Yasmín del Rosario Reyes Pérez y Otros.

Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
231/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Yasmín del Rosario Reyes Pérez y Otros.
  • Yasmín del Rosario Reyes Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISEARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena:Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente.Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio Servicios jurisdiccionales que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la Agenda OJ le gener en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 75, 77, 79, 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de los actos que reclama de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, y otra autoridad, conforme a los argumentos y consideraciones vertidas en el considerando quinto de la presente resolución y para los efectos precisados en el diverso considerando sexto. Segundo. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notífiquese.

  4. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. 2. Actuario adscrito al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 231/2022-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la orden de lanzamiento del inmueble identificado como ***, emitida en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***, y su ejecución. Ello es así, toda vez que este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, precisa que el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". De lo que se colige que dicho numeral establece la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en el entendido de que, en esa ocasión, pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo que implica que, por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Ello es así, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Establecido lo anterior, constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la existencia del diverso juicio de amparo ***, promovido por ***, *** y ***, en contra de actos derivados del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, del cual se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diez, en la Oficialía de Partes Común del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, ***, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó de *** (en su carácter de deudor principal), *** y *** (en su carácter de avales), en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de la suerte principal e intereses moratorios consignados en el título de crédito (pagaré) exhibido como documento base de la acción, entre otras prestaciones. 2. Dicha demanda fue radicada por el juez responsable con el número de juicio ***, quien el trece de octubre de dos mil diez la admitió a trámite y dictó auto con efectos de mandamiento en forma en contra de los demandados. 3. Practicada la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que se trabó formal embargo sobre el inmueble identificado como ***, propiedad de la quejosa ***, sólo esta última dio contestación a la demanda entablada en su contra. 4. Sustanciado el juicio en cada una de sus etapas, el veintiocho de febrero de dos mil once, se dictó sentencia definitiva, por la cual el juez responsable declaró procedente la acción intentada y condenó a los demandados al pago de las prestaciones que les fueron exigidas. 5. Inconforme con dicha resolución, ***, promovió demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, órgano que la radicó con el número de juicio *** y, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil once, determinó, por una parte, sobreseer en el juicio, y por otra, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. 6. Una vez firme el fallo condenatorio, el veintinueve de marzo de dos mil doce, el actor solicitó el trance y remate del inmueble embargado, cuyo procedimiento de ejecución de la sentencia concluyó con la adjudicación directa del bien por parte del propio ejecutante el veinticinco de septiembre de dos mil trece. 7. Posteriormente, por escrito presentado el siete de octubre de dos mil trece, el accionante solicitó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, la cual fue otorgada por la responsable, en rebeldía de los demandados, hasta el veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 8) Satisfecho lo anterior, *** solicitó la entrega del bien adjudicado, misma que al no haber sido realizada por los demandados en forma voluntaria, dio lugar a que la responsable ordenará el lanzamiento por auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, que tuvo verificativo el veinticinco siguiente. Luego, si en el presente asunto los actos reclamados se hacen consistir en la la orden de lanzamiento del inmueble identificado como ***, emitida en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***, y su ejecución, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Ello es así, pues la quejosa funda su derecho de posesión en un contrato de promesa de compraventa de diecisiete de febrero de dos mil veinte, que celebró con ***, nombre correcto de quien figuró como parte quejosa en el juicio de amparo ***, por lo que le resulta la calidad de causahabiente de ésta última. Sobre el tema particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo que existen dos clases de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual, si en un juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar del nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien), o bien, cuando se transmite y sobre él existen otro tipo de cargas no reales como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina por la transmisión de la propiedad. 2) La segunda, de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, dada la existencia del proceso jurisdiccional. El criterio de referencia dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 63/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 155, de la Novena Época, de rubro siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO." Ahora, en el caso particular, se surten los elementos de la causahabiencia procesal, en virtud de las consideraciones siguientes: a) La parte quejosa obtuvo la posesión del inmueble ubicado en ***, a través de la celebración de un contrato de promesa de compraventa, cuando dicho bien raíz ya se encontraba inmerso en la contienda judicial deducida del juicio ejecutivo mercantil ***; y, b) A la fecha de su celebración, esto es, el diecisiete de febrero de dos mil veinte, dicho inmueble ya se había adjudicado judicialmente en propiedad a la parte actora en dicho juicio. Por ende, como se dijo el párrafos que anteceden, le resulta a la aquí quejosa el carácter de causahabiente. Luego, si el inmueble de referencia fue adjudicado a la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil ***, desde el veinticinco de septiembre de dos mil trece, resulta inconcuso que la orden de lanzamiento que por esta vía se reclama constituye un acto en la etapa de ejecución de sentencia, ya que no puede considerarse como de aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tiene relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata el de ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen. Lo anterior, ya que de los antecedentes supracitados se desprende que la orden de lanzamiento reclamada es una consecuencia directa y necesaria de la determinación judicial emitida en el expediente natural, y se encuentra dirigida a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, por lo que no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma. Es aplicable, por el espíritu que informa, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN". En ese tenor, si bien las actuaciones reclamadas tienen por efecto privar a la quejosa de la posesión que defiende, lo cierto es que las mismas fueron emitidas en contra de su causante derivado de un fallo definitivo emitido en un juicio que le resultó adverso a sus intereses, por lo que su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de una sentencia proveniente de autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, la peticionaria deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el procedimiento, incluidas las del lanzamiento, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la cosa juzgada en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/20013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ARRENDAMIENTO NMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de encabezado "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en los números telefónicos que proporciona, ya que dichos medios de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocido en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de aquellos, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. También, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Igualmente, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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