Yasmin Elizabeth González Morales

Expediente 599/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
599/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Yasmin Elizabeth González Morales

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....V

  2. Principal

    GISTRO DE EXPEDIENTE Visto, súmese a los autos los escritos aclaratorios signados por las quejosas *******, mediante los cuáles dan cumplimiento al requerimiento de tres de mayo de dos mil diecisiete, y se les tiene a las dos quejosas promoviendo el presente juicio por propio derecho; asimismo, visto el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete se reservó acordar lo conducente respecto del oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro; en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO RESPECTO DE ******* Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la Ley de Amparo, en vigor de la ley de amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual a la quejosa. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, como ya se dijo, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, relativa a que el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del aquí quejoso. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado no afecta a la parte quejosa. ACTO RECLAMADO En el caso, la parte quejosa MARÍA INÉS CORONADO MATA solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 980/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro. Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto que el aquí quejoso combate, no le causa una afectación real y actual en su esfera de derechos humanos. Ahora bien, tenemos que la fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de amparo el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 6o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, luego entonces, dicha situación refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de garantías, mas no así quien por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo, lo que en el caso no acontece. Se estima así, porque de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa refiere que le causa agravio el hecho de que, se continúe con el juicio de origen, así como todo lo actuado, sin embargo , dicha actuación de ninguna manera puede concluirse que le ocasione un agravio y/o perjuicio, esto es, que materialmente se vean afectados sus intereses personalísimos, como un elemento fundamental y estructural del invocado principio de instancia de parte agraviada, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia señalada en párrafos precedentes. En efecto, en el presente caso, cabe destacar que la parte quejosa, no demostró, una afectación cierta, actual, contemporánea y definitiva con los actos de que se duele, pues si bien manifiesta que le causa perjuicio el acto reclamado, lo cierto es que ella no es parte en el juicio de origen, en el cuál las partes son EDUARDO ORTÍZ BELTRÁN (actor); y, YASMÍN ELIZABETH GONZÁLEZ BELTRÁN (demandada); y si bien es cierto, la parte quejosa refiere que ella es apoderada de Yasmin Elizabeth González Beltrán, y, que en el juicio de origen existen reclamaciones de carácter personal hacia la misma, lo cierto es que no fue llamada como parte dentro del citado juicio; por ende, no es parte el juicio ordinario civil natural, como se advierte tanto de la lectura de la propia demanda de amparo como del informe que rindió el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, de ahí que no podrá ser condenada a obligación alguna con el dictado de la sentencia sino que a quién le pudiera generar un perjuicio o beneficios es a su poderdante, por lo que no existe una afectación que con tal proceder se le pudiera causar en su personal esfera de derechos. Son aplicables al caso las siguientes tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo la tesis: 1a. CLXXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala, de la Décima Época, viernes veintidós de mayo de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO?. Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, sino el cumplimiento al principio de división de poderes que ordena al poder judicial". Sirve de apoyo la tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala, de la Décima Época, viernes veintidós de mayo de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". Finalmente, debe decirse que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Cobra aplicación la siguiente tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo la tesis: 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala, de la Décima Época, viernes veintidós de mayo de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". En todo caso, la parte quejosa debió acreditar ser parte del juicio de origen, antes de intentar la acción de amparo en razón de que brilla por su ausencia la existencia de una afectación en la esfera de derechos de los quejosos quienes no ven en modo alguno mermado su patrimonio, papeles, posesiones o derechos. DESECHAMIENTO RESPECTO DE YASMÍN ELIZABETH GONZÁLEZ MORALES Ahora, toda vez que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio y anexos signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro; en consecuencia, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de tres de mayo de dos mil diecisiete, las cuáles tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo Por lo que, de las constancias que anexa la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa compareció al juicio de origen por conducto de su apoderada legal. ACTO RECLAMADO En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado por la parte quejosa Yasmín Elizabeth González Morales se hace consistir en todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 980/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro. En este contexto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente : "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de la materia, señalan lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, como se asentó con antelación, la promovente, reclama esencialmente, todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 980/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, destacando la falta de emplazamiento, la sentencia definitiva y su ejecución. Así, como ya se indicó, la autoridad responsable anexó a su oficio copia certificada de la contestación de demanda entablada en su contra, la cual firmó la apoderada legal de la aquí quejosa, así como copia certificada del instrumento notarial número trece mil seiscientos cuarenta y ocho con el cual acredita su personalidad, y una certificación de seis de diciembre de dos mil dieciséis, de la cual se advierte que se devolvió a la interesada el instrumento notarial antes descrito, por lo que resulta evidente que la parte quejosa compareció al juicio de origen, en esa virtud, con mediana claridad, se evidencia que por lo menos desde esa fecha - seis de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento del juicio ordinario civil de origen, lo cual produce el consentimiento de los actos por no promover el amparo dentro del término establecido en el artículo 18 de la Ley de la Materia. Se estima así, porque, si la promovente al dar contestación a la demanda entablada en su contra por conducto de su apoderada, se advierte que compareció al juicio, por ello, al día siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación de su emplazamiento, es que empieza a correr el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para que acuda al juicio de amparo en defensa de sus derechos, luego entonces, dicho término de quince días a que se refiere el citado numeral 17 para la interposición del juicio de garantías, transcurrió a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la impetrante del acto reclamado, es decir desde, del seis de diciembre de dos mil dieciséis, fecha de la que se tiene certeza que tuvo conocimiento la parte quejosa, sin embargo es obvio que tuvo conocimiento desde antes, toda vez que se le emplazó al citado juicio y por ello compareció a dar contestación respecto a la demanda interpuesta en su contra. Pues no puede perderse de vista, que la aquí quejosa no puede ostentarse como extraña al juicio de origen, toda vez que como ya se dijo compareció a juicio por conducto de su apoderada legal. Por tanto, al tener haber comparecido a juicio su apoderada legal, resulta incuestionable que desde que fue emplazada en el juicio de origen, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, tuvo conocimiento del juicio de origen y a partir de que surtió efectos dicho emplazamiento, es que tuvo quince días para acudir al amparo a defender sus derechos. Aplica en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada el dos de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, como consta del sello de recibido por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el término que prevé el artículo 17 de la ley de la materia invocada y, consecuentemente, se estiman consentidos tácitamente los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a foja 67 del Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "AMPARO. IMPROCEDENTE. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE DESPRENDE QUE EL PROMOVENTE CONOCIO CON ANTERIORIDAD EL ACTO RECLAMADO. Si el juicio de amparo lo promueve el alabea de una sucesión, y de las actuaciones que se alleguen al mismo se desprende que el acto reclamado lo conoció anteriormente como heredero, debe entenderse que desde entonces tuvo conocimiento de dicho acto para los efectos del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." En ese contexto, es inexacto que alegue que no tuvo conocimiento del acto reclamado de aquello que sí tuvo conocimiento como persona física para promover un juicio de amparo con el carácter de tercera extraña al mismo procedimiento, el cual perdió desde el momento en que su apoderada legal compareció a juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Sin que pase desapercibido el hecho de que la promovente del amparo, en su demanda de amparo y en su escrito aclaratorio de cuenta, es reiterativa al señalar que, no tenía conocimiento del citado juicio, sin embargo, lo anterior se ve desvirtuado con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por lo que, lo que la apoderada legal conoció en dicho carácter, no puede ser ignorado ahora por la quejosa, quien viene por propio derecho. Máxime que del poder que otorgó Yasmin Elizabeth González Morales en favor de Patricia Guerra Guerra que remite la autoridad, no se advierte cierta vigencia e inclusive la misma quejosa refiere que Patricia Guerra Guerra es su apoderada y fue la que compareció, por lo que quedan expeditas sus facultades para proceder como legalmente corresponda en contra de la referida apoderada legal si considera que no actuó en favor de sus intereses. Resulta aplicable al particular, la tesis visible a foja 1609 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Sexta Parte, Séptima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que dice: "REPRESENTANTES LEGALES DE UNA PERSONA MORAL, NOTIFICACION EN LO PERSONAL A LOS. Si un individuo tiene personalidad jurídica diversa como demandado en un juicio y como representante legal de un organismo o empresa, no implica lógicamente que ignore como representante legal lo que conoce como persona física; entonces, si al demandado en lo personal en el juicio de donde emanan los actos reclamados fue emplazado al mismo, es lógico entonces que con el carácter con que se ostenta de apoderado general de la persona moral también conozca la existencia de dicho juicio, sin que valga la sutileza de que no se le emplazó con tal carácter, puesto que es evidente que habiendo sido sometido a juicio en lo personal, por actos que ordenó como apoderado de la aludida persona moral, los cuales se le atribuyen, al haber sido emplazado, el mismo le fue hecho tanto en lo personal, como en su carácter de apoderado general de la persona moral." Inclusive, respecto de dicho acto resulta notoriamente improcedente la demanda que intenta, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI del numeral 107 de dicho cuerpo de leyes, aplicada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" La fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas..." Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 331 visible a foja 280 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre ciertas situaciones respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. En vista de lo anterior y conforme a la materia de análisis que se plantea en el presente juicio de amparo esto es, aquella en la que quien es parte en el juicio puede comparecer al ser parte actora o demandada, se hace sabedor del proceso antes de dictarse sentencia, procede determinar en qué momento y en qué términos puede intentar el amparo en contra de ese acto que ha irrogado perjuicio a su esfera jurídica. En tales condiciones, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería. En efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Sin embargo, es de estimarse que la solicitante del amparo Yasmín Elizabeth González Morales, no es persona extraña al juicio, en virtud de que pudo defenderse dentro del procedimiento de origen, toda vez que es parte dentro del mismo; y como ya se analizó en líneas precedentes, compareció al juicio de origen por conducto de su apoderada. En efecto, si la promovente del amparo dentro del juicio natural es parte, es evidente que por ese sólo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento. En las condiciones apuntadas, al ser la parte demandada y comparecer por conducto de su apoderada al juicio de origen la aquí quejosa Yasmín Elizabeth González Morales, la demanda de amparo que nos ocupa es notoriamente improcedente, fundamentalmente porque no es persona extraña al juicio y, por tanto, no se da la hipótesis que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Y, al no tener carácter de tercero extraño, puede agotar los medios de defensa necesarios, lo anterior se estima así, porque al comparecer por conducto de su apoderada legal ya no es tercero extraña. Es aplicable a lo anterior la tesis P./J. 39/20011, visible a página 93 del Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y se Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal..." Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Époc....v Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, por medio del cual cumple con el requerimiento de tres de mayo de dos mil diecisiete; en tal virtud, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa cumpla con la prevención de dicha data...V

  4. Principal

    Intégrese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta en funciones por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual informa que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que remite copia certificada del acuerdo que dictó el veintiocho de abril de dos mil diecisiete en los autos del juicio laboral 08812/12/2/1 , del cual se aprecia que nuevamente señaló las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE para la devolución de los bienes embargados a la aquí quejosa. En razón de lo anterior, se requiere a la Titular de ese órgano jurisdiccional a efecto de que una vez desahogada la citada diligencia en forma inmediata remita copia certificada de dichas actuaciones; apercibida que de no hacerlo así, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita....III NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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