Yasmin Flores Cruz

Expediente 441/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
441/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Yasmin Flores Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se declaró ejecutoriada la resolución de amparo ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por Iván Barrón Reyes, en su carácter de apoderado legal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, personalidad que acredita con la copia del instrumento notarial número 339,326, de once de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Notario Público número dos del Estado de Cuernavaca, Morelos; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose en su carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Asimismo, señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por corresponder al oficial y en términos del artículo 9° de la ley de la materia, designando como delegados de la citada dependencia a las personas que menciona. De igual forma, se toma conocimiento del número telefónico y correos electrónicos que proporciona, para establecer el contacto respectivo en comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario. Como lo solicita, previo cotejo que se realice de la copia certificada del poder que exhibe con la copia simple que anexa, devuélvasele la primera, previa razón de entrega que se deje en autos. Por lo que hace a las manifestaciones que realiza en vía de alegatos y las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofrece, dígasele que no ha lugar a tenerlas como tales, ya que según se advierte de la certificación secretarial de cuenta, su ocurso se presentó el día de ayer en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, a las nueve horas con cincuenta minutos. Y la audiencia constitucional, se celebró a las nueve horas con siete minutos del día de ayer; por lo que mediante resolución de esa misma data, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 441/2022 promovido por Yasmin Flores Cruz, por conducto de su defensora pública federal María Guadalupe López, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, vía electrónica a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a este Juzgado el mismo día, la quejosa Yasmin Flores Cruz, en su calidad de imputada en la causa penal de origen, por conducto de su defensora pública federal María Guadalupe López, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Actos que la quejosa señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 19 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se designó como parte tercera interesada al Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula 1-3 Oaxaca, de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de sus apoderados, a quienes se les emplazó mediante oficio el veintinueve de abril del actual; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede el diecisiete de mayo de dos mil veintidós; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante una autoridad jurisdiccional federal con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca. Auto de vinculación a proceso de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado contra la quejosa en la causa penal 140/2022, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la hipótesis de interrumpir el tránsito a los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje en las vías generales de comunicación con el objeto de obtener un lucro. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: El veintiuno de marzo de dos mil veintidós, en un lapso de aproximadamente las diecisiete horas hasta las veinte horas con treinta minutos, en la caseta de peaje concesionada al organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), es decir, en la plaza de cobro número setenta y nueve (79) Huitzo de la Supercarretera Cuacnopalan, Tehuacán, Oaxaca, ubicada en el kilómetro 219+920, de la carretera federal 135-D, en San Pablo Huitzo, Oaxaca, un grupo de veinte personas, que llevaban cubierta la cara, interrumpió el tránsito de los vehículos que circulaban por dicha vía de comunicación, así como de los servicios de peaje; ya que se presume, se posicionaron en los cinco carriles de dicha caseta y activaron el modo libre a fin de pedir dinero a quienes transitaban en sus vehículos para dejarlos cruzar la caseta. Tales hechos ocasionaron que quinientos veintisiete vehículos cruzaran la caseta sin realizar el pago correspondiente, causando una pérdida patrimonial al citado organismo público (CAPUFE) de ($54,373.00) cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos. Por ello, personal de CAPUFE -ingeniero encargado del sexto turno- informó los acontecimientos al 911 (novecientos once), asignándose a su reporte el número de folio 1384538. Derivado de ese reporte, aproximadamente a las veinte horas con treinta y un minutos, arribaron elementos de la Guardia Nacional, por lo que el grupo de personas procedió a retirarse de manera renuente con dirección a Telixtlahuaca. Debido a que la aquí quejosa Yasmin Flores Cruz, se encontraba en el lugar de los hechos, fue detenida aproximadamente a las veinte horas con cuarenta minutos por elementos de la Guardia Nacional. Por ello, fue llevada ante el Fiscal Federal a las cero horas con veintiocho minutos del veintidós de marzo del año en curso, quien derivado de la denuncia presentada en esa misma fecha por la apoderada legal y el Jefe de la Unidad Jurídica de CAPUFE, integró la carpeta de investigación 36462/FMUJ/UDVF/2020, en contra de la aquí quejosa, por el delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en la hipótesis de interrumpir el tránsito a los medios de trasporte y la operación de los servicios de peaje en las vías generales de comunicación con el objeto de obtener un lucro. La imputada, aquí quejosa, fue presentada ante la autoridad judicial el veintitrés de marzo del actual a las diez horas con veinticuatro minutos. Mediante audiencia de veinticuatro de marzo del actual, el Juez responsable calificó de legal la detención de la aquí quejosa, dentro de la causa penal 140/2022. Asimismo, designó a María Guadalupe López como defensora de la imputada, aquí quejosa Yasmin Flores Cruz. El Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba que a su juicio consideró justificaban la solicitud de vinculación a proceso y a petición de la imputada se ordenó la ampliación del plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica. En la continuación de la audiencia inicial, celebrada el veintiocho de marzo del actual, se vinculó a proceso a la aquí quejosa, por su probable participación en la comisión del ilícito en mención; la cual constituye el acto reclamado en este juicio. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: El Juez responsable hizo una valoración incorrecta de los datos de prueba expuestos en la audiencia inicial para determinar la probable responsabilidad de la aquí quejosa en el hecho delictivo. Se vulnera el principio de presunción de inocencia en la vertiente de estándar de prueba. Los datos de prueba expuestos no permiten determinar que la interrupción momentánea del tránsito de vehículos se realizó con la intención de obtener un lucro y el juez no se basó para suponer de forma razonable, que las personas que se encontraban en la caseta de peaje tenían el propósito de obtener un lucro. No basta que se indique de manera general que la imputada era parte del grupo de personas que bloquearon la carretera, sino los elementos aprehensores debieron indicar cuál fue la actividad que ésta realizó. La responsable no justificó la desestimación de la versión defensiva, al indicar las razones por las que no le generó convicción y no analizó el por qué de la suficiencia e idoneidad de los datos probatorios expuesto por el Ministerio Público, dando por sentado los hechos narrados en la imputación, sin dar mayor explicación de lo expuesto en el informe policial homologado merece valor probatorio. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del indiciado; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Sobre la base anterior, RESULTAN INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, expresados por la parte quejosa, sin que exista queja deficiente por suplir. Al respecto, el auto de vinculación a proceso que se estudia se encuentra regulado por el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." A su vez, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinan los requisitos que han de cumplirse para la emisión de un auto de vinculación a proceso: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se puede apreciar de la anterior transcripción de los artículos reproducidos, se advierte que para que sea válido el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que en la audiencia inicial, previamente, se comunique la imputación al indiciado -en la que se deben indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución-, que se le otorgue la oportunidad de declarar y que tal resolución sea dictada dentro del plazo de setenta y dos horas o su ampliación -ciento cuarenta y cuatro horas-, a partir de que el indiciado es puesto a disposición del juez de control. Además, de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, han de desprenderse datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Bajo este contexto, del análisis de las videograbaciones que contienen las audiencias que tuvieron lugar en el proceso penal, remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, con pleno valor probatorio al tener la naturaleza de una documental pública, se advierten dos audiencias: la primera relativa al control de la detención y medida cautelar llevada a cabo el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; y la segunda (en dos partes), relacionada con la ampliación del plazo constitucional en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. De las cuales se determina que en el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos señalados previstos en la norma constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir: I. Que se haya formulado imputación. Se cumple con el citado requisito, ya que en la audiencia inicial desahogada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula 1-3, Oaxaca, de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República Ulises Gutiérrez Rodríguez, aquí tercero interesado, llevador de la causa penal de origen, le comunicó imputación a la indiciada Yasmin Flores Cruz (aquí quejosa), al integrarse en su contra la carpeta de investigación 36462/FMUJ/UDVF/2020, por el delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en la hipótesis de interrumpir el tránsito a los medios de trasporte y la operación de los servicios de peaje en las vías generales de comunicación con el objeto de obtener un lucro. Con base en los siguientes hechos: El día veintiuno de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta minutos, en la caseta de peaje concesionada al organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), es decir, en la plaza de cobro número setenta y nueve (79) Huitzo de la Supercarretera Cuacnopalan, Tehuacán, Oaxaca, ubicada en el kilómetro 219+920, de la carretera federal 135-D, en San Pablo Huitzo, Oaxaca, fue detenida Yasmin Flores Cruz, por elementos de la Guardia Nacional, por encontrarse en compañía de otras personas interrumpiendo el tránsito de los vehículos que circulaban por dicha vía de comunicación, así como de los servicios de peaje; ya que se posicionaron en los cinco carriles de dicha caseta de peaje para obtener un lucro, pues pidieron dinero a los transeúntes que transitaban en sus vehículos para poder cruzar la caseta, ocasionando que quinientos veintisiete vehículos cruzaran sin realizar el pago correspondiente, causando una pérdida patrimonial de ($54,373.00) cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos, a dicho organismo público. (Minuto 39:19 al 42:30, de la primer audiencia). En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, el aludido Agente del Ministerio Público los consideró como constitutivos del delito en mención, y la forma de intervención que se le atribuyó a la imputada fue que realizó la conducta por sí. Y le hizo saber que quienes deponían en su contra eran diversos elementos de la Guardia Nacional y la abogada general para pleitos y cobranzas del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). (Minuto 39:19 al 42:30 ibídem). II. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. También se satisface este requisito, pues en el desahogo de la audiencia inicial de veinticuatro de marzo del actual, el juez responsable dio la oportunidad de declarar o guardar silencio a la imputada, aquí quejosa Yasmin Flores Cruz, explicándole que si declaraba se valorarían todas sus manifestaciones, tanto a favor como en contra, pero que también contaba con el derecho de guardar silencio y que esto no iba a tener ninguna repercusión (43:33-44:08 ibídem). De igual manera, le precisó que podía decidir si quería que su situación jurídica se resolviera en ese momento o dentro del plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas. Por lo que, enseguida le dio el espacio suficiente para que consultara lo anterior con su defensora, a fin de que decidiera lo mejor para sus intereses. Acto seguido, previa comunicación con su defensora particular, Yasmin Flores Cruz dijo ".abogado quiero que el proceso siga otros seis días más" (minuto 01:13:25- 01:14:04 ibídem). Por ello, se determina que la quejosa contó con la debida oportunidad en la audiencia inicial para rendir su declaración, quien tomó la decisión de no hacerlo, contando con la asistencia de su defensora pública en todo momento. III. Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el inculpado es puesto a disposición del juez de control, o dentro de la ampliación de ese lapso. Se cumple con este requisito, ya que la aquí quejosa fue detenida a las ocho horas con cuarenta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós; fue llevada ante el fiscal federal a las cero horas con veintiocho minutos del veintidós de marzo (aunque se precisó que había llegado desde las veinte horas del veintiuno de marzo del año en curso); por lo que aún con esa circunstancia, hay una puesta a disposición en un tiempo de aproximadamente cuatro horas. De ahí que se cumple con el plazo de la retención constitucional ya que la quejosa fue presentada el veintitrés de marzo del actual a las diez horas con veinticuatro minutos -por lo que se calificó de legal su detención- y el auto de vinculación a proceso se dictó el veintiocho de marzo siguiente, en atención a que solicitó su ampliación. (Minuto 37:00 al 39:20 ibídem). IV. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En la audiencia inicial de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable otorgó el uso de la voz a la representación social para que realizara la solicitud de vinculación a proceso (minuto 44:15 ibídem) con lo que se tuvo por reproducido el hecho delictivo. A continuación, la representación social enunció los datos de prueba que sustentan su petición (44:28-01:13:00 ibídem), consistentes en: Informe policial homologado suscrito por los elementos aprehensores. Registro Nacional de Detención de la aquí quejosa. Oficio de veintidós de marzo del año en curso, suscrito por la apoderada general para pleitos y cobranzas de CAPUFE, en el que formula denuncia o querella contra la aquí quejosa o quien resulte responsable por la toma de la plaza de cobro de mérito, el veintiuno de marzo del actual, y causar un perjuicio patrimonial a su poderdante; acta administrativa informativa (en la que se destaca la toma de la caseta para boteo por veinte personas), levantada a las veintidós horas del veintiuno de marzo del actual en las oficinas que ocupa la plazo de cobro 79-Huitzo y una cuantificación y evaluación de los daños. La declaración del ingeniero encargado del sexto turno, consistente en que siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós, un grupo de veinte personas tomaron la plaza de cobro 79-Huitzo y se posicionaron en los carriles para tapar el paso de forma momentánea, para exigir un pago para permitirles el paso; procedieron al retiro de los cajeros activando el modo libre, por lo que se informó al 911 (novecientos once), asignando el número de folio 1384538; refirió que dichas personas se encontraban boteando para permitir el paso. Y que siendo las veinte horas con treinta y un minutos de ese día, ante la presencia de la Guardia Nacional, los manifestantes se retiraron con dirección hacia Telixtlahuaca, reiniciando la operación normal en la caseta de cobro. El administrador de la caseta 70 declaró que le consta que los hechos en la caseta 79, prevalecieron desde diecisiete horas con treinta y cinco minutos, hasta las veinte horas con treinta y un minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós, en el que las personas estuvieron boteando en todo momento y se retiraron por la presencia de la Guardia Nacional. Dictamen en materia de fotografía con número de folio 1651, de fecha veintidós de marzo del año en curso, suscrito por la perito oficial de CAPUFE Verónica Carrera Reyes, en el que manifiesta que se constituyó en compañía del Policía Federal Ministerial encargado de la investigación, así como de la persona perita en materia de arquitectura en las inmediaciones de la caseta 79, donde ocurrieron los hechos, y documentó un total de nueve fotografías, de donde se desprende que existen cinco carriles de circulación que atraviesan dichas casetas y los letreros respectivos. El elemento federal encargado de la investigación Humberto Gutiérrez Salazar, realizó una entrevista a la apoderada legal de CAPUFE, quien le entregó un disco marca Sony, que contiene documentos relativos a los hechos ocurridos el veintiuno de marzo de dos mil veintidós. Entrevista por dicho policía a Joel Castillejos Gallegos, quien manifiesta que en relación con la toma de la caseta, un aproximado de veinte personas dijeron tomar la caseta para recaudar fondos, las personas iban cubiertas de la cara y al llegar la Guardia Nacional, de manera renuente comenzaron a retirarse, por lo que se restableció el servicio aproximadamente a las veinte horas con treinta y seis minutos, del veintiuno de marzo de dos mil veintidós. Seis fotografías a color de las que se desprende que a un lado de la caseta de cobro, existe aglomeración de personas y otras donde van corriendo; se destaca que todos usan cubre bocas, pasa montañas, gorras y sudaderas lo que tapa parte de su fisonomía; en una de las imágenes, se advierte a una persona en medio del carril para impedir el paso y que la pluma está levantada; en otra imagen, se les ve corriendo cuando llegó la patrulla. Entrevista del señor José Luis Carlín Ochoa, -empleado de CAPUFE- de veintidós de marzo del actual, realizada por el mismo elemento investigador, quien manifiesta que en relación con la toma de la caseta, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta y seis minutos, le informan los vigilantes acerca de un grupo de personas que se estaban reuniendo debajo del puente de la caseta. Y aproximadamente una hora después, se presentaron un grupo de veinte manifestantes exigiendo un cobro para dejar pasar a los vehículos, lo que se dio hasta las veinte horas con treinta y un minutos, en que se presenta la Guardia Nacional, comenzando los manifestantes a retirarse, y por comentarios de la guardia nacional, supo que habían detenido a una persona del sexo femenino. Entrevista de Luis Leopoldo Vásquez Hernández -empleado de CAPUFE- de veintidós de marzo del año en curso, realizada por el mismo elemento, que manifestó que el veintiuno de marzo, un grupo de veinte personas tomó la caseta por lo que solicitó el apoyo de la Guardia Nacional. Inspección del lugar de los hechos de veintidós de marzo del actual, suscrito por dicho elemento investigador, en la que se constituyó en esa caseta, que se divide en cinco carriles, con cuatro módulos de peaje, posterior a los módulos, se encuentran las barras de salida de carril en buenas condiciones y cámaras de seguridad; también se hizo entrega de seis fotografías. Inspección de veintitrés de marzo del actual, del disco compacto aportado por la abogada general de CAPUFE, en el área de la Policía Federal Ministerial, donde se puede observar la plaza de cobro desde diferentes ángulos y se observa a personas diferentes obstaculizando la caseta; las personas obedecían a un sujeto de pantalón rojo con pasamontañas, que es quien aborda a los usuarios, pero no es posible establecer su identidad; las demás personas se colocan en los carriles obstaculizando el paso y se observa un intercambio de manos. Capturas de pantalla de las cámaras de video, en las que se advierten dos personas por carril impidiendo el paso a los vehículos. Oficio de veintitrés de marzo del actual, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT-Oaxaca, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que presenta formal denuncia o querella contra la aquí quejosa. Luego de la enunciación de los datos de prueba, la representación planteó los argumentos por los que consideró que se reúnen los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso en contra la aquí quejosa por el ilícito en mención. En atención a que la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, mediante la continuación de la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de marzo del actual, la autoridad responsable concedió el uso de la voz a la defensora particular de la imputada, quien solicitó que se escuchara a su defendida, y esta última refirió que ella ingresó a esa área para saber si podía vender comida, pero al ir caminando los Policías la detuvieron y le dijeron "tú también te vas", y la entregaron directamente a la Guardia Nacional. Y su defensora presentó como datos de prueba los siguientes: Ampliación de la entrevista realizada al señor Andrés Ramírez Morales -esposo de la imputada-, por la licenciada Catalina Ramos Rojas, defensora pública federal comisionada como investigadora, el veintisiete de marzo de dos mil veintidós y al entrevistarlo éste manifestó: Que es esposo de la señora Yasmin Flores Cruz, con quien tiene dos hijos, que él es taxista, y ella sale a hacer el aseo a casas y a vender comida en esa población -Huitzo-. Que su esposa estaba en el lugar de los hechos porque una las amigas de su esposa que trabaja vendiendo empanadas en la caseta de Huitzo, le dijo que ahí podía conseguir trabajo, porque en los locales de la caseta buscaban personal de limpieza para los baños, y quedó de verse por la noche con ella, en ese lugar, por lo que su esposa llegó aproximadamente a las diecinueve horas del veintiuno de marzo, pero la amiga no llegó. Inspección realizada por la licenciada Alba Yadira, oficial administrativo de la defensoría pública comisionada investigadora, quien señaló que el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, a las doce horas, se constituyó en la caseta de peaje de San Pablo Huitzo, la cual tiene cuatro carriles, dos con dirección a Puebla y dos con dirección a Oaxaca. Imágenes y un video proporcionado por el Ministerio Público, en el que se proyectó únicamente una parte relativa al momento en el que arriba la Guardia Nacional a la caseta de cobro de mérito, ello con la finalidad de constatar cómo ocurrió el arribo de los elementos aprehensores y de las personas que se encontraban en ese lugar, donde refiere que no hubo ninguna persecución. Asimismo, la defensora de la imputada indicó que no se señala donde ocurrió la detención de la imputada. Y que la imputación del delito que atribuye el Ministerio Público, requiere para su actualización, que la interrupción del tránsito vehicular o de la operación de los servicios de peaje, se realice con una finalidad, que es la obtención de un lucro y refiere que de los datos de prueba aportados por la representación ministerial, no se puede advertir la existencia de la obtención de un lucro. Aunado a que el intercambio de mano a mano que refiere el Policía Investigador, es una mera apreciación subjetiva, ya que con la calidad del video, no se puede determinar que se estuviera exigiendo una cuota remuneratoria, ya que no hay un señalamiento de un automovilista, que hubiera manifestado que le pidieron alguna cuota por dejarlo pasar. Y que la imputada al momento de su detención, únicamente tenía un teléfono celular y no tenía dinero u otro instrumento que permita identificar que tuvo una participación en el ilícito, ya que refiere que se encontraba por el área de acceso al público de sanitarios. (03:00-29:55 de la primera parte de la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós). Al respecto, el Fiscal replicó los argumentos vertidos por la defensora pública de la imputada, en atención a que: Del informe policial homologado no se advierte que los elementos policiales llegaran a detener a las personas e invitaron a las personas a liberar la caseta de cobro. Por lo que hace a la manifestación de que la persona imputada acudió a esa hora para buscar trabajo en el aseo de los baños, refiere que el lugar donde fue la toma de caseta no está cerca de los baños, ya que están a aproximadamente cuatrocientos metros de la caseta de peaje. La Guardia Nacional en su informe policial homologado, refiere que ellos fueron quienes realizaron la detención y no la guardia privada de CAPUFE como lo refiere la indiciada. Que el esposo de la imputada dijo que era taxista, pero no de qué sitio, ni en dónde esperaba a su esposa, que no dijeron el nombre de la amiga que le dijo que tenía que ir a buscar trabajo a esa hora de la noche y la imputada tampoco lo refirió. Un personal de CAPUFE dijo que había un posible líder que daba las órdenes a un grupo de personas, y que las veinte personas tenían el rostro cubierto, pero estaban en ese lugar, por lo que los elementos de la Guardia Nacional no fueron a un lugar diverso a detener a las personas, y fue cuando éstas corrieron en diversas direcciones y uno de los elementos logró detener a una persona del sexo femenino (la aquí imputada). Que del acta administrativa de CAPUFE, se advierte que las personas taparon el paso para exigir una aportación económica a los usuarios para dejarlos pasar. Existe un video donde se ve el intercambio de manos, y no se ven billetes propiamente por la distancia entre las cámaras. Es un hecho notorio para la fiscalía que cuando bloquean una caseta, piden una aportación voluntaria para poder pasar a las casetas. Los hechos derivan de una división de tareas, no se necesita un número determinado de personas para bloquear, había dos personas por carril bloqueándolo, y pedían una aportación económica para dejarlos pasar. No se encontró un recipiente de comida o algo que indicara que estaba buscando trabajo a esa hora, en los términos que refiere, por lo que su declaración es inverosímil. En su declaración, la imputada dice que ella vendía comida y es ama de casa, por lo que no hizo nada, y simplemente llegó la Guardia Nacional, entonces no queda claro si la imputada vendía comida o iba a buscar trabajo, como había referido con antelación. CAPUFE no hace procedimientos de contratación de personal en esas casetas; y por el horario es imposible que CAPUFE tenga a personal administrativo realizando entrevistas de trabajo. De la declaración de su esposo, se advierte que ella intentaba vender comida, pero después se contradice porque una persona -sin aclarar quién- le refirió que ahí estaban contratando personal de limpieza. Lo que dista del informe policial homologado con la detención en circunstancias de tiempo. En esa zona, se encuentra prohibido el paso de ambulantaje o de vendedores ambulantes y no se advierte la presencia de un personal ambulante, o de personas vendiendo comida. La imputada refiere que el día de los hechos, se encontraba en el área del estacionamiento, cerca de los baños y del área de cobro, y su detención fue a las veinte horas con cuarenta minutos, del veintiuno de marzo del actual; ella se intenta sustraer y dar a la fuga, y en el video no se advierte una persecución porque no es en esa parte donde ocurrió la detención. El presunto líder, pudo dirigir al grupo, algunos solo tapaban, otros hacían el intercambio de manos y él dirigía la operación. Si bien en la detención la imputada no llevaba el objeto móvil (intercambio de dinero), pudo haber participado solo con la interrupción de las vías de comunicación, ya que personal de CAPUFE dijo que iban con el rostro tapado, pero si se distinguía entre personal del sexo femenino y masculino. Que por todo lo expuesto, no tendría otro sentido el que la imputada estuviera en el lugar de los hechos, más que ser partícipe del grupo que bloqueó la caseta para obtener un lucro indebido; por lo que no se encontraba en la caseta donde ocurrieron los hechos pidiendo trabajo ni vendiendo comida. (30:50-50:55 primera parte de la continuación de la audiencia inicial). A lo que la defensora pública reiteró nuevamente: Que no se indicó dónde fue el lugar de la detención de la imputada, lo cual era importante, por lo que "no existen elementos de prueba suficientes para tener por acreditado el hecho" ya que la finalidad de obtención de un lucro no se acredita con meras deducciones subjetivas de parte del Ministerio Público y del representante legal de CAPUFE. Aunado a que los manifestantes no siempre toman casetas con la finalidad de obtener un lucro sino hacer una manifestación respecto de sus peticiones, por lo que insistió en que no hay razones suficientes para vincularla a proceso (50:58-54:52 primera parte de la continuación de la audiencia inicial). Tomando en consideración lo anterior, el juez responsable procedió a resolver la solicitud de vinculación a proceso dentro de la causa penal de origen, en la cual, en la misma audiencia de continuación de la audiencia inicial de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, determinó vincular a proceso a la imputada por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la hipótesis de interrumpir el tránsito a los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje en las vías generales de comunicación con el objeto de obtener un lucro, precepto que a partir de su reforma de veintidós de febrero del actual, establece: "Artículo 533. A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.". (minuto 01:30-02:28 ibídem). La autoridad responsable fundamentó y motivó su competencia de acuerdo con los artículos 104, fracción I de la Constitución 20, fracción II, 133, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sostuvo que se cumplieron las formalidades de ley y verificó que en la audiencia inicial se hubieran cumplido los requisitos previos para dictar el auto de vinculación a proceso. (02:30-02:44 ibídem). Una vez cumplido lo anterior, procedió a realizar la fundamentación intelectiva (minuto 03:15 ibídem), en la que con base en los datos de prueba, consideró lo siguiente: Determinó que la declaración de la imputada en cuanto a que fue a pedir trabajo a las diecinueve horas del veintiuno de marzo de dos mil veintidós, en la caseta 79-Huitzo y que en versión coloquial, por la mala suerte la detuvieron, tiene deficiencias que la hacen poco creíble, ya que su versión de los hechos, tiene una versión cuestionable; es decir, no es que sea un relato descartable de forma absoluta, sino que sus declaraciones tienen una parte que hacen dudar sobre su veracidad. Aunado a lo respaldado por su pareja de que fue a pedir trabajo o a vender comida -situación que no quedó precisada de forma clara-, no es inverosímil, porque aunque la normatividad de CAPUFE diga que no está permitido, no es extraño, que una persona vaya a buscar trabajo. Pero lo que ya no es claro, es la hora en que la imputada dice que fue a buscar a la supuesta persona quien le dijo sobre el trabajo, y justo ahí es donde la versión que da, requiere de exhaustividad y explicites, y ser rica en información, con la mayor cantidad de detalles y precisiones para que ese argumento se pueda entender y aceptar por su propia explicación a detalle. La imputada, no da la información de quién es la amiga que le dio la información del trabajo, por lo que aun aceptando que alguien que trabajaba en CAPUFE, infringiendo la normatividad de esa institución la haya canalizado, la imputada no da detalles al respecto, lo que es un primer elemento que no le da solvencia a su declaración. Añadió que otra cuestión que tampoco terminó de explicar la imputada, es que si su esposo la llevó al lugar, y la iba a esperar y más tarde éste se entera de que fue detenida, no hay una explicación del por qué el esposo no se entera del arribo de la policía y que en ese lugar hay un grupo de manifestantes y que la policía empieza a perseguir o detener a las personas que ahí se encuentran, de lo que no explican nada la imputada ni su esposo en sus declaraciones. El argumento que plantea la defensora pública es que en esos videos no se ve que la gente corra o huya, pero aun aceptando que nadie corriera, y la policía solo detuviera a la imputada por tenerla a la mano, esa situación, no afecta la fiabilidad de que se encontraba en el grupo de personas que bloquearon, aun aceptando que nadie hubiera corrido y que se le detuvo, la sospecha objetiva ya estaba dada porque ya había personas agrupadas en ese lugar impidiendo el paso, por lo que la policía tuvo la sospecha de detener a la imputada, como probable participante en la comisión de los hechos que motivaron el bloqueo. (16:30-20:000 ibídem). Consideró que la naturaleza del tipo penal es plurisubjetivo y no es un tipo penal que solo pueda cometer una persona, por lo que le da mayor amplitud al sujeto activo, habla de más de dos personas que pueden ser partícipes del hecho, y que es lo que la doctrina llama como autoría paralela que es una autoría directa, diferente de la coautoría -la cual su problema es demostrar cómo participaron las personas en esos hechos en la división de tareas y si la persona podría decidir el sí y el cómo del delito. Por lo que en la autoría paralela, el delito lo cometen muchas personas, pero cada una es responsable por su propia cuenta de lo que pasa, uno solo no decide el curso del delito, todos lo consuman por su propia cuenta. (20:00-22:14 ibídem). Que si bien no hay evidencia de que la imputada pretendía lucrar, la redacción del tipo penal no es de resultado, ya que una cosa es el resultado material del delito y otra el efecto, y el tipo penal no es de resultado en cuanto al lucro sino habla de un propósito (elemento subjetivo), el cual si se obtiene o no, es irrelevante para el tipo penal. (22-15-23:50). Por lo que hace a la manifestación de la defensa de que no hay una precisión clara de dónde fue detenida la imputada, precisó que fue ella misma quien se ubicó en el lugar de los hechos a la misma hora, por lo que todo lo expuesto, hace pensar razonablemente que fue detenida donde ocurrieron los hechos delictuosos (23:51-24:12 ibídem); de ahí que no compartió el elemento de la defensa en cuanto a omisiones sustantivas en el informe policial homologado. Determinó que la información presentada es clara para entender que la mayor probabilidad hasta el momento, es que la imputada se encontraba en el lugar, porque era parte del grupo de personas que bloqueaban la carretera. Y si llegó a buscar trabajo a las diecinueve horas con treinta minutos del veintiuno de marzo del actual, y la policía llegó al lugar a las veinte horas con treinta minutos de ese día, la imputada tuvo tiempo para percatarse que ya había personas que estaban bloqueando la carretera, lo que mínimamente le debió generar la convicción que no era el lugar idóneo para buscar trabajo, por lo que se puede inferir razonablemente que era parte del grupo de personas que bloquearon la carretera. De los videos, se advierte que las personas se acercaron a los vehículos, por lo que dados los hechos, lo más razonable es que pidieran dinero a cambio de dejar pasar a las personas. Aunado a que no es congruente su versión de que fue a buscar trabajo y luego a vender comida, por lo que estimó infundados los argumentos para desestimar la vinculación a proceso. (24:45-27:30). Refirió que el informe de la Policía que narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar, del hecho sucedido el veintiuno de marzo del actual, ya pasadas las diecinueve horas, y por lo que fue detenida la imputada, se corrobora con el hecho evidente de la ubicación de la caseta; en la que como máximas de la experiencia no se ven vendedores ambulantes que interrumpan el tráfico en la caseta de Huitzo. (29:29 ibídem). Con base en la denuncia de los hechos por CAPUFE, el acta administrativa de toma de caseta, las entrevistas y fotografías, determinó que los elementos de prueba eran idóneos y pertinentes en términos del artículo 20 Constitucional. Y tales datos apuntan a la probabilidad de la participación de la aquí quejosa en la participación del ilícito, en términos del artículo 13, fracción II del Código Penal Federal, ya que hay una conducta permanente; la antijuridicidad cesa hasta que las personas dejan de bloquear la carretera; hay evidencia del lucro cuando se ven a otras personas acercándose a las unidades, lo que hace pensar razonablemente que era para pedirles dinero, por lo que es probable que la conducta fuera dolosa. Sin que exista causa que excluya el delito. Consideraciones por las cuales, el juez responsable vinculó a proceso a Yasmin Flores Cruz, por su probable participación en la comisión del ilícito en mención. Sin que del auto de vinculación a proceso reclamado, se advierta transgresión alguna al orden constitucional ni violación a los derechos humanos, por lo que como se expuso al principio de este considerando, RESULTAN INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN de la defensora de la quejosa, los cuales son examinados en su conjunto, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. El Juez de Control fue explícito en señalar correctamente que: La probable responsabilidad de la imputada se acreditó con los datos de prueba exhibidos por la representación ministerial, ya que la declaración de la imputada tiene una versión cuestionable en cuanto a que no es clara en precisar la finalidad del por qué se encontraba en el lugar de los hechos, pues si bien refirió que iba a buscar trabajo en CAPUFE, ya que una amiga le informó que ahí estaban buscando personal; no hizo mayor detalle sobre quién era esa amiga o determinar si iba a buscar trabajo de limpieza o a vender comida, ya que hubo esa discrepancia en sus declaraciones. De ahí que sí se puede inferir razonablemente que estaba ahí con el grupo de personas que bloquearon la carretera y dejaron pasar a los vehículos a cambio de dinero. Indicios razonables con los que se acredita la probable participación de la imputada en el hecho ilícito, pues razonablemente se puede pensar que 1) se encontraba con el grupo de personas que bloquearon la caseta 79-Huitzo y 2) que ese grupo de personas pidieron dinero a cambio de dejar pasar a los automóviles. Y por lo que hace a la conducta relativa a pedir dinero a los automóviles -en relación con el lucro previsto en el tipo penal-, el Juez de Control determinó que la participación de la quejosa fue de forma directa, mediante lo que la doctrina denomina autoría paralela, en la que cada persona que realiza el delito, es responsable por su cuenta de lo que pasa y una sola persona no puede decidir el delito, ya que todos lo consuman por cuenta propia. En atención a que no había evidencia de que la imputada pretendía lucrar, el Juez de Control precisó que el tipo penal no es de resultado en cuanto al lucro, sino habla de un propósito, por lo que no se requiere realizar la acción finalística del lucro. Por lo que al haber evidencia de otras personas acercándose a los vehículos con un intercambio de manos, razonablemente se puede pensar que ello fue para pedirles dinero. Cabe precisar que este Juzgado no puede sustituir a la autoridad responsable en la ponderación de los datos de prueba incorporados, sino únicamente analizar la constitucionalidad del ejercicio de ponderación realizado por el juez de control, para corroborar si se ajustó a los principios que rigen el debido proceso penal y constatar que no se alteren hechos, ni infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Sin que la acreditación exacta de los elementos del delito, sea impedimento para dictar el auto de vinculación, ya que éste no requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, ya que el juicio de tipicidad solo es exigible en la sentencia, en la que el juez decidirá si se cometió o no el delito, de modo que en el auto de vinculación únicamente basta que se encuadre la conducta a la norma penal, independientemente de la metodología que se adopte para identificar el tipo penal aplicable y poder continuar con la investigación en su fase judicializada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1ª/J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, libro 45, agosto de 2017, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014800, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En el caso, el juez de control sí identificó las razones que lo llevaron a determinar el tipo penal aplicable para dictar el auto de vinculación reclamado, con el resultado del análisis de los datos aportados por el ministerio Público y por la propia defensa; máxime que por la naturaleza de los hechos y que el grupo de veinte personas que bloquearon la caseta e impidieron el paso de vehículos, se encontraban tapados de la cara, lo que dificulta la obtención de datos directos. Por lo que es adecuado que el Juez de Control después de ponderar las afirmaciones de la fiscalía con los argumentos de la defensa, concluyera razonable que existen datos que indican la probable responsabilidad de la imputada en el ilícito que se le atribuye, de modo tal que en esa decisión no existe vulneración al principio de presunción de inocencia en su vertiente probatoria, dado que aquella presunción no logra derrotar las conclusiones lógicas del juzgador para sostener el auto de vinculación a proceso. Por ese motivo es que no obstante no hay datos directos de los que se desprenda que la quejosa hubiere obtenido un lucro al bloquear la caseta 79-Huitzo, lo cierto es que, se insiste, es válido que el Juez valorara como lo hizo los datos que le fueron proporcionados. De modo que se reitera, basta que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera tal que sea posible identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable, lo que se encuentra relacionado con que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; ello, demostrado indiciariamente para los efectos del auto de vinculación a proceso, a partir de las inferencias lógicas expuestas por el juzgador responsable. Si bien, conforme al principio acusatorio, corresponde al Ministerio Público la carga de exponer y motivar todas las peticiones que incidan en los derechos fundamentales, de donde se exige un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba recabados tengan un grado demostrativo sobre la existencia del hecho, es el Juez de Control quien para dictar un auto de vinculación a proceso, establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y él es quien señala si ese hecho encuadra a la norma penal, con independencia de la metodología aplicable, lo que aconteció en el caso. Es así pues, los efectos que genera el auto de vinculación a proceso se verifican precisamente en la continuación de la investigación, pero ya en su fase judicializada; por ello es que contrario a las afirmaciones de la defensa, no es que se releve a la fiscalía de su carga probatoria, porque se insiste, a partir de los datos aportados en las audiencias, fue posible para el juez encuadrar la conducta realizada con el tipo penal aplicable, aunque existan elementos que ameriten mayor investigación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), registro 2023151, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro y texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.". En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Yasmin Flores Cruz, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Yasmin Flores Cruz, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Dámaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.

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