familiar de guarda y custodia. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En principio, debe decirse que conforme a la citada disposición legal, el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, con el rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, la suscrita Juzgadora Federal considera que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen.El precepto legal de referencia, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." La invocada causa de improcedencia prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos que la integran son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de defensa oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria del amparo endereza sus motivos de inconformidad en cuanto a la ilegalidad del emplazamiento efectuado al juicio ordinario oral de guarda y custodia 712/2021, en el que figura como parte demandada, así como todo lo actuado en el mismo. Al respecto, el numeral 227, en relación con los diversos artículos 439 a 446 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, disponen: "Artículo 227. Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en este capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, se hace acreedor de una multa de diez a treinta unidades de medida y actualización, y debe además responder de los daños y perjuicios que se hayan originado por su culpa. La parte agraviada puede promover ante el mismo juez que conozca del asunto el incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del procedimiento." "Artículo 439. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata y necesaria con el asunto principal." "Artículo 440. El juez debe rechazar de plano las cuestiones que fueren completamente ajenas al asunto principal.""Artículo 441. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se deben sujetar a la establecida en este Capítulo." "Artículo 442. Los incidentes que se susciten en los procedimientos ordinarios se deben formular en la audiencia principal y substanciarse sin la suspensión del asunto principal. Para el caso de los juicios de sucesión y en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, los incidentes se deben promover en la audiencia en el que se sucinten, según sea el caso." "Artículo 443. Al formular el incidente las partes deben ofrecer las pruebas conducentes y en la propia audiencia dar vista de aquél a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho corresponda y, en su caso, ofrezca pruebas." Artículo 444. En los incidentes que se promuevan sólo se admiten las pruebas documental y presuncional, salvo que el juez, para mejor proveer, estime necesario el desahogo de algún otro medio de prueba." "Artículo 445. Contestada o no la vista por la contraparte, el juez debe emitir la resolución correspondiente en la misma audiencia principal, previa a la resolución del fondo de la controversia." "Artículo 446. Las resoluciones incidentales surten efecto únicamente en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que la resolución se refiera a varios juicios, caso en el cual debe surtir efecto en todos ellos." De los preceptos transcritos, se desprende que la impetrante del amparo debió agotar el medio de defensa legal que la ley le concede, que en el presente caso resulta ser el incidente de nulidad, de conformidad con los numerales transcritos, a fin de que, en el supuesto de que fuera procedente tal incidente, se declarara la nulidad de todo lo actuado; y en el supuesto de que la sentencia que llegara a dictarse, le fuera adversa a sus intereses, podría interponer el recurso de apelación, atento lo establecido en el artículo 428 de la legislación invocada. Ello, cuenta habida que si bien es cierto que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo, no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que la quejosa manifieste que no ha sido oída en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios. Este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable en el presente caso, ya que de las manifestaciones de la directa impetrante se advierte, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que la quejosa aparece como demandada en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre la parte actora y demandada, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, la afectada con el emplazamiento defectuoso, antes de acudir al juicio de garantías, tiene necesariamente que agotar el medio de defensa que le concede los artículos precisados en párrafos precedentes, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oídos y vencidos, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad. Caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis la afectada no hubiera podido comparecer al juicio, por no haber sido citada en términos de ley, por lo que en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 55, del número 84, Diciembre de 1994, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley." Así, es claro que la peticionaria de amparo debió interponer dicho medio de defensa en contra del llamamiento y notificaciones que tilda de ilegales, porque es parte en el procedimiento natural y existe la certeza de tal medio defensivo, según quedó precisado en el párrafo que antecede. Además, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio. Lo anterior, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que es parte en el mismo, como manifiesta en la demanda de amparo. En ese orden de ideas, es clara la obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable. De ahí que, si el acto reclamado lo constituye la falta o ilegalidad de diversas notificaciones, como en el caso, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser dejado sin efectos por la autoridad del conocimiento, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de la notificación respectiva, de conformidad con el numeral 227 del Código de Procedimientos Familiares de la entidad, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio constitucional, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Por consiguiente, debe decirse que si la quejosa tuvo a su alcance los medios de impugnación capaces de nulificar el precitado acto reclamado, y no los hizo valer previamente a la promoción del juicio de garantías, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se surtió la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que obliga a desechar la demanda de amparo que nos atañe. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3410, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión adhesivo interpuesto por Pedro Medina López de Nava, albacea de la sucesión de Luis Felipe Medina Figueras, contra la sentencia firmada en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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