Yasmín Gómez Bello

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Yasmín Gómez Bello

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Humberto Alonso Morelli y su apoderada legal Yasmín Gómez Bello, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y dos, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público Veintidós, en Veracruz, Veracruz; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 276/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Primeramente debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la ochocientos noventa, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que la promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: "El auto o acuerdo en fecha 15 de marzo de 2023 donde se señala confeso mi poderdante y se me niega el derecho de absolver posiciones en su nombre y aun y a pasar (sic) de como se constara en autos tengo la personalidad y cláusula especial para tales efectos, esto a pesar de que en el escrito de demanda no se le hace mención de participación directa a mi poderdante tal y como quedara debidamente acreditado." Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, como se dijo, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada, esto es, la que resulta de relacionar la fracción XXIII, del numeral 61, con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la resolución tildada de inconstitucional no constituye un acto de imposible reparación; numerales de literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" De los numerales trascritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales se consideran de tal magnitud cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por el texto constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es necesario precisar qué debe entenderse como actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, se pronunció respecto al alcance de la expresión actos de imposible reparación y la afectación de derechos sustantivos, en los términos siguientes: I. El artículo 107 de la Ley de Amparo ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". II. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. III. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. IV. Con base en estas disposiciones, se puede afirmar que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. V. Esto es así, ya que mediante una definición legal explicó que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. VI. Además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. VII. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. VIII. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. IX. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia P./J/37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Las consideraciones del Más Alto Tribunal del País, permiten establecer que los actos de imposible reparación son aquellos que sus consecuencias para ser consideradas de tal gravedad, impidan el ejercicio de un derecho sustantivo, y no solamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, se entienden como materialmente afectados derechos sustantivos, cuando el acto que impide el libre ejercicio de un derecho no depende de la trascendencia que llegue o no a tener al resultado del fallo, como en el caso de los derechos de naturaleza adjetiva, sino que sus secuelas se consuman en ese momento. Como se adelantó, el acto reclamado consiste en el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, donde se señala confeso a la parte aquí quejosa y se le niega el derecho de absolver posiciones a la promovente, esto en el laboral 232/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta misma ciudad. En ese sentido, a criterio de este Juzgador, dicho acto reclamado no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, por ende, no se ubica en los supuestos de la fracción III del artículo 107 Constitucional, así como tampoco en los de la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, entendiéndose para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en esencia, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho fundamental del gobernado que tutelan los derechos humanos que otorga nuestra Constitución Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior es así, porque el auto reclamado sólo afecta derechos adjetivos o procesales que son susceptibles de repararse en caso de obtener un laudo favorable en tal procedimiento. Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo que el acto reclamado cause a los inconformes un agravio directo e inmediato que no pueda repararse en sentencia definitiva, se estima que en el caso no se da tal supuesto. En efecto, la circunstancia que le atribuye a la autoridad responsable, en tratándose del auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, donde se declaró confeso a la parte aquí quejosa y se le niega el derecho de absolver posiciones, produce únicamente efectos intraprocesales, como es el hecho de que se continúe el procedimiento en el expediente de origen, circunstancia que en este momento procesal no le irroga agravio alguno y, en su caso, las consecuencias legales de dicha resolución estriban en el aspecto que se continuará el procedimiento y por consecuente es inminente el dictado del laudo en dicho asunto por parte de la Junta responsable; además, será hasta el dictado mismo de la sentencia en autos del expediente de origen, cuando el promovente pudiera resentir alguna afectación a su esfera jurídica, ya que puede darse el caso que obtenga una sentencia favorable. Razón por la cual se estima que el acto aquí reclamado, no es de ejecución irreparable, al no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, así como con el artículo 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo vigente, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados con facultades amplias en términos de lo que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Elizabeth Pastora Camarena López, toda vez que se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado no ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona; en virtud que la Ley de Amparo no lo prevé como forma de notificación en el juicio de amparo. Finalmente, como lo solicita el ocursante previo cotejo y certificación que se haga de la copia certificada del instrumento público, glósese en autos, y devuélvasele a las personas que indica en el escrito de cuenta, previa identificación y firma que por su recibo se otorgue en autos. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve(n) el(los) oficio(s) con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo(s) a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) destinataria(s) por inexistencia de la(s) misma(s), se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella(s), y en su oportunidad se tendrá(n) por inexistente(s), lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la(s) autoridad(es) en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le(s) será(n) notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le(s) notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. dmg

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 04 DE ABRIL DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Humberto Alonso Morelli y su apoderada legal Yasmín Gómez Bello, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y dos, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público Veintidós, en Veracruz, Veracruz; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 276/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Primeramente debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la ochocientos noventa, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que la promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: "El auto o acuerdo en fecha 15 de marzo de 2023 donde se señala confeso mi poderdante y se me niega el derecho de absolver posiciones en su nombre y aun y a pasar (sic) de como se constara en autos tengo la personalidad y cláusula especial para tales efectos, esto a pesar de que en el escrito de demanda no se le hace mención de participación directa a mi poderdante tal y como quedara debidamente acreditado." Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, como se dijo, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada, esto es, la que resulta de relacionar la fracción XXIII, del numeral 61, con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la resolución tildada de inconstitucional no constituye un acto de imposible reparación; numerales de literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" De los numerales trascritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales se consideran de tal magnitud cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por el texto constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es necesario precisar qué debe entenderse como actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, se pronunció respecto al alcance de la expresión actos de imposible reparación y la afectación de derechos sustantivos, en los términos siguientes: I. El artículo 107 de la Ley de Amparo ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". II. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. III. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. IV. Con base en estas disposiciones, se puede afirmar que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. V. Esto es así, ya que mediante una definición legal explicó que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. VI. Además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. VII. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. VIII. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. IX. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia P./J/37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Las consideraciones del Más Alto Tribunal del País, permiten establecer que los actos de imposible reparación son aquellos que sus consecuencias para ser consideradas de tal gravedad, impidan el ejercicio de un derecho sustantivo, y no solamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, se entienden como materialmente afectados derechos sustantivos, cuando el acto que impide el libre ejercicio de un derecho no depende de la trascendencia que llegue o no a tener al resultado del fallo, como en el caso de los derechos de naturaleza adjetiva, sino que sus secuelas se consuman en ese momento. Como se adelantó, el acto reclamado consiste en el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, donde se señala confeso a la parte aquí quejosa y se le niega el derecho de absolver posiciones a la promovente, esto en el laboral 232/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta misma ciudad. En ese sentido, a criterio de este Juzgador, dicho acto reclamado no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, por ende, no se ubica en los supuestos de la fracción III del artículo 107 Constitucional, así como tampoco en los de la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, entendiéndose para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en esencia, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho fundamental del gobernado que tutelan los derechos humanos que otorga nuestra Constitución Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior es así, porque el auto reclamado sólo afecta derechos adjetivos o procesales que son susceptibles de repararse en caso de obtener un laudo favorable en tal procedimiento. Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo que el acto reclamado cause a los inconformes un agravio directo e inmediato que no pueda repararse en sentencia definitiva, se estima que en el caso no se da tal supuesto. En efecto, la circunstancia que le atribuye a la autoridad responsable, en tratándose del auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, donde se declaró confeso a la parte aquí quejosa y se le niega el derecho de absolver posiciones, produce únicamente efectos intraprocesales, como es el hecho de que se continúe el procedimiento en el expediente de origen, circunstancia que en este momento procesal no le irroga agravio alguno y, en su caso, las consecuencias legales de dicha resolución estriban en el aspecto que se continuará el procedimiento y por consecuente es inminente el dictado del laudo en dicho asunto por parte de la Junta responsable; además, será hasta el dictado mismo de la sentencia en autos del expediente de origen, cuando el promovente pudiera resentir alguna afectación a su esfera jurídica, ya que puede darse el caso que obtenga una sentencia favorable. Razón por la cual se estima que el acto aquí reclamado, no es de ejecución irreparable, al no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, así como con el artículo 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo vigente, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados con facultades amplias en términos de lo que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Elizabeth Pastora Camarena López, toda vez que se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado no ha lugar a tener el correo electrónico que proporciona; en virtud que la Ley de Amparo no lo prevé como forma de notificación en el juicio de amparo. Finalmente, como lo solicita el ocursante previo cotejo y certificación que se haga de la copia certificada del instrumento público, glósese en autos, y devuélvasele a las personas que indica en el escrito de cuenta, previa identificación y firma que por su recibo se otorgue en autos. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve(n) el(los) oficio(s) con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo(s) a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) destinataria(s) por inexistencia de la(s) misma(s), se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella(s), y en su oportunidad se tendrá(n) por inexistente(s), lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la(s) autoridad(es) en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le(s) será(n) notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le(s) notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. dmg

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó el presente juicio, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiséis de abril de dos mil veintiséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe, Dmg/jjma

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