Yasmin Beatriz Sanchez Morales
Expediente 749/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Yasmin Beatriz Sanchez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Resolución incidental. V I S T O, para resolver en definitiva el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo 749/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación de los actos reclamados. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, Yasmin Beatriz Sánchez Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables denominadas: Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad. Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Comandante de Tránsito Municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Comandante o Jefe de Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Presidente Municipal de Mazatlán, con sede en esta ciudad. Comandante o Jefe de la Zona Naval (cuya denominación correcta es Comandante de la Cuarta Zona Naval), con sede en esta ciudad. La parte quejosa solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados que hace consistir en: La pretensión de privarla de su libertad, así como la orden desalojo ilegal y arbitrario que del bien inmueble ubicado en calle Santo Tomás Moro 4603, fraccionamiento San Fernando en esta ciudad. La ejecución de dicha orden, mediante el uso de la fuerza pública. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El veinticinco de noviembre del año en curso, previo escrito aclaratorio de demanda, se negó y concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, se requirió informe previo a las responsables, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental por lo que respecta a las autoridades responsables con residencia en esta ciudad, ordenándose señalar nueva fecha de audiencia con relación a la diversa autoridad Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Informe previo. La autoridad responsable Jueza Cuarto del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, en su informe previo, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo dicha negativa se encuentra desvirtuada dado que posteriormente manifiesta que existe juicio sumario civil hipotecario, promovido por Proyectos Adamantine, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en contra de Promotora e Inmobiliaria Paga, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el pago de la cantidad de $23,005,545.60 (veintitrés millones cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 60/100 moneda nacional), más los accesorios de ley. Lo anterior, en relación con lo manifestado por la quejosa, vía alegatos, presumen la veracidad de los actos que se reclaman. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. La pretensión de privarla de su libertad, así como la orden desalojo ilegal y arbitrario que del bien inmueble ubicado en calle Santo Tomás Moro 4603, fraccionamiento San Fernando en esta ciudad. La ejecución de dicha orden, mediante el uso de la fuerza pública. CUARTO. Decisión respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la pretensión de privarla de su libertad, así como el la orden desalojo ilegal y arbitrario que del bien inmueble. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." De lo anterior, se advierte que dicho dispositivo legal prevé como requisitos para conceder la medida cautelar, los siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La exigencia relativa a que la suspensión sea solicitada por la quejosa supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Asimismo, resulta pertinente destacar que con base en el segundo párrafo, del normativo 131 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la medida cautelar no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda, conforme al segundo párrafo de la norma citada, el cual es del siguiente tenor: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." En ese contexto, no obstante que la quejosa refiere ser tercera extraña, es indispensable que demuestre su interés suspensional a efecto de que se le otorgue la medida cautelar que tienda a paralizar los actos reclamados, esto es, acreditar por lo menos indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado, puesto que su concesión de ninguna manera tiene por efecto constituir derechos en favor de la solicitante del amparo. Por consiguiente, para comprobar ese interés suspensional es indispensable que la quejosa compruebe aunque sea indiciariamente que tiene la posesión del citado inmueble. El Máximo Tribunal resolvió que la connotación "de manera indiciaria" implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto o conocido por virtud del cual, realizando a una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Los anteriores argumentos dieron origen a la jurisprudencia 1a./J.4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien". (Novena Época, Registro: 167346, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 4/2009, Página: 515). En el caso concreto, son aplicables estas consideraciones jurídicas, porque la pasada Ley de Amparo preveía como requisito de procedencia de la suspensión del acto reclamado, que lo solicitará el quejoso (fracción I del artículo 124); mientras que en la Ley de Amparo vigente, de igual forma se contempla como elemento sustancial para la procedencia de la medida cautelar, que sea a petición de parte, pues así se estatuye en la fracción I de su artículo 128; por tanto, al existir identidad de los supuestos normativos, la jurisprudencia en cita es perfectamente aplicable. Luego, en virtud de que las consideraciones jurídicas inmersas en la ejecutoria descrita se dirigen a demostrar y evidenciar que el interés suspensional del solicitante se vincula con el elemento sustancial de procedencia, relativo a que la solicite el justiciable, se concluye que en el incidente de suspensión debe analizarse la procedencia de la suspensión, conforme el artículo 138 de la Ley de Amparo y como consecuencia, que se analice el interés suspensional de la parte quejosa. Bajo esta tesitura, se arriba a la conclusión de que la quejosa Yasmin Beatriz Sánchez Morales, no demuestra ni aun indiciariamente su interés suspensional para pedir la medida cautelar en los términos que refiere. Esto es, no acredita tener algún derecho respecto del bien inmueble que pretende defender en esta instancia constitucional, ni allegó algún medio de convicción del que se desprenda derecho alguno que tenga en favor sobre ese bien. En el entendido de que en su demanda de amparo asevera bajo protesta de decir verdad, que se le pretende despojar del bien inmueble ubicado en calle Santo Tomás Moro, número 4603, fraccionamiento San Fernando, actualmente conocido como Jardines del Valle, en esta ciudad; empero, no exhibió documental alguna, para acreditar tal circunstancia. Sin embargo, con dicha manifestación no acredita la posesión o propiedad o algún derecho que tengan sobre el inmueble en cuestión. De esa manera, no se demuestra el interés para obtener la suspensión provisional de los actos reclamados, es decir, que se encuentra en posesión física y material del inmueble objeto de la litis y, por ende, que los actos de autoridad que reclama infringen en su perjuicio tal derecho; por lo que al no haberlo evidenciado, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues aunque se ostenta como tercera extraña, lo cierto es que no acredita ni aún en forma indiciaria que tiene algún derecho del predio materia de la litis. Al respecto, tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." (Novena Época, Registro: 187733, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: P./J. 1/2002, Página: 5). En consecuencia, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto al acto hasta aquí analizado QUINTO. Decisión respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la ejecución de dicha orden mediante el uso de la fuerza pública. Al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128 y 138 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta el momento no existe dato alguno del que se deduzca que se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse, con su ejecución se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en consecuencia, se concede para los siguientes efectos: No sea privada de su libertad, sin causa que lo justifique, con motivo de alguna orden relacionada con los actos reclamados, quedando la quejosa a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, con fundamento en el artículo 163 de la ley de amparo. No sea privada de la libertad sin causa que lo justifique, con motivo de una orden de arresto ya sea administrativo o arresto judicial, y en caso de ejecución, se interrumpa de inmediato, si dicha detención no tiene relación con la comisión de algún delito (arresto). De tratarse estrictamente de una detención por algún acto administrativo o arresto judicial relacionado con las causas de reclamo, esta deberá cesar sin demora, poniéndola en libertad, o bien, a disposición de la autoridad correspondiente, en el supuesto que dicho mandato privativo o restrictivo de libertad, se haya ejecutado en relación con la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 164 de la ley de la materia. Efectos vigentes hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. No surtirá efecto alguno la suspensión concedida contra la orden de detención, en los siguientes supuestos: Si la privación de la libertad de la quejosa es en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por autoridad judicial. Si se le sorprende en la comisión flagrante de un delito. Si la orden de detención reclamada se refiere a un delito que conforme a la ley, se trate de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, o bien, bajo el sistema tradicional penal, no permita la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se trate de la hipótesis a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional. En el entendido que la suspensión concedida, no es una permisión a la parte quejosa de quebrantamiento a bandos de policía y buen gobierno o normas administrativas de toda índole, o bien, obstrucción o desacato a una orden judicial con motivo del desalojo reclamado. No se fija garantía. Sin que sea dable fijar garantía alguna, porque hasta este momento no se advierte que con la concesión de la medida suspensional se causen daños o perjuicios a terceros, conforme al artículo 132 de la Ley de Amparo; además, no se tiene certeza jurídica de los motivos que motivaron a las responsables a llevar a cabo los actos que reclama la parte quejosa, toda vez que el informe previo del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, si bien se advierte la existencia de un juicio, de ello no se sigue que con la medida suspensional decretada se ocasionen daños y perjuicios. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Yasmin Beatriz Sánchez Morales, la suspensión definitiva de los actos que reclama de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Yasmin Beatriz Sánchez Morales,, la suspensión definitiva de los actos que reclama de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal que guardan los autos. Revisado el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, se advierte que, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Comandante de la Cuarta Zona Naval, con sede en esta ciudad; por lo que, a la fecha señalada para la audiencia constitucional, las partes no podrán imponerse de su contenido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Consecuentemente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con treinta y nueve minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Informe previo. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase a la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, rindiendo informe previo; dese la cuenta correspondiente en la audiencia incidental. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, once de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de dos de diciembre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades denominadas Comandante de Tránsito Municipal y Comandante o Jefe de la Guardia Nacional, ambos con sede en esta ciudad. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, al no haber realizado la parte quejosa manifestación alguna al respecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto y se tienen por inexistentes a las mencionadas autoridades. Notifíquese.
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