Yasmani Rogel Fragoso

Expediente 1443/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1443/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Yasmani Rogel Fragoso

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5-A.-Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remite las constancias relativas, resérvese proveer lo que en derecho proceda, una vez que todas las autoridades informen sobre dicho cumplimiento.

  2. Principal

    mesa 4-A.- Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Director General Jurídico de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración en representación del Comisionado del referido Instituto, mediante el cual comunica que está enterada de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala.

  3. Principal

    MESA 3-A. -SENTENCIA.- SE RESUELVE.- ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL QUEJOSO, CNTRA LOS ACTOS RECLAMADOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PARA LOS EFECTOS PRECIADOS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA SENTENCIA.-

  4. Principal

    MESA 2-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Ulises Lastra Ríos, por medio del cual solicita sustancialmente su traslado voluntario al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; en relación a su contenido, se acuerda: Dígasele al referido quejoso que deberá estarse a lo acordado en auto de veintiuno de febrero del año en curso (fojas 221 y 222), pues en el caso, como ahí se le dijo, su traslado voluntario deberá solicitarlo ante el juez de ejecución competente, en términos de los artículos 49, 50 y 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales establecen: "Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional". "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución". "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los Centros Penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable. Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley". De los preceptos legales transcritos destaca que las personas sujetas a prisión preventiva y sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio; sin embargo; tal regla no será aplicable en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad. Además, la autorización, tratándose de traslado voluntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas, deberá ser emitida por el Juez de Control o de Ejecución, quien requerirá del consentimiento expreso del interesado, en presencia de su defensor.

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